martes. 23.04.2024
cristina fernandez

@jgonzalezok / La actual vicepresidenta argentina -y presidenta entre 2007 y 2011- fue condenada este martes (6) a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Sin embargo, fue absuelta del delito de asociación ilícita, como pedía el fiscal, que había solicitado por ambos delitos la pena de 12 años de prisión. El de asociación ilícita, según habían adelantado numerosos juristas, era un delito muy difícil de probar. Este martes solo se conoció la sentencia, pero los fundamentos de la misma no se harán públicos hasta el próximo 9 de marzo.

El caso, conocido como “Vialidad”, estudió la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, bastión de los Kirchner, casi siempre a favor del empresario Lázaro Báez, amigo y socio de la pareja presidencial.

Los jueces consideraron que existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos establecidos por la ley penal” y que Cristina Kirchner tuvo “un interés manifiesto sobre el plan criminal”. A pesar del fallo, Cristina Kirchner no irá a la cárcel. Tiene todavía dos instancias de apelación y ahora mismo está protegida por fueros.

La vicepresidenta asistió a la lectura de la sentencia desde su despacho del Senado. Y pocos minutos después hizo un pronunciamiento público a través de las redes sociales. Los principales medios periodísticos transmitieron sus palabras, con lo que prácticamente se trató de una cadena nacional. Su intervención, de casi una hora, se basó en la descalificación de lo que consideró era una “mafia judicial”, que según ella constituye un sistema paraestatal.

Pero lo más sorprendente de su intervención fue el anuncio de que en el 2023 no iba a ser candidata a nada, “no voy a tener fuero y me vuelvo a mi casa”. Haciendo referencia al dirigente del grupo Clarín Héctor Magnetto, al que considera como enemigo personal  y a quien atribuye un papel central en la supuesta conspiración en su contra, añadió: “Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema de que me metan presa”. En cualquier caso, como cumplirá 70 años en febrero, tendrá la posibilidad de pedir la prisión domiciliaria.

La mayor parte de su intervención estuvo centrada en un caso polémico que se está discutiendo estos días: el viaje que hicieron a la Patagonia un grupo de jueces, fiscales, funcionarios del gobierno de la capital -opositores- y dirigentes del Grupo Clarín. Fueron invitados a la casa de un millonario inglés amigo del ex presidente Macri, Joe Lewis. Ninguno de los que viajaron integraron el tribunal que la sentenció, tampoco los fiscales. Pero hizo una complicadísima explicación para hablar de una trama de intereses, relacionando personajes y planteando una gran conspiración en su contra.

Lo que pasó por alto fue que el amigo de la pareja presidencial y casi único adjudicatario de las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, Lázaro Báez, empezó el gobierno de Néstor Kirchner como un simple empleado bancario y lo terminó como propietario de 415.000 hectáreas en la Patagonia y al menos 293 propiedades. Los negocios de Báez con la pareja presidencial están en el meollo de este caso, ya que permitió que los Kirchner también terminaran como millonarios, gracias a la devolución de favores del empresario. Lázaro Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero en otra causa, conocida como “La Ruta del dinero K”.

Horas antes de la lectura de la sentencia de este fallo histórico, agrupaciones kirchneristas se habían movilizado hacia la sede de los tribunales, aunque la mayoría de los grupos que responden a la vicepresidenta -como La Cámpora- prefirieron, de momento, dar una respuesta política. El exdirigente piquetero Luis D´Elía, sí optó por llevar a su gente a la calle y su mensaje en Twitter fue: “¡Paremos el golpe! Hagamos de este día un nuevo 17 de octubre (…) Todos a la calle por Cristina y la democracia”. La fecha del 17 de octubre hace referencia a la gran movilización obrera que en 1945 consiguió la liberación de Perón, preso por sus propios compañeros en el gobierno militar de entonces.

Antes de llegar a esta instancia Cristina Kirchner intentó de todo para desacreditar a jueces y fiscales, presentándose como una perseguida política y calificando al tribunal que la juzgó como un pelotón de fusilamiento. Cuando el juicio se puso en marcha aseguró que la sentencia ya estaba escrita y que la historia la absolvería.

Entre las numerosas muestras de apoyo que recibió Cristina Kirchner por parte del oficialismo destaca la del presidente Alberto Fernández, que cuestionó la condena y sostuvo que su vicepresidenta es víctima de una persecución injusta: “Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de los medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”. También aseguró que no se habían guardado las formas del debido proceso.  

Juristas de relevancia le han recordado al presidente que el artículo 109 de la Constitución argentina establece que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. 

Este juicio, que había comenzado en mayo de 2019, tenía a otros 12 acusados, además de Cristina Kirchner. El empresario Lázaro Báez recibió la misma pena que la vicepresidenta. Fueron condenados a penas menores otros siete y cuatro fueron absueltos. Entre ellos el ex ministro de Planificación, Julio De Vido -preso por otras causas-, el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido ex presidente, y Héctor Garro, extitular de la Dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz.

Con esta sentencia no se acaban los problemas judiciales de la vicepresidenta argentina. Hay más casos por corrupción esperando. Uno de ellos tiene que ver con el lavado del dinero con los fondos obtenidos de manera criminal en la operatoria de la causa “Vialidad”, sobre la que se acaba de conocer la sentencia.

Esta nueva causa es conocida con los nombres de dos de los hoteles de los Kirchner, “Hotesur-Los Sauces”. El caso tuvo hasta ahora un recorrido inédito, ya que Cristina Kirchner fue sobreseída antes de que el juicio se celebrara, pero la Cámara de Casación puede reabrirlo. Y aquí, además de la vicepresidenta, están involucrados sus dos hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia, que no tiene fueros y que parece transcurrir con algún problema de salud. Pero el caso más letal puede ser el de los “Cuadernos”, donde hay 174 procesados y en el que hay 31 arrepentidos que ya confesaron haber cobrado o pagado sobornos.

No hay precedentes en Argentina de que un presidente o un vicepresidente en ejercicio sea condenado. El expresidente Carlos Menem estuvo procesado y condenado en varias causas de corrupción después de abandonar el poder, pero solo una quedó en firme, la de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Llegó a estar 5 meses en prisión domiciliaria, pero sería finalmente absuelto por haber transcurrido demasiado tiempo -23 años- desde la comisión de los delitos. Entretanto, estuvo protegido por los fueros de senador. Su sucesor, Fernando De la Rúa, también fue procesado, aunque no por corrupción. En este caso fue por la represión policial por los sucesos de diciembre de 2001, que terminaron con su renuncia anticipada al poder, pero sería finalmente absuelto.

Cristina Kirchner, condenada a seis años por corrupción, pero no irá a la cárcel