sábado. 20.07.2024

El Gobierno propondrá a las comunidades autónomas un nuevo sistema de control del gasto. El Ejecutivo llevará la nueva regla de gasto al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según anunció este martes el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación. Las mayores partidas del gasto autonómico tienen que ver con la sanidad y educación, por lo que muchos temen que la nueva norma pueda afectar a la financiación de estos servicios sociales.

Pasado el tiempo de los grandes anuncios, Zapatero se presentó en el Debate sobre el estado de la Nación –el último al que asiste como Presidente- con una nueva propuesta sobre control del gasto. Atrapado por la crisis de deuda soberana, Zapatero intenta ahora implicar a las administraciones regionales en la lucha contra el déficit público. El Ejecutivo comunitario exige que España reduzca sus números rojos hasta el 3 por ciento del PIB en 2013. Una propuesta que ha recibido fuertes críticas desde diversos ámbitos, incluido el sindical, que critican el freno para la recuperación económica y la creación de empleo que supone el fuerte ritmo de reducción del gasto.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario intenta que la austeridad cale en todo el entramado institucional español. Bruselas recordó recientemente que “una importante proporción del gasto” corre a cuenta en España de las administraciones autonómicas.

El comisario de la Competencia y ex ministro socialista, Joaquín Almunia, afirmó hace poco que el déficit de las comunidades autónomas “no se explica plenamente por la crisis”. El también exministro socialista recoró que el déficit autonómico aumentó hasta el 2,8 por ciento del PIB en 2010. Una cantidad excesiva, según dijo, tras recordar que importante partidas, como el gasto por prestaciones por desempleo corresponden a la Administración General del Estado.

Almunia recordó además las dificultades para rebajar el déficit autonómico, habida cuenta de la “baja elasticidad” que presentan los gastos en educación y sanidad, esto es el poco margen de mejora que tienen esas partidas en cuanto a la reducción del gasto. Por otro lado, el comisario recordó que buena parte de las comunidades tienen gobiernos con diferente color político al del Ejecutivo central, lo que eleva la dificultad para implicar a las regiones en el control del gasto.

Las comunidades autónomas está obligadas en 2011 a recortar su déficit hasta el 1,3 por ciento del PIB, aunque ocho de ellas presentan aún mayores exigencias.

No es un techo de gasto

La recomendación de Bruselas no implica, sin embargo, la creación de un techo de gasto, según recordó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en una comparecencia en la comisión de Economía del Congreso. En concreto, lo que Bruselas está pidiendo es que cada comunidad gaste con arreglo a lo que produce. En jerga económica, Bruselas recomienda que cada comunidad ajuste su déficit de acuerdo a la previsión de crecimiento medio nominal del PIB.

Por otro lado, la Comisión Europea presentó al Gobierno otras recomendaciones. Entre ellas, destacan la reducción de las cuotas sociales que pagan los empresarios a la Seguridad Social y su compensación a través de subidas de impuestos indirectos, como el IVA. El Ejecutivo, sin embargo, se negó a bajar las cotizaciones ya que éstas sirven para pagar las pensiones.

Además, Bruselas ha recomendado al Gobierno que complete la reestructuración financiera, sobre todo la de las cajas de ahorros, así como la implantación de una nueva fiscalidad sobre la energía. En el terreno laboral, pidió también al Gobierno que ligue más los salarios y su evolución a la productividad, reformando el sistema de cláusulas de revisión salarial, que deberían reflejar también la situación de cada empresa. Por otra parte, el Ejecutivo comunitario cree que España debería también reducir la llamada segmentación laboral, lo que, en la práctica, significará reducir la indemnización por despido que cobran las personas sujetas a un contrato indefinido. 

La nueva regla de gasto podría afectar a sanidad y educación