CCOO denuncia que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) está tardando actualmente más de seis meses en tramitar expedientes, frente al imperativo legal de un máximo de tres meses y los dos meses que empleaba en 2009, y prevé que a finales de 2011 este periodo sea de un año por la obligación de pagar 8 días en las indemnizaciones por despido.
El sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo explica que la actual crisis económica y financiera ha agravado la situación del Fogasa, al suponer "un aumento importantísimo del volumen de peticiones de prestaciones".
La misión fundamental de este organismo es el abono a los trabajadores de los créditos salariales e indemnizatorios pendientes de pago por la declaración de insolvencia o concurso de sus empresas, situaciones que han aumentado significativamente durante la crisis, triplicando e incluso cuadruplicando la actuación de las unidades administrativas.
Según CCOO, a pesar del esfuerzo que viene desempeñando la plantilla del organismo, de unos 400 trabajadores en toda España, los expedientes pendientes en la actualidad superan los 68.000 afectando a 125.000 trabajadores que, en tanto no se tramiten, no podrán percibir los salarios e indemnización por despido, devengados y no pagados por sus empresas.
Además, el sindicato concreta que el Fogasa debe participar en miles de procedimientos concursales, de media más de 1.000 por letrado, a la vez que es citado anualmente a más de 90.000 procedimientos declarativos ante los juzgados de la jurisdicción social, más de 690 juicios por letrado y año. "Tampoco en esta parcela el organismo puede responder a los requerimientos judiciales y ello colabora al aumento del gasto y al despilfarro de los recursos", añade.
Y además las indemnizaciones por despido
Por si fuera poco, CCOO recuerda que la aprobación de la reforma laboral supuso la asignación de nuevos cometidos al Fogasa, con el abono de los 8 días de la indemnización por despido, lo que ha supuesto otros 200.000 expedientes y que las prestaciones se abonen con un año de retraso al finales del 2011.
"La situación es dramática y en las condiciones actuales el organismo no puede responder a los requerimientos de la ciudadanía, unos requerimientos que se producen en un momento crítico para las personas y las familias al conllevar la pérdida de empleo con todas las consecuencias que ello arrastra", afirma el sindicato.
