El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial que prevé la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales, el 17 % del total, entre las que se encuentra la Sociedad Pública de Alquiler.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el plan permitirá ahorrar 1,08 millones al año por dietas de 154 consejeros de las empresas públicas que dejarán de serlo.
La vicepresidenta ha indicado que este plan se complementa con otras medidas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo como la limitación de las indemnizaciones cuando cesan su actividad los directivos del sector público, la limitación del número de consejeros y la retribución de presidentes y personal directivo. Estas medidas significan, según la vicepresidenta, que el Estado "puede poner la casa en orden y lo ha decidido". Sáenz de Santamaría ha manifestado que el sector público no está para mantener restos del pasado de por vida.
Además, se desinvertirá en 8 sociedades, el 6 % del total y se liquidarán 13 sociedades, entre ellas, ha citado como curiosidad la vicepresidenta, la del Quinto Centenario o la de Barcelona Holding Olímpico, creada con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992.
El plan afectará a 45 sociedades mercantiles, el 32 % del total, y desinvertirá participaciones minoritarias de la Administración General del Estado en 35 más, con lo cual el plan afecta a 80 sociedades. Además, se extinguen o fusionan 9 fundaciones de sociedades estatales.
La vicepresidenta ha subrayado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local seguirán un proceso idéntico al abordado por el Gobierno, con un compromiso de reducción en torno al 25%, porcentaje que ya se aprobó en 2010 pero que no se ha llevado a cabo. Asimismo, ha destacado que el plan se rige por los principios de eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria.
Sáenz de Santamaría ha incidido en que con el plan se ahorra en gastos de directivos de los órganos de administración, y se gana en racionalización, eficiencia, eficacia y en mayor transparencia para que los ciudadanos vean cómo se gestionan los ingresos públicos. A este respecto, ha informado de que según el último inventario de 31 de diciembre de 2011 la Administración General del Estado tenía 228 empresas públicas y operaba sobre 85 y ha añadido que en el ámbito autonómico la cifra es superior y en el local incluso más.
Así, hay 2.372 empresas, 626 fundaciones (sólo 52 son del Estado) y 1.055 consorcios. La deuda que acumulan las empresas públicas es de 60.000 millones de euros.
El Gobierno creará un único órgano administrativo para gestionar el patrimonio inmobiliario
Asimismo, el Gobierno creará el próximo viernes un único órgano administrativo para gestionar todo el patrimonio inmobiliario del Estado, con el fin de llevar a cabo un "uso racional" de sus inmuebles, según adelantó Sáenz de Santamaría.
La portavoz del Gobierno indicó que el Estado dispone de un total de 55.000 edificios, solares y fincas rústicas, sumando los que tiene en propiedad y en alquiler, y que la gestión de todos estos inmuebles se dispersa entre distintos órganos administrativos, tanto en la Dirección General de Patrimonio como en diferentes juntas y comisiones creadas al efecto.
Ello impide, añadió la vicepresidenta, llevar a cabo un plan de "racionalización" de la gestión inmobiliaria del Estado, por lo que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes un único órgano administrativo responsable de la gestión del patrimonio del Estado y de la coordinación de todos los ministerios en cuanto al uso de sus inmuebles.
