La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha replicado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ya no es el momento de las auditorías encargadas por el PP para investigar sus cuentas tras las noticias sobre su extesorero Luis Bárcenas, sino de que investigue el Congreso.
Rodríguez ha comparecido en rueda de prensa en la Cámara Baja después de registrar diversas iniciativas parlamentarias en relación con el extesorero del PP, entre ellas una petición para que se cree una comisión de investigación sobre el "penoso, vergonzoso e indecente" proceso de "amnistía fiscal", al que se acogió Bárcenas.
Ya no es el momento de las auditorías encargadas por el PP
Sobre el anuncio efectuado por Rajoy en el seno del Comité Nacional del PP, a puerta cerrada, Rodríguez ha considerado que "ya no es el momento de las auditorías encargadas por el PP", porque "la exigencia de hoy de los ciudadanos es de una auditoría en el Congreso de los Diputados".
Para ello, los socialistas han registrado en la Cámara Baja una petición para que se cree una comisión de investigación sobre la amnistía y lo relativo a Bárcenas, quien regularizó 10 millones de euros y que supuestamente pagó durante años sobresueldos a algunos dirigentes del PP.
De hecho, ha subrayado que, "de confirmarse lo de Bárcenas supondría una clara ilegalidad y algo más grave porque el partido afectado se ha podido beneficiar de medias y modificaciones legales como la amnistía fiscal (...) al beneficiar a alguien que ha estado llevando mucho tiempo sus cuentas".
Además, el PSOE también ha presentado una proposición no de ley para que, con carácter inmediato, se pongan a disposición de los inspectores de Hacienda los expedientes de todos los que se han acogido a la "amnistía fiscal" para que se investigue la procedencia del dinero.
"¿Cuántos Bárcenas más hay en el proceso de amnistía aprobado por el Gobierno?", se ha preguntado Rodríguez, en cuya opinión el Ejecutivo además cedió" a las "exigencias" de los defraudadores hasta el punto de que se ha ido construyendo un "traje a medida" con los sucesivos cambios normativos.
Finalizado el plazo de regulación, que Rodríguez ha calificado como "un fracaso" desde el punto de vista moral y del recaudatorio, el proceso se fue modificando para adaptarlo "a las exigencias de los defraudadores", que pidieron "más ventajas, más seguridad y más impunidad".
En este sentido, ha recordado que los órganos encargados de combatir el fraude no tienen acceso a esta información y ha señalado que el decreto se modificó dos meses después, de tal manera que se permitía el pago en efectivo o, como supuestamente ha sucedido con Bárcenas, poder acogerse no con nombres y apellidos sino a través de una empresa.
Durante el año pasado, además, se reformó el Código Penal, por ejemplo el artículo 305, sobre el delito fiscal, al objeto de que, si se paga, desaparece el delito, ha añadido Rodríguez.
"No digo que se haya hecho la amnistía para blanquear el caso Gürtel -ha precisado- sino que el proceso tiene irregularidades jurídicas, que permitía no declarar el origen de los fondos y que durante su desarrollo se ha ido adaptando a las exigencias de los defraudadores".
La proposición de ley registrada hoy por los socialistas, por otra parte, persigue que se cambie el artículo 95 de la Ley General Tributaria para permitir que la información procedente de la amnistía fiscal pueda ser utilizada por los órganos encargados de combatir el fraude, la corrupción y el blanqueo de dinero.
Respecto a la comisión de investigación, el PSOE quiere que abarque todo el proceso de la amnistía fiscal y para averiguar si puede haber servido para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, es decir, que se puedan haber beneficiado no sólo "simples defraudadores", sino "verdaderos delincuentes".
También pretenden conocer, analizar y evaluar los resultados que ha tenido para la Hacienda pública; los bienes, activos y fondos que hayan aflorado; la verdadera identidad de sus titulares, y los importes tributarios ingresados.
La comisión propuesta por los socialistas debería realizar sus trabajos en el plazo de tres meses y elevar después un informe al pleno, incluso con la petición de que la Mesa diera traslado a la Fiscalía de las conclusiones para el ejercicio de las acciones que fueran procedentes.
Desde su punto de vista, si Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no tienen nada que ocultar y poseen "una respuesta fundada", deberían acceder a informar al Congreso sobre estos hechos, tal y como pedirá este martes el PSOE en la Diputación Permanente de la Cámara.
