El próximo 15 de abril la justicia española deberá resolver si permite la extradición a Suiza de Hervé Falciani, un ex empleado del HSBC conocido por sustraer información de evasores fiscales en Suiza. El país helvético lo quiere juzgar por vulnerar el secreto bancario, una práctica que si bien allí es delito, no lo es aquí en España.
Independientemente de lo que decida la justicia española, y según informaciones periodísticas de los últimos días, Falciani estaría colaborando con técnicos de la Agencia Tributaria (AEAT) y miembros de la Fiscalía Anticorrupción para obtener más información sobre el fraude fiscal cometido por cientos de contribuyentes españoles que desviaron miles de millones a Suiza.
Esperemos que esta vez no se repita lo que ocurrió en 2010, cuando la AEAT avisó con antelación a 659 grandes fortunas con depósitos en el HSBC (incluidas en esa famosa lista) de que “regularizaran” su situación, facilitando el que pagaran únicamente los recargos por presentación fuera de plazo y los intereses de demora, evitando de este modo las sanciones y una posible condena penal. Entre los contribuyentes favorecidos se encontraba el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
La actuación de la Agencia entonces representó un claro trato de favor, ya que al resto de contribuyentes no se les da una segunda oportunidad para regularizar sus obligaciones con el fisco.
Además, el auto que archivó la querella presentada contra la familia Botín señala que las autoridades de la AEAT disponían de información sobre las cuentas opacas desde el 24 de mayo de 2010, lo que hubiera permitido iniciarles una inspección cinco semanas antes de la prescripción. Esto desmiente, a su vez, la versión del director de la AEAT en ese momento, según la cual la falta de tiempo recomendaba enviarles un requerimiento para presentar declaraciones complementarias “voluntarias”.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda resaltamos que este trato de favor de la AEAT no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como tampoco lo es la amnistía fiscal que el Gobierno puso en marcha en 2012.
Este tipo de medidas, cuya ineficacia ya quedó patente en ocasiones anteriores, suponen un agravio comparativo hacia los asalariados y perceptores de rentas de capital sujetas a retención que se encuentran bajo el control exhaustivo de Hacienda, y atentan contra el principio de igualdad tributaria recogido en la Constitución.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
