La crisis política en Perú deja ya 40 muertos

Amnistía Internacional ha lanzado un llamamiento a las autoridades peruanas para que cese la violencia ejercida sobre el pueblo a raíz de la crisis política que se vive desde diciembre pasado.

En una carta hecha pública a la presidenta Dina Boluarte, la organización muestra su preocupación por la muerte, este pasado 9 de enero, de 18 personas durante las protestas en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, muertes se suman al alarmante número de víctimas mortales de al menos 40 personas desde el inicio de la crisis política en Perú, el 7 de diciembre de 2022, en el contexto de la represión de las protestas.

“El gobierno ha arremetido contra quienes han expresado su descontento con la crisis, desplegando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas durante las protestas en todo el país y haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes”, denuncian.

Amnistía Internacional recuerda que las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza exigen que ésta sólo se emplee contra manifestantes cuando sea estrictamente necesario, de manera proporcional y con un fin legítimo, y que su uso se someta a un proceso de rendición de cuentas, por ello instan a la presidenta Boluarte a “que ponga fin de inmediato a todas las formas de fuerza ilegítima por parte de las fuerzas de seguridad”.

También le piden que a “que utilice todos los recursos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas heridas, proporcionando el apoyo necesario a las familias de los fallecidos, y a que colabore con las autoridades que investigan todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis actual de forma rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”.

 

Oleada de protestas tras la detención de Castillo

Perú ha estado inmerso en una prolongada crisis política en los últimos años, que se agravó con el anuncio hecho por el entonces presidente Castillo sobre la disolución del Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022.

El Tribunal Constitucional y el Congreso de la República rechazaron esta decisión, y Castillo fue detenido ese mismo día. La vicepresidenta, Dina Boluarte, fue rápidamente juramentada como presidenta, y las autoridades locales la reconocieron formalmente como la nueva presidenta.

Estos hechos desencadenaron una gran oleada de protestas en distintas regiones del país, que fueron reprimidas por las fuerzas armadas y la policía peruanas. En los primeros días de las protestas, decenas de personas resultaron heridas y al menos dos murieron. Además, periodistas locales denunciaron haber sido agredidos y despojados de sus equipos por la Policía Nacional.

El 16 de diciembre, dos días después de que el Estado peruano declarara el estado de emergencia ante la crisis política, el número de personas muertas había aumentado a 17.

Durante las fiestas navideñas, las protestas disminuyeron brevemente, pero con el comienzo del nuevo año, miles de personas han vuelto a salir a las calles en Perú y la represión estatal se ha agudizado.

El 9 de enero murieron al menos 18 personas y decenas resultaron heridas durante las protestas en la ciudad de Juliaca.

Desde el inicio de las protestas hasta la fecha, fuentes oficiales han informado de la muerte de al menos 40 personas en las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Junín, La Libertad y Arequipa. Cabe señalar que la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades rurales e históricamente marginadas del Perú.