Seguiremos sin conocer qué nombres están tras la “lista Falciani”, ni tampoco quienes se acogieron a la amnistía fiscal decretada en el año 2012, a pesar del interés que, para los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, podría tener dicha información
La publicación de una lista con los principales defraudadores con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, viene “amenazando” desde el inicio de la actual legislatura, finalmente quedará reducida a una lista de deudores con la Hacienda Pública
Aunque para ello se tendrá que modificar la Ley General Tributaria –concretamente su artículo 95.3– para respetar los derechos de los contribuyentes, todavía quedan muchas dudas sobre esta medida polémica, sobre todo, a la vista del informe recientemente emitido por el Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con la redacción dada a esta medida en el Anteproyecto de ley elaborado el pasado verano por el Ministerio de Hacienda.
La principal crítica del órgano de gobierno de los jueces viene de la falta de proporcionalidad que la medida puede conllevar al dar un trato similar a deudores que simplemente hayan podido retrasarse en el pago de sus deudas y a deudores que lo sean como consecuencia de la imposición de sanciones no pagadas. Así, se “sanciona” con la publicación de igual manera a defraudadores y a aquellos contribuyentes que por cualquier causa no hayan podido hacer efectivas sus deudas. A lo que se suma el hecho de que grandes defraudadores que si paguen en plazo las deudas y sanciones impuestas, al ser descubiertos, no aparecerán en dicha lista.
Sin embargo, seguiremos sin conocer qué nombres están tras la “lista Falciani”, ni tampoco quienes se acogieron a la amnistía fiscal decretada en el año 2012, a pesar del interés que, para los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, podría tener dicha información, dado el mayor gravamen que les supone cargar con los impuestos que no pagan aquéllos para sostener los gastos públicos.
Asimismo, continuaremos ignorando qué impuestos pagan las mayores empresas en nuestro país. Esas que, a pesar de obtener grandes beneficios con sus ventas aquí, los derivan a territorios de muy baja o nula tributación mediante la denominada “planificación fiscal agresiva”, o las que incrementan año tras año el número de sus filiales en paraísos fiscales, como nos informa el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa.
Por todo ello, los Técnicos del Ministerio de Hacienda, respaldando la medida de publicar esa lista de morosos, con las modificaciones que el informe del Consejo General del Poder Judicial apunta, la consideramos insuficiente, ya que es importante ir más allá, haciendo pública la lista de los grandes defraudadores y dejándonos investigar el origen de los patrimonios aflorados con medidas como la polémica amnistía fiscal, para descartar que procedan de actividades delictivas, así como las grandes bolsas de fraude.
Contesta Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
