Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 |
“Gracias, Señor, por fin escuchaste nuestras plegarias”. Esta fue la reacción de Lucía Hiriart de Pinochet, la esposa del dictador de Chile, en 1983, cuando el Vaticano informó quién sería el sustituto del cardenal Raúl Silva Henríquez, que había cumplido 75 años. El nuevo arzobispo de Santiago sería monseñor Juan Francisco Fresno que, “junto a su prestigio de santo varón tenía fama de conservador”, según expresión del líder democratacristiano Patricio Aylwin. Pero se equivocaba la mujer de Pinochet. De hecho, Fresno tenía un perfil más conservador que Silva Henríquez -había sido de los pocos obispos que habían felicitado al dictador después del golpe y era próximo al nuncio Angelo Sodano, que tuvo una relación cercana con Pinochet-. Sin embargo, la llegada de Fresno, que en principio preocupó a los propios integrantes de la Vicaría de la Solidaridad, no supuso un paso atrás en la posición de la Iglesia frente a la dictadura.
El nuevo cardenal asumió el 3 de mayo de ese 1983. Una semana después hubo la primera gran protesta contra la dictadura, que fue salvajemente reprimida. Fresno marcó entonces su distancia del régimen. Fue a la sede de la Vicaría de la Solidaridad -organización de la Iglesia, creada en 1976 para proteger a los perseguidos de la dictadura- y dijo: “Quiero felicitarlos por lo que hacen, esto tiene que seguir”. Con el Congreso cerrado, los partidos y los sindicatos proscriptos, la prensa independiente silenciada y cualquier signo de oposición perseguida, la Iglesia y la Vicaría se convirtieron en un bastión en la defensa de los derechos humanos y único actor de oposición al régimen.
La Iglesia y la Vicaría se convirtieron en un bastión en la defensa de los derechos humanos y único actor de oposición al régimen
La actuación de la Iglesia chilena después del derrocamiento de Allende contrasta con el papel que jugó la misma institución en Argentina, después del golpe del 1976. Allí hubo algunos prelados que alzaron su voz contra la represión, incluso hubo un obispo asesinado -monseñor Enrique Angelelli, de La Rioja-, pero prevaleció la complicidad. No fue así en Chile.
Dos días después del golpe, cuando los militares hacían una cacería implacable de opositores, el Comité Permanente del Episcopado declaró: “Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas, sangre de civiles y sangre de soldados, y las lágrimas de tantas mujeres y niños. Pedimos respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que hasta el 11 de septiembre fue el Presidente de la República. Pedimos moderación frente a los vencidos. Que no haya innecesarias represalias y que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que han sido derrotados. Que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación”.
No había pasado un mes del golpe cuando se fundó el Comité Pro Paz, una organización ecuménica que integraron el cardenal Silva Henríquez y el obispo luterano Helmut Frenz, con la participación de iglesias protestantes y un representante de la comunidad judía. El Comité se proponía brindar apoyo económico, espiritual y jurídico a todos los chilenos que lo necesitasen, especialmente a los militantes de izquierda cazados por las fuerzas represivas. Contó con médicos, asistentes sociales y abogados en todo el país. Ayudó también a unos 5.000 extranjeros, generalmente latinoamericanos de izquierda que se refugiaron en Chile y apoyaron al gobierno de Allende, a salir del país.
En abril de 1974, el entonces jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, visitó al cardenal Silva Henríquez para hacerle una amenaza velada: “Cardenal, sabemos que andan muchos locos sueltos, tememos que le pueda pasar algo a usted. Sería bueno que se cuide”.
El Comité Pro Paz se disolvió en 1975, ante la amenaza de Pinochet de cerrarlo a su manera. La clausura se produjo después de un enfrentamiento entre agentes de la DINA y el MIR, en el que los miristas supervivientes se refugiaron en diversas parroquias y en la Nunciatura Apostólica. Pero la Iglesia no se rendiría al régimen.
La actuación de la Iglesia chilena después del derrocamiento de Allende contrasta con el papel que jugó la misma institución en Argentina, después del golpe del 1976
“¡Voy a poner a los refugiados debajo de mi cama!”
La disolución oficial del Pro Paz ocurrió en 31 de diciembre. Veinte cuatro horas después, nacía la Vicaría de la Solidaridad. Con recursos del Consejo Mundial de las Iglesias, otras conferencias episcopales y fundaciones de Alemania, Reino Unido, Holanda y Bélgica, se convirtió en el principal instrumento de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Funcionó en el segundo y tercer piso del Palacio Episcopal, situado al lado de la Catedral de Santiago, en la céntrica Plaza de Armas y abrigó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Al nacer la Vicaría, Pinochet convocó al cardenal Silva Henríquez, al que detestaba. En el libro “La Historia Oculta del Régimen Militar” los periodistas Ascanio Cavallo, Manuel Salazar-Salvo y Óscar Sepúlveda Pacheco reproducen el diálogo que se produjo: “¡O sea, que otra vez vamos a empezar con la misma! Parece que la Iglesia no quiere entender, oiga”, le espetó Pinochet. Sin amilanarse y subiendo el tono de voz, el cardenal le respondió: “Ustedes no pueden impedir la Vicaría. ¡Y si tratan de hacerlo yo voy a poner a los refugiados debajo de mi cama, si es necesario!”.
Hasta el fin de la dictadura, la Vicaría ayudó a un promedio de 90.000 personas por año. De ellos, unos 11.000 recibieron asistencia jurídica. Cada año presentaba ante el Tribunal Constitucional denuncias por violaciones a la Constitución, pero de las más de 9.000 denuncias, el tribunal solo se dignó aceptar 23.
Tan importante como su labor de defensa de los perseguidos, fue su minuciosa tarea de registrar todas las denuncias, que incluía en un informe mensual, que ayudaron a organismos tales como la ONU y la OEA o a organizaciones defensoras de los derechos humanos, en sus denuncias contra el régimen. Y una vez al año presentaba un informe de situación al Poder Judicial, que nunca reaccionó.
La dictadura infiltró al agente de la DINA Alberto Palacio González en el Comité Pro Paz y después en la Vicaría de la Solidaridad. El agente elaboró listas de 37 “curas marxistas”, entre los que incluyó a dos sacerdotes españoles, Joan Alsina -asesinado el 20 de septiembre de 1973- y Antonio Llidó -que desapareció en octubre de 1974 y al que achacaba de ser militante del MIR-. Hubo además sistemáticas operaciones de propaganda contra la Vicaría, lo que llevó a la Iglesia (en mayo de 1980) a publicar una carta, Yo soy Jesús, a quien tu persigues, denunciando las amenazas de los organismos de represión.
Hubo sistemáticas operaciones contra la Vicaría, lo que llevó a la Iglesia a publicar una carta, ‘Yo soy Jesús, a quien tu persigue’, denunciando las amenazas de los organismos de represión
Dos hechos marcaron la relación de la Iglesia con el gobierno de Pinochet. En diciembre de 1978, después de recibir una denuncia, la Vicaría anunció el hallazgo de 15 cadáveres en unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonquén, a 50 kilómetros de Santiago. Se trataba de 15 campesinos que habían sido detenidos el 7 de octubre de 1973 por una patrulla de carabineros. Este descubrimiento fue fundamental para establecer, por primera vez, que existían detenidos-desaparecidos. El gobierno negaba sistemáticamente que los desaparecidos hubieran sido alguna vez detenidos por los servicios de seguridad. La Iglesia probó lo contrario.
El segundo suceso trascendente se produjo el 29 de marzo de 1985, cuando fueron asesinados José Manuel Parada, Manuel Guerrero Cevallos y Santiago Nattino, ligados al Partido Comunista, cuyos cuerpos fueron encontrados degollados. Parada era jefe del departamento de análisis de la Vicaría de la Solidaridad y tenía en sus manos la confesión del desertor de la Fuerza Aérea Andrés Valenzuela, que había declarado a la periodista Mónica González sobre numerosas operaciones de los servicios de seguridad, incluyendo la existencia de un Comando Conjunto paralelo y competitivo de la DINA.
Si en los primeros años la Iglesia se centró en la defensa de los perseguidos, hacia 1982 tomó iniciativas políticas buscando la redemocratización del país. Publicó una carta pastoral titulada El Renacer de Chile, donde, por primera vez, exige abiertamente el regreso a la democracia. “Agotadas las gestiones privadas y temiendo que los acontecimientos se precipiten por caminos de violencia, nos urge decir una palabra de alerta y de esperanza”, señalaron. Después de describir la situación económica, social e institucional del país, la Iglesia propuso una salida con tres condiciones fundamentales: el respeto por la dignidad humana, el reconocimiento del valor del trabajo y el regreso a una plena democracia.
En agosto de 1983, cuando empezaron las protestas populares contra el régimen, la Iglesia hizo otro movimiento. El nuevo ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, que acabara de asumir, presentó al cardenal Fresno sus planes políticos con aires de apertura. El cardenal preguntó si él estaría dispuesto a dialogar con la Alianza Democrática, la coalición de partidos de oposición que se había formado poco antes. “Cómo no, sería lo ideal”, contestó Jarpa. Días después la Alianza aprobó el documento Bases del Diálogo para un gran acuerdo nacional, que se le entregaría a Jarpa. Serían tres las reuniones de la oposición con el ministro. No hubo acuerdo, ya que Pinochet no estaba dispuesto a hacer concesiones, pero estos encuentros marcaron un hito en el camino a la democracia.
Si en los primeros años la Iglesia se centró en la defensa de los perseguidos, hacia 1982 tomó iniciativas políticas buscando la redemocratización del país
La visita del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987 fue un momento de disputa entre el régimen y la Iglesia local, que intentó evitar que el gobierno sacara rédito político del viaje. Casi dos millones de personas participaron en los distintos actos del papa, la movilización popular más importante que vivió Chile desde la época de Allende. Forzando el protocolo y lo acordado, Pinochet llevó al papa al balcón del Palacio de La Moneda. Pero la Iglesia consiguió que el pontífice diera claras muestras de su apoyo a la labor de sus representantes en Chile.
En una de las misas, Juan Pablo II leyó un texto teniendo en las manos la Biblia que perteneció al padre André Jarlan. El cura había sido asesinado en 1984, en una de las protestas salvajemente reprimidas por el régimen, cuando rezaba con esa misma Biblia. El papa también visitó a la joven Carmen Gloria Quintana, que tuvo parte del cuerpo quemado por militares en otra de las protestas, en 1986. Y se reunió con representantes de los partidos políticos.
En el Estadio Nacional, en su mensaje a los jóvenes, se refirió al sitio como “lugar de competiciones, pero también de dolor y sufrimiento en épocas pasadas”. Y en la sede de la CEPAL – Comisión Económica para América Latina – resaltó: “Los pobres no pueden esperar. Los que nada tienen no pueden aguardar un alivio que les llegue por una especie de rebalse de la prosperidad generalizada de la sociedad”. Al final, el pontífice habló de las graves violaciones a los derechos humanos y criticó la política económica ultraliberal de los Chicago Boys.
En noviembre de 1992, ya en democracia, una ceremonia en la catedral sirvió para hacer la despedida oficial de la Vicaría de la Solidaridad. Asistieron numerosos dirigentes políticos y sociales, así como representantes de los organismos de derechos humanos. En medio de la homilía, ingresó al templo de forma tímida y casi subrepticiamente el cardenal Silva Henríquez, ya con 92 años, y que se había retirado 17 años atrás. Al advertir su presencia y ante un anciano al que no le gustaban los homenajes, los aplausos y vítores estallaron, en reconocimiento al hombre que pasó a la historia de Chile como el más firme defensor de la vida y la libertad de los chilenos.
Javier M. González | Corresponsal de RNE en América Latina y en Alemania. Cubrió información de Chile desde la transición hasta la muerte de Pinochet.
Gabriela Máximo | Periodista brasileña de política Internacional. Cubrió diversos acontecimientos en América Latina y África para Jornal do Brasil y O Globo.
