Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) discrepan de la exculpación de la Infanta Cristina de Borbón del posible delito de blanqueo de capitales anunciada este viernes por la Audiencia Provincial de Palma, dados los abundantes indicios detallados por el juez José Castro en su auto del pasado 25 de junio.
Los Técnicos recuerdan que la sociedad Aizoon S.L. es considerada, por los peritos de la Agencia Tributaria (AEAT), como una sociedad pantalla de Iñaki Urdangarín, cuyo cometido real era ingresar parte del dinero obtenido por la Asociación Instituto Noós de Investigación Aplicada en contrataciones que revisten claros indicios de ser delitos de malversación de caudales públicos, así como ingresar ganancias derivadas de supuestas contrataciones privadas y actividades profesionales de Urdangarín para no declararlos en el IRPF.
Sin embargo, Gestha coincide con la decisión de la Audiencia Provincial de Palma, de mantener la imputación de la infanta Cristina de Borbón, como coautora de dos delitos contra la Hacienda Pública, pues su intervención en Aizoon SL era imprescindible para la consumación de la defraudación.
Alternativamente a esa tesis, los técnicos de Hacienda también consideran que existen indicios suficientes de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades de 2007 de Aizoon, al deducir como gastos tres facturas que había emitido la entidad Intuit Strategy Innovation Lab S.L. por importe de 69.990 euros por servicios totalmente inexistentes.
Los Técnicos de Hacienda consideran “difícil” entender el papel desempeñado por la infanta Cristina en Aizoon en la que, estando en régimen de separación de bienes, participa de un capital de tan solo 3.000 euros como copropietaria al 50% junto a su marido, en vez de que se hubiera constituido una sociedad limitada unipersonal, así como la imputación de gastos personales a la misma, que no justificó en su declaración ante el Juez.
Estas circunstancias son suficientes, en opinión de los Técnicos, para mantener la imputación tanto en los delitos fiscales como en el de blanqueo de capitales y, tras la práctica de las pruebas en el juicio, se podría confirmar o desestimar la concurrencia en uno o en ambos delitos.
Evitar la ‘doctrina Botín’
A este respecto conviene recordar, señala Gestha, que la Infanta Cristina fue vocal de Asociación Instituto Noos de Investigación Aplicada y socia de Namasté 97 SL y Aizoon SL. El notario que formalizó la constitución de Aizoon testificó que el asesor le indicó que la Infanta era un escudo fiscal, en la cual se cargaron infinidad de tickets de aparcamiento, repostaje de combustible del vehículo de Doña Cristina de Borbón y consumiciones de escasa cuantía en bares y cafeterías, gastos de numerosos hoteles y viajes al extranjero, obras de remodelación y mobiliario de su residencia en el Palacete de Pedralbes, prendas de vestir, libros y fiestas infantiles, clases de baile y contratación de empleados del hogar familiar, el contrato de alquiler de unas oficinas de Aizoon S.L. en la propia vivienda aunque se ha probado que es una sociedad pantalla sin apenas actividad y carente de personal efectivo.
Una vez ratificada por la Audiencia la imputación por delito fiscal de la Infanta, los Técnicos entienden que la Agencia Tributaria debe rectificar su criterio y pedir, en el escrito de acusación que presente la Abogacía del Estado en su nombre, la correspondiente responsabilidad penal de Doña Cristina, ya que de lo contrario, podría facilitar la aplicación de la polémica doctrina Botín que pondría fin, en su caso, al proceso. Dicha doctrina que estableció el Tribunal Supremo determina que si en una causa solo existe la acusación popular y no la de la fiscalía u otras particulares, la imputación puede llegar a archivarse.
