jueves 05.12.2019
sostenibilidad del modelo social

Los salarios: La sal de la vida

El Gobierno del PP ha sacado 35.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para cubrir el déficit que desde 2012 tiene el sistema cada ejercicio.

Los salarios: La sal de la vida

Hay otro dato que nunca se cita cuando nos amenazan con la quiebra del sistema de pensiones: la reducción de los salarios

En los tres últimos años, el Gobierno del PP ha sacado 35.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para cubrir el déficit que desde 2012 tiene el sistema cada ejercicio. Más allá de la valoración de la gestión del Gobierno, la crisis que estamos sufriendo —con su correlato de destrucción de empleo y devaluación salarial— agrava las dificultades de nuestro sistema público de pensiones para equilibrar sus cuentas.

En la mayoría de los análisis sobre su sostenibilidad, los argumentos se centran en la ratio entre cotizantes y pensiones, esto es, entre trabajadores activos y jubilados. Este es, sin duda, un dato relevante porque la intensa destrucción de empleo que venimos sufriendo desde 2008 ha reducido los ingresos, mientras aumentan tanto el número de pensionistas como la cuantía de la pensión de quienes se jubilan.

Pero hay otro dato de la misma relevancia que, sin embargo, nunca se cita cuando nos amenazan con la quiebra del sistema: la reducción de los salarios. Porque lo relevante no es comparar cotizantes y pensionistas, sino lo que cotizan los activos y lo que cobran los jubilados. En España, la devaluación salarial está generando un problema que, de no atajarlo, pronto repercutirá muy gravemente en las cuentas públicas. Veámoslo con cifras.

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Un asalariado que gane unos 2.500 euros netos al mes llega a la base máxima de cotización de la Seguridad Social, que es de 3.606 euros. El tipo de cotización conjunto —empresa y trabajador— es del 28,30 % para las contingencias comunes, básicamente incapacidad temporal y, sobre todo, pensiones. Con este nivel de salario y de cotización, la Seguridad Social ingresa 1.020 euros al mes, de forma que un solo cotizante podría pagar la pensión media, que es de 1.035 euros en doce pagas, aunque es cierto que la de jubilación es superior a esta cifra que incluye el resto de pensiones (por ejemplo, la de viudedad) sensiblemente más bajas.

La precarización de las condiciones de trabajo en España está extendiendo una situación que queda incluso por debajo del salario mínimo: es el trabajo por horas, los contratos a tiempo parcial, que, en el caso de las mujeres, ya alcanza el 21 % en el sector privado

En el extremo contrario está el trabajador que cobra el salario mínimo: tiene una base de cotización de 756,6 euros mensuales y, por lo tanto, apenas ingresa 214 euros en la tesorería de la Seguridad Social. En este caso, hacen falta cinco cotizantes para pagar cada pensión, lo que demuestra la importancia capital del nivel salarial del país.

Pero la precarización de las condiciones de trabajo en España está extendiendo una situación que queda incluso por debajo del salario mínimo: es el trabajo por horas, los contratos a tiempo parcial, que, en el caso de las mujeres, ya alcanza el 21 % en el sector privado. Repitiendo el cálculo anterior, una persona que cobre 400 euros genera una cotización de apenas 130 euros al mes, por lo que harían falta casi ocho cotizantes para pagar una sola pensión.

Deteriorar el trabajo es un error enorme para un país que forma parte del pequeño grupo de los más desarrollados del mundo. Un error a corto plazo porque genera trabajadores pobres, incapaces de vivir de forma independiente con su salario; y un error a largo plazo porque hace insostenible nuestro modelo social.

Pero los salarios bajos, además de repercutir en el equilibrio de las cuentas del sistema público de pensiones, ponen en cuestión la sostenibilidad del estado de bienestar, que ya era débil en España antes de la crisis y ahora queda tocado tras seis años de recortes. La devaluación salarial reduce las cotizaciones a la seguridad social y también tiene efectos directos en la recaudación fiscal, en los impuestos con los que se financia el gasto público. Los ingresos fiscales, expresados como porcentaje del PIB, están en España 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Este déficit de ingresos, en el que influyen muchos factores, se ve agravado por la reducción de los salarios.

Volviendo al ejemplo anterior, el asalariado que ingresa 2.500 euros netos al mes, tributará de entrada unos 12.000 euros por IRPF (por cierto que, si los ingresa como rentas de capital —dividendos o intereses, por ejemplo— y no como rentas del trabajo, pagaría varios miles de euros menos). Pero además, si destina el total de sus ingresos a gasto, acaba pagando otros 5.500 euros anuales por IVA y los denominados impuestos especiales sobre el consumo de hidrocarburos, tabaco o alcohol. En total, en un año paga 17.500 euros por los impuestos que gravan la renta y el consumo. Es una cifra, sin duda, considerable pero, con lo que tributan tan solo dos de estos asalariados es casi suficiente para pagar el coste de un empleado público de la sanidad, de la enseñanza o de la justicia.

Con este nivel salarial, harían falta más de 30 personas para cubrir el coste medio de un empleado público

Sin embargo, la situación cambia de forma radical con los del salario mínimo. En este caso, al estar por debajo de 12.000 euros brutos anuales, no tributa por IRPF de modo que su contribución a las cuentas públicas es exclusivamente por IVA y especiales: unos 1.200 euros al año. Por lo tanto, con este nivel salarial, harían falta más de 30 personas para cubrir el coste medio de un empleado público. Y en la escala más baja de nuestro ejemplo, el asalariado a tiempo parcial que cobra 400 euros al mes, aporta a las arcas públicas apenas 600 euros anuales, de forma que hacen falta más de 50 personas para financiar el coste de una profesora o un enfermero.

La evolución de los salarios va a ser determinante para el futuro de nuestro modelo social. Si los salarios tienden hacia niveles altos, podremos sostener un estado del bienestar más o menos aceptable. Por el contrario, si la tendencia general es a bajarlos, la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones también será cada vez más baja.

Dicho de otra forma, el reparto primario de la renta entre salarios y beneficios empresariales también determina la capacidad del Estado para hacer políticas que compensen las diferencias sociales. Por eso los que defienden la devaluación salarial son los mismos que quieren un Estado cada vez más pequeño.

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