@jgonzalezok | Río de Janeiro | En el año 2021, 13.000 kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña fueron devastados como consecuencia de la acción de madereras ilegales y la invasión de tierras indígenas o de titularidad pública, en ambos casos protegidas. Fue un récord desde que el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) comenzó en 2008 a supervisar por imágenes de satélite el inmenso territorio. El primer trimestre de este año la cifra siguió siendo espantosa, ya que se perdieron 687 kilómetros cuadrados. Se calcula que a lo largo de su historia la Amazonia ha perdido 81,3 millones de hectáreas, un 20 % del total. Al mismo tiempo, los ríos están siendo envenenados con mercurio en la explotación de oro y piedras preciosas de forma ilegal.
El gobierno de Jair Bolsonaro, que encara la última fase de su mandato, viene actuando como el gran villano ambiental. No cree en el cambio climático y actúa para deforestar la Amazonia para entregarla al agronegocio y a redes criminales. Desde el principio de su gobierno desactivó organismos encargados de la vigilancia y fiscalización, mediante la reducción de personal y sus operaciones. La mayoría de las multas por delitos ambientales no se cobra. Y de aquí a finales de julio, cuando el Congreso centrará su atención en las elecciones de octubre, el gobierno intentará que se aprueben varios proyectos de ley como una amnistía para la invasión de tierras y la flexibilización aún mayor de las normas ambientales.
En plena pandemia, mayo de 2020, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles propuso en una reunión de gabinete -grabada y divulgada posteriormente- que había que aprovechar la oportunidad, en cuanto la atención de la prensa estaba volcada casi exclusivamente en el covid 19, para aprobar reformas que simplificaran y desregularan las normas de protección ambiental. El escándalo fue mayúsculo, pero nada sucedió. El ministro solo dejó el cargo 13 meses después, cuando fue acusado por el responsable de la Policía Federal en el estado de Amazonia de haber intervenido personalmente para desbaratar una millonaria operación contra el contrabando de madera, llevado a cabo por agentes públicos y empresarios. El jefe policial que se atrevió a llevar adelante la denuncia fue transferido luego a otro destino.
El gobierno intentará que se aprueben varios proyectos de ley como una amnistía para la invasión de tierras y la flexibilización aún mayor de las normas ambientales
Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, el principal problema que enfrenta Brasil en este campo es la neutralización de la capacidad del Estado para combatir el crimen ambiental: “El gobierno Bolsonaro transforma la aplicación de la ley en una excepción (…) Hay una serie de acciones que privilegian al que comete crímenes ambientales, como la propia paralización de la fiscalización. También todos los mensajes del presidente diciendo que la ley está equivocada y el crimen está correcto”.
La política del gobierno Bolsonaro respecto a las tierras indígenas quedaron claras ya desde su discurso inaugural: “En mi gobierno no habrá demarcación de tierras indígenas”, señaló, cumpliendo hasta ahora su promesa. El organismo responsable por las demarcaciones, FUNAI (Fundación Nacional del Indio), pasó a depender del ministerio de la Familia, encabezado por Damares Alves, obispo pentecostal; después fue transferido a la órbita del ministerio de Agricultura, cuya titular, Tereza Cristina, fue dirigente del grupo parlamentario ruralista, es decir, los más interesados en la deforestación e invasión de tierras, aunque después regresaría al ministerio de Justicia, por presiones varias. Eso sí, el gobierno colocó al frente del organismo a un comisario, sin ninguna competencia profesional en el tema, y atento a las órdenes del gobierno.
Las políticas ambientales del gobierno Bolsonaro no solo están provocando la destrucción del medio ambiente, también están amenazando seriamente a la población indígena del país, cercada por los maderos ilegales, por los invasores de tierras y por los mineros que extraen ilegalmente oro y otros metales preciosos en las reservas indígenas. Los garimpeiros, como son conocidos en Brasil, envenenan los ríos con metales pesados y esta actividad “está sin control alguno”, acaba de declarar Dário Kopenawa, vicepresidente de una asociación de la etnia yanomami. Los garimpeiros provocan hambre y enfermedades. A la explosión de malaria en algunas regiones, con aumento de más de 1.000 % de casos, hay que sumar el covid y la desnutrición, que alcanza al 60 % de los niños indígenas. En febrero de 2021 murió por coronavirus Aruká Juma, un anciano que era el último integrante del pueblo Juma.
Un documento de la Apib (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), publicado el 9 de agosto del año pasado, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, señala que desde el primer día de su gobierno, Bolsonaro lleva adelante una política anti indígena explícita, sistemática e intencional. Señala que no ha tenido ninguna intención de proceder a la demarcación de nuevas tierras, al tiempo que distintos proyectos de ley y decretos intentan legalizar las actividades ilícitas en territorio indígena.
Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Apib, declaró al diario O Globo: “Temo mucho por el futuro de los pueblos indígenas, pues el perjuicio de estos dos años y medio del gobierno de Bolsonaro equivale a 50 años de atraso y pérdida de derechos conquistados, tengo miedo que eso sea irreversible”. También afirmó que el discurso del presidente de “integrar” a los pueblos indígenas es igual a la dictadura, que mató al menos a 8.000 indígenas, según la Comisión Nacional de la Verdad.
Brasil tiene unos 897.000 indios -eran entre 2 y 4 millones a la llegada de los europeos- y 305 pueblos originarios que hablan más de 274 lenguas. De acuerdo al censo de 2010, habitan 724 reservas que ocupan un área de casi el 14 % del territorio brasileño. Más del 98 % de las tierras indígenas se concentran en lo que se conoce como Amazonia Legal, es decir, protegida.
La destrucción provocada por el garimpo ilegal en tierras protegidas de los yanomami creció un 46 % entre 2020 y 2021. La zona demarcada es de algo más de 96.500 kilómetros cuadrados, donde viven 30.000 indígenas.
Los indígenas son seducidos con armas, teléfonos celulares (móviles) y drogas. Y son presionados para que entreguen a sus hijas, que sufren abuso y explotación sexual
La presencia en la zona de los garimpeiros llevó enfermedades como la malaria y otras, incluyendo las de transmisión sexual. Un reciente reportaje del diario O Globo cuenta que los indígenas son seducidos con armas, teléfonos celulares (móviles) y drogas. Y son presionados para que entreguen a sus hijas, que sufren abuso y explotación sexual. Con la deforestación, los mosquitos que transmiten la malaria están más próximos de las comunidades indígenas, al tiempo que aleja a los animales que les sirven de alimento. Y los enfermos, debilitados, no consiguen cazar ni trabajar en la agricultura. Ante la falta de alimentos, los garimpeiros ofrecen comida industrializada, que está provocando el surgimiento de enfermedades hasta ahora desconocidas, como anemia, obesidad y sobrepeso, presión alta y diabetes. El mercurio presente en las aguas y en los peces, también está afectando a los indígenas, provocando daños a su sistema nervioso central.
Ante esta situación, el gobierno de Bolsonaro solo protege a los depredadores de la Amazonia y humilla a la población originaria. “Cada vez más, el indio es un ser humano igual a nosotros”, dijo Bolsonaro hace dos años, en una declaración racista que fue ampliamente condenada. Aun así, en marzo pasado, el ministro de Justicia, Anderson Torres, concedió a Bolsonaro la Medalla del Mérito Indigenista. La misma que entregó a otros 9 ministros del gobierno, incluyéndose a sí mismo. La medalla se concede “en reconocimiento por los servicios relevantes de carácter altruista, relacionados con el bienestar, la protección y la defensa de las comunidades indígenas”. El año pasado, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) acusó al presidente por genocidio, denunciándolo ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Y este año se presentó otra denuncia en la misma sede por ecocidio, nuevo tipo de crimen contra la humanidad.
