@jgonzalezok | Una de las periodistas más conocidas de Brasil, Miriam Leitão, tenía 19 años cuando fue detenida en diciembre de 1972 por la dictadura militar (1964-1985), estando embarazada de su primer hijo. Estudiante del primer año de Filosofía, militaba en el PCdoB (Partido Comunista do Brasil) y fue delatada por un camarada del partido. En la misma operación cayó también su compañero y padre del hijo que esperaba. Estuvo dos meses detenida en el cuartel del Batallón de Infantería del Ejército en Vitória, capital del estado de Espírito Santo, y fue procesada por un tribunal militar con base en la Ley de Seguridad Nacional. En una de las sesiones de tortura a la que fue sometida, fue colocada desnuda en una sala oscura con una serpiente de casi tres metros, lo que añadió un elemento más terrible al sufrimiento propio de los apremios. Al ser liberada pesaba solo 39 kilos, once menos que los que tenía en el momento de su detención.
En 2014, cuando habían pasado 42 años de aquellos sucesos, la periodista contó por primera vez sus padecimientos. Nunca había pedido indemnización por su secuestro y torturas, al considerar que otras personas habían sufrido más que ella, incluyendo aquellos que perdieron la vida. Ni siquiera sus hijos sabían esta historia, pero cambió de idea cuando se divulgaron las respuestas que los militares dieron a la Comisión Nacional de la Verdad, negando que las Fuerzas Armadas se hubieran desviado de sus funciones durante la dictadura.
Miriam Leitão, hoy columnista del diario O Globo y habitual participante en programas de radio y televisión, se convirtió en una de esas periodistas que el presidente Bolsonaro y su familia hostigan y desprecian. Hace unos días en su columna en el diario O Globo afirmó que el presidente es un enemigo declarado de la democracia. Uno de los vástagos presidenciales, el diputado Eduardo Bolsonaro, publicó en su cuenta de Twitter un corto comentario: “todavía con nostalgia de la cobra” (utilizando en este caso un emoji del reptil). Añadiendo, además, que no había pruebas sobre prácticas de torturas durante el gobierno militar.
Pocos días después todo Brasil pudo conocer estas pruebas por las manos de la mano de la propia periodista. Unos audios demoledores, hasta ahora inéditos y que estaban siendo estudiados por el historiador Carlos Fico, certifican el uso rutinario de la tortura contra opositores políticos durante la dictadura. Se trata de grabaciones de sesiones del Supremo Tribunal Militar, entre 1975 y 1985.
Los audios, 10.000 horas de grabaciones, muestran cómo los integrantes del tribunal discuten abiertamente sobre las torturas. En una sesión del 24 de junio de 1977, el general Rodrigo Octávio afirma que algunos reos presentan acusaciones referentes a torturas y tormentos, como el caso de Nádia Lúcia do Nascimento, que sufrió un aborto después de “castigos físicos” en una de las dependencias los servicios de inteligencia del régimen. La prisionera fue sometida a choques eléctricos en sus genitales y tuvo que presenciar las torturas infligidas a su marido.
El almirante Julio de Sá Bierrenbach, reconoce en esa misma instancia que las denuncias de torturas perjudican la imagen de Brasil en el exterior: “Son un verdadero banquete para los enemigos del régimen”, admite. Aunque elogia la represión, afirma que no se puede admitir que, una vez presos, los detenidos tengan su integridad física a merced de “individuos cobardes”, calificando a los torturadores de “sádicos”. Y dice que “ya es hora de acabar de una vez por todas con los métodos adoptados por ciertos sectores policiales”. Pero lo cierto es que no solo las fuerzas policiales torturaban, también lo hacían integrantes de las Fuerzas Armadas, lo que incomodaba a algunos de los generales.
El vicepresidente de la República, general Hamilton Mourão, se burló de quienes ahora piden responsabilidades: “¿Investigar qué? Todos los tipos ya murieron. ¿Van a traerlos de vuelta de la tumba?”, dijo riéndose. Y añadió que eran cosas del pasado, de la historia. El general Luis Carlos Gomes Mattos, actual presidente del Supremo Tribunal Militar, se mostró irónico al decir que los audios divulgados no afectaron su Pascua, calificó de “tendenciosas” las noticias publicadas al respecto y añadió que tienen como objetivo dañar a las Fuerzas Armadas.
La Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2011 durante el gobierno de Dilma Rousseff, elaboró un informe de 4.000 páginas, en el que responsabilizó a 377 personas, aunque no tenía poderes para penalizar jurídicamente a los investigados. Se documentaron unos 300 muertos y otros 150 desaparecidos. En esos años de plomo la represión tuvo también otros rostros, en forma de censura, supresión de los derechos políticos para miles de ciudadanos, y más de 10.000 exiliados.
La dictadura militar terminó en 1985 sin que los responsables de los crímenes cometidos fueran sometidos a la justicia. La Ley de Amnistía de 1979, del propio gobierno militar, eximió de responsabilidad a quienes practicaron crímenes violentos en aquél período, tanto del lado de los militares como de los civiles que adhirieron a la lucha armada, ley que fue ratificada por el Supremo Tribunal Federal.
La transición en Brasil se caracterizó por un virtual pacto de olvido entre los militares y las élites políticas, que evitaron que los responsables de la represión y de los crímenes de lesa humanidad enfrentasen los tribunales por los delitos cometidos, como sí tuvieron que hacerlo los argentinos, que habían recuperado la democracia dos años antes. La diferencia es que en Brasil la dictadura estaba desgastada, mientras que en Argentina fue derrotada por el desastre de la guerra de las Malvinas.
Con la recuperación de la democracia, el estamento militar siguió teniendo en Brasil una gran influencia en el sistema político, aunque declinante. Hasta que hace 3 años y medio llegó al poder el capitán retirado Jair Bolsonaro, que durante toda su carrera política había defendido la dictadura militar, incluso al más conocido de sus torturadores, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. En 2016, cuando votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff -también torturada durante la dictadura- justificó su voto apelando a la memoria del citado coronel.
Los militares recuperaron con Bolsonaro un poder político inédito en democracia, con miles de uniformados en puestos civiles, dando apoyo a los desvaríos autoritarios del presidente. Y cada 31 de marzo, aniversario del golpe, vuelven a sacar comunicados elogiando la dictadura, a la que presentan como un movimiento para restablecer el orden y salvar a Brasil de un régimen totalitario.
Con motivo de la difusión de los audios del Supremo Tribunal Militar, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Humberto Costa (PT), pidió la entrega de las grabaciones, señalando que “estas revelaciones demuestran que el trabajo de Brasil con su pasado apenas comenzó”. Pero hay escepticismo sobre cualquier avance en este sentido.
En el libro Em Nome dos Pais (En nombre de los Padres), Matheus Leitão, hijo de la periodista torturada con una serpiente, escribió: “Muchos secretos continúan guardados porque los militares de la reserva no quieren hablar, los que están en activo los protegen y el país adoptó, hace décadas, la decisión de no enfrentarlos”.
