Dos diputados del Bloque Nacionalista Galego en la diputación de Pontevedra están recibiendo en los últimos días amenazas anónimas y públicas. Se trata del diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, y del vicepresidente de la Diputación, César Mosquera. Amenazas de muerte, según la escenografía con la que se manifiestan: coronas de difuntos, con leyendas como “Mosquera non te deixaremos en paz”, o “BNG Caciques”. La miseria moral e intelectual de los autores queda de manifiesto, al introducir en la vida política una peligrosa deriva de matonismo.
La interpretación que mantienen en el BGN –y compartida por trabajadores independientes de la Diputación- es que tales amenazas parten del intento del responsable de Mobilidade, apoyado por su Grupo, de poner orden en un irregular Parque de Mobilidade existente en la Diputación. Un Parque con 35 empleados adscritos, que hasta la constitución del nuevo gobierno de la Diputación no dependía del Departamento de Mobilidade, sino directamente del Gabinete del anterior Presidente, Rafael Louzán. Parece que la mayor parte de los 35 trabajadores pertenecen al mismo municipio del ex presidente: Ribadumia. Y que no tenían unas directrices objetivas de tareas designadas, sino que estaban a disposición de los mandados del presidente y de su jefe de gabinete. Por otra parte, parece que cobraban dietas sin necesidad de justificación alguna.
Siempre bajo las razones aportadas por el amenazado Uxío Blázquez, ese grupo de empleados ha recibido con malestar el intento de reorganización y normalización de la situación, para que estén adscritos al Departamento de Mobilidade, y para que tengan que justificar las percepciones –hasta ahora supuestamente irregulares- de dietas.
César Mosquera, vicepresidente de la Diputación, apunta más alto, y exige al secretario provincial del PP, y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que aclare todo ese dislate, porque piensa que está instigado por el antecesor de Rueda, y hasta hace un año todopoderoso señor de la Diputación y de casi todos los poderes de la provincia. Aunque señala Mosquera que con los alcaldes del PP de la provincia existen buenas relaciones y una fluida colaboración institucional.
Este turbio asunto aún se enreda más y se convierte en surrealista si se atiende a las acusaciones que los responsables del BNG vierten sobre un responsable del Sindicato Comisiones Obreras en el mencionado Parque de Mobilidade, a quien también implican en las amenazas.
Por ahora la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, se ha puesto de perfil ante el problema. Aunque no tendrá más remedio que implicarse y abrir una investigación sobre lo que denuncian sus compañeros de gobierno , y definirse sobre la reorganización que el BNG plantea para meter en cintura este fantasma –y al parecer pendenciero- “Parque de Mobilidade”.
