@jgonzalezok / Suele decirse que en Argentina pasan más cosas en una semana que lo que sucede en meses o años en un país normal. Los Panamá Papers mencionaron al presidente Macri, que tardó unas horas preciosas en dar explicaciones. Expertos juristas señalan que no habría incurrido en ningún delito ni fraude a la hacienda pública, ya que la empresa familiar registrada no tuvo actividad y Macri no tenía acciones ni recibió emolumentos. Pero, políticamente, es un asunto incómodo.
La familia Kirchner, golpeada por numerosas denuncias de corrupción, se apresuró a desvincularse de los papeles panameños y en subrayar la presencia de Macri: “Quien sí está mencionado y con protagonismo central en las revelaciones de hoy, lamentablemente para nuestro país, es nada menos que el presidente de la República, Mauricio Macri”, termina el comunicado que emitieron sin perder tiempo.
Pero los Kirchner no tuvieron sosiego. La detención del empresario Lázaro Báez, principal socio y/o testaferro de la familia, tiene en ascuas a la ex presidente, Cristina Fernández. Báez, que fue detenido este pasado martes, se negó a prestar declaración ante el juez. Lo mismo hizo su hijo, su contador (contable) y otros detenidos por la misma causa.
Báez, su hijo y algunos de sus empleados fueron detenidos bajo la acusación de lavar 5 millones de dólares procedentes de la evasión fiscal de la constructora Austral Construcciones, la gran beneficiada de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. La causa recibió un impulso cuando se difundieron imágenes de cámaras de seguridad de una financiera, apodada La Rosadita –usada por personajes del poder-, en la que aparecían contando millones de dólares y euros.
Lázaro Báez recibió casi el 80 % de las obras de la provincia de Santa Cruz, por valor de 16.000 millones de pesos. Cobró aunque no acabó la mitad de las obras. Entre otras irregularidades en la obra pública, el periodista Joaquín Morales Solá recordó en el diario La Nación que una de las obras concesionadas fue para la construcción de una carretera de 100 kilómetros, por valor de 150 millones de dólares; pero la empresa de Báez solo construyó 30 kilómetros, y cobró 800 millones de dólares, más de cinco veces la cantidad presupuestada.
Los Báez no solo evadieron impuestos. También consiguieron la complicidad de la AFIP (la oficina recaudadora de impuestos). Y ayudaron a la familia presidencial a multiplicar su fortuna, mediante la compra, venta y alquiler de propiedades. También alquilaron miles de noches en los hoteles de los Kirchner, que casi nunca se ocuparon.
La preocupación de la familia Kirchner no es infundada. Temen que hable y cuente, como hizo el que fuera secretario de Transportes de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, que ha pasado toda la responsabilidad al ex presidente en la compra fraudulenta de trenes a España y Portugal. Una operación de 100 millones de dólares en unos trenes que nunca se usaron y que fueron abandonados en un depósito. Jaime, ya condenado por otros casos de corrupción, era uno de los recaudadores para el presidente. Fue visto en numerosas ocasiones llevando bolsos de dinero a la Casa Rosada, presumiblemente de los empresarios del transporte que se beneficiaban de subsidios millonarios.
Horas antes de su detención Báez había lanzado un mensaje que puede augurar novedades importantes. “Sí, creo que ya es hora de decir mi parte”, le contestó por mensaje de texto a OPI Santa Cruz, un medio digital independiente, cuando lo consultó sobre si estaba dispuesto a hacer revelaciones al juez Casanello. La esposa de Báez, Norma Calismonte, también habría dicho estos días a personas de su entorno, aunque con la evidente intención de que el mensaje llegara a destino: “Si cae Martín (por el hijo) se pudre todo y caen todos”.
El que fuera vicegobernador de Santa Cruz con Néstor Kirchner, Eduardo Arnold, declaró: “El dinero era de los Kirchner y estoy seguro de que él (por Báez) lo va a decir. No creo que a esta altura de los acontecimientos, viéndose atrás de los barrotes, aunque sea por piedad por el hijo, va a decir lo que está pasando”. También aseguró que la sociedad con Báez la había armado Kirchner y que la ex presidente y su hijo Máximo habían heredado la sociedad.
El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, no descartó que la investigación llegue a la ex presidente. “Después de más de 30 años en el ministerio público, si hay algo que aprendí, es que cuando empezamos una investigación no descartamos ninguna línea de investigación, ni ningún nombre de ninguna persona”, afirmó. Se diferenció así del juez Casanello que afirmó que la ex mandataria no figuraba en la investigación, excluyendo tajantemente la posibilidad de citarla como testigo.
Hay versiones de que Cristina Fernández habría llamado en al menos cuatro oportunidades a Báez, pero el empresario no la había contestado el teléfono. A pesar de los numerosos intereses económicos en común, los Kirchner y Báez están alejados. La ex presidente habría congelado la relación, aunque hace menos de un año, en agosto de 2015, dedicó una de sus cadenas nacionales, de tres horas de duración, a defenderlo de las acusaciones de principal benefactor de la obra pública. En los últimos días, Alicia Kirchner, ahora gobernadora de Santa Cruz, negó incluso lo evidente, una historia de doce años en los que se hicieron negocios millonarios a la sombra del poder.
La propia ex presidente está a punto de presentarse ante la justicia, por primera vez, y a poco más de tres meses de dejar el poder. Será el próximo día 13 en otra causa que lleva el juez Claudio Bonadio. Un magistrado que fue apartado en una causa que investigaba a Báez, cuando decidió allanar las oficinas del hijo de la presidente, Máximo Kirchner y algunos de los hoteles de la entonces familia presidencial.
