martes 15.10.2019
CONTESTA CARLOS CRUZADO | GESTHA

¿Qué consecuencias ha tenido en España, un año después, la publicación de los papeles de Panamá?

El Gobierno no ha dado aún ninguna explicación sobre presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se pudieran haber cometido a través de la firma Mossack Fonseca.

¿Qué consecuencias ha tenido en España, un año después, la publicación de los papeles de Panamá?

El lunes 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tras una filtración anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, reveló los que todos conocemos por los Papeles de Panamá, que contenían más de 11,5 millones de documentos en los que aparecían jefes de Estado, primeros ministros, deportistas de élite, empresarios, artistócratas, y actores, entre otros colectivos que, a través de sociedades offfshore, ocultaron activos a sus respectivas haciendas.

Los Técnicos de Hacienda, felicitándonos del trabajo periodístico, pero lamentando que una vez más no hubieran funcionado los órganos de control tributario, pedimos desde el primer momento que se abrieran inspecciones y no investigaciones, de manera que no se diera a los defraudadores la posibilidad de presentar declaraciones complementarias, evitando así que se les pudiera acusar de delito fiscal, como ya ocurrió en casos tan sonados como los del HSBC, los Pujol o el LGT de Liechtenstein, en los que se dio dicha situación.

La Agencia Tributaria dijo entonces que utilizaría todos sus instrumentos para analizar y cruzar los datos publicados con las declaraciones de bienes en el extranjero y comprobar la concurrencia de activos no declarados. Asimismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional comunicó que había incoado diligencias de investigación para determinar la existencia de presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se pudieran haber cometido a través de la firma Mossack Fonseca.

Lo cierto es que un año después, y frente a lo ocurrido en otros países afectados, no se ha dado ninguna explicación por parte del Ministerio de Hacienda ni de la Agencia Tributaria sobre las actuaciones de inspección que se hubieran realizado al respecto, ni siquiera ante una pregunta parlamentaria requiriendo dicha información. Opacidad que, asimismo, se extiende al trabajo desarrollado por la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), creada en 2013, de cuyas inspecciones no se ha dado ninguna estadística hasta la fecha, a pesar de haberse requerido también al Gobierno en vía parlamentaria.

Por el contrario, lo que si hemos conocido ahora es la participación de los responsables de la citada ONFI en cursos dirigidos a asesores de empresas con proyección en el mercado exterior, con el objetivo de “aprovechar las oportunidades que permitan mejorar la eficiencia fiscal”, o lo que es lo mismo, eludir impuestos mediante ingeniería fiscal, a través del conocimiento, entre otros instrumentos, de los “regímenes de fiscalidad privilegiados de mayor interés en la actualidad”.

Con esta Agencia Tributaria y este tipo de informaciones, que no han cesado un año después, parece difícil convencer a ese 65% de ciudadanos que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), piensan que la Administración hace poco o muy poco esfuerzo para luchar contra el fraude fiscal.

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

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