Profesores universitarios, trabajadores de la cultura y sindicatos presentaron este miércoles un manifiesto contra la reforma constitucional impulsada por PSOE y PP, tras las últimas turbulencias financieras en los mercados de deuda surgidos durante el pasado mes de agosto. La reforma, que restringe fuertemente los niveles de endeudamiento y déficit del Estado, supone para los firmantes un triunfo del poder financiero sobre el poder político, y una amenaza para el mantenimiento del Estado social.
Los cambios constitucionales –pactados por PSOE y PP- suponen para los firmantes, la aceptación del “control” al Gobierno por parte del “capital financiero global”.
El manifiesto presentado en la tarde del miércoles por los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y por representantes de la cultura y del mundo universitario, exige además la convocatoria de un referéndum sobre la reforma constitucional impulsada por PP y PSOE, al considerar esta consulta como una prueba “mínima” de “calidad” democrática. “Se trata de una materia trascendental para la sociedad y requiere una consulta al conjunto de los españoles”, afirmaron durante la presentación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Según reza el documento, la reforma de la Carta Magna es fruto de una “exigencia inconsistente con un nivel muy razonable de endeudamiento público, causado precisamente por el soporte financiero a la banca en crisis”.
Los impulsores del texto defienden alternativas “mucho más significativas”, entre las cuales destacan una reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos, además de otras modificaciones “imprescindibles” para configurar una “verdadera” política económica y fiscal común.
Además, el texto critica que se coloque “en segundo lugar” lo que debería ser una prioridad, como es la “generación de actividad económica” y otras medidas que favorezcan la creación de puestos de trabajo.
Además de exigir mayor atención al empleo, los firmantes creen que la “prohibición del déficit público” coloca a España en una “situación de desigualdad permanente” en la llamada “gobernanza” europea.
“Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del estado social en momentos en que su financiación es insuficiente pueden requerir endeudamiento”, defienden los firmantes del texto.
A su juicio la limitación del déficit público colisiona con el mandato constitucional que obliga al Estado a remover obstáculos a favor de la igualdad social, económica y cultural. “La limitación constitucional del déficit público está por tanto directamente relacionada con la cláusula social del artículo 1.1 de la Constitución española”, argumentan. Además, recuerdan, el artículo 9.2 de la Carta Magna “obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural”.
En su opinión, la prohibición, que se fijará mediante una ley orgánica, condena a la “inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social”.
“El techo constitucional al déficit público no es una ‘regla técnica’ sino una declaración política e ideológica que incide fuertemente en la función del Estado social”, sentencian.
“Es una reforma que sofoca la democracia”, concluyen, tras criticar que se realice un cambio tan importante durante las vacaciones de verano. “El procedimiento de aprobación previsto persigue explícitamente que no haya ningún debate público”, añaden.
Por último, los firmantes piden a diputados y senadores que “suscriban la convocatoria de un referéndum para su ratificación”, tras reiterar su “rechazo” a la reforma de la Constitución.
