Tras la caída del general Narváez llega una nueva etapa del reinado de Isabel II.
LA ETAPA DEL BRAVO MURILLO
Se inicia el catorce de enero del año 1851. Juan Bravo Murillo era un tecnócrata, mucho más dado a las cuestiones de la administración, en las que demostró su preparación y su competencia, que a los manejos de la política de su tiempo, la cual despreciaba profundamente.
Su honradez y su capacidad de trabajo se complementaban con unas ideas muy claras de lo que, a su juicio debía ser el ejercicio de la política, siendo un medio y no un fin, para alcanzar la buena gobernación y la prosperidad de los Estados. Poseía una rara cualidad en los políticos españoles del siglo XIX, cual era la de su sentido práctico.
(Congreso de los diputados, Madrid)
Su gobierno estuvo formado por elementos que no habían jugado un papel importante en la política de los años precedentes, aunque gozaba de cierto prestigio en la administración.
Entre los propósitos de Bravo Murillo debemos destacar la de disminuir la influencia que hasta entonces tenían los militares en el gobierno, arreglar la Hacienda, intentar rebajar la elevada Deuda Pública y reformar la Constitución.
Las tensiones con los militares comenzaron a raíz de la dimisión del ministro de la Guerra, conde de Mirasol y su sustitución por Francisco Lersundi, que era un joven militar, más bajo en el escalafón que los generales consagrados. Uno de los que demostró mayor descontento fue el general O’Donnell, quien dimitió como director del cuerpo de infantería. Narváez y su círculo político, en el que se encontraba Pidal y Sartorius, también se le pusieron enfrente.
El treinta de julio del año 1851, pidió a la reina la disolución de las Cortes y adoptó la práctica de gobernar por decreto.
Las reformas incluían una nueva Constitución y una serie de leyes orgánicas, sobre las dos Cámaras, sobre las elecciones, sobre la seguridad y el orden y sobre el reforzamiento del poder de la Corona. Las más significativas eran aquellas que se referían a la Constitución y que la convertían en un mero instrumento para el funcionamiento del Estado, sin apenas declaración de principio o doctrina política.
La reforma del Senado, compuesto por miembros natos, vitalicios y hereditarios, con lo que la Cámara Alta pasaría a convertirse en un reducto de los elementos más reaccionarios y cuyo protagonismo político estaría asegurado permanentemente.
La reunión de los cuerpos de legisladores debería hacerse a puerta cerrada, con lo que pretendía Bravo Murillo acabar con esas largas discusiones parlamentarias, en las que la forma y la retórica tenían siempre más importancia que el fondo de los temas que ahí se discutían.
Valera concede a Bravo Murillo su aplauso como hacendista, aunque exclusivamente como político no merezca ninguno. Su labor para mejorar la situación del erario público fue, desde luego, mucho más positiva que la frustrada reforma política.
Contrató con el Banco de San Fernando la recaudación de los impuestos, suprimió empleos inútiles, cuyas retribuciones constituían una pesada carga en los presupuestos del Estado y suprimió las intendencias provinciales. Cuando fue nombrado jefe del Gabinete, conservó la cartera de Hacienda para llevar a cabo estas medidas, además de la dirección de la política general.
Su plan quedó concretado en la ley del uno de agosto del año 1851, en la que se establecía la consolidación de la deuda de la siguiente forma, donde se destinaba una cantidad al pago de los intereses de la deuda diferida durante diecinueve años, al final de los cuales quedaba consolidado.
grabado de José Gómez según dibujo de Antonio Gómez Cros.
Biblioteca Nacional de España
Como base de esta operación se recurriría a los bienes mostrencos [1], baldíos [2] y realengos [3], que no fuesen de aprovechamiento común, así como a una asignación presupuestaria de doce millones anuales.
En las reformas administrativas fue también Bravo Murillo donde consiguió sus logros más señalados. Uno de los problemas más graves que tenía planteada la Administración, y que además tenía importantes repercusiones sociales, era el de la remoción de los funcionarios en cada cambio de situación política.
La figura del cesante es una de las características de la sociedad española del siglo XIX. Estos cesantes constituían un caldo de cultivo para cualquier intentona revolucionaria, pues le interesaba un nuevo cambio de situación para volver a ocupar los puestos de los que habían sido desplazados.
Entre los planes de Bravo Murillo estaba el de lograr una completa separación entre la Administración y la política, de tal manera que los cargos públicos fuesen cubiertos por oposición mediante un procedimiento establecido de antemano y en el que no entrarían a jugar las opiniones políticas. De igual forma, es decir, atendiendo rigurosamente el orden de méritos, se efectuarían los ascensos en el escalafón.
Bravo Murillo publicó un decreto el dieciocho de junio del año 1862, mediante al cual se dictaban unas normas para el ingreso en el funcionariado. El decreto quedaría sin efecto a los pocos meses a causa precisamente de la circunstancia que originaba el problema que había que resolver el cambio de gobierno.
En el haber de Bravo Murillo hay que incluir la firma del Concordato con la Santa Sede el diecisiete de octubre del año 1851. Reconoció que el mérito principal de la firma del acuerdo correspondía a los gobiernos anteriores. Logró normalizar las relaciones Madrid-Roma, así como reconoció las importantes concesiones que se hicieron a la Iglesia en el orden político.
Las obras de Bravo Murillo ha sido igualmente valorada, pero en general, todos los historiadores reconocen sus esfuerzos por dotar al país de una maquinaria burocrática moderna, ágil y eficaz, y por acabar con las lacras de la actividad parlamentaria que obstaculizaban la acción de Gobierno, así como su decidida actitud de apartar a los militares de la política.
El fracaso de las reformas de Bravo Murillo dejó al régimen sin ninguna perspectiva. Los moderados continuaron disfrutando del poder, pero su política volvió a discurrir por los cauces ya tradicionales de la falta de rumbo y de la carencia de otros objetivos que no fuesen los de perpetuarse en el Gobierno. Lo que provocó la caída de su Gobierno.
(Congreso de los Diputados de España).
La confianza de la reina recayó sobre Federico Roncali que fue nombrado el catorce de diciembre del año 1852 y gobernó hasta el catorce de abril del año 1853. Formó Gobierno con personas procedentes de las distintas facciones del partido moderado, entre los que se incluían tres generales. La oposición que encontró en las Cortes le obligó a presentar la dimisión.
Le sustituye el general Francisco Lersundi desde el catorce de abril del año 1853 al diecinueve de septiembre del mismo año. Este gobierno navegó también entre el deseo de agradar a todos sin contentar a nadie en la realidad.
Le sustituye Luis José Sartorius desde el diecinueve de septiembre del año 1853 hasta el diecisiete de julio del año 1854. Tenía este gobierno un sentido práctico de la política y se le llegó a comparar con el de Bravo Murillo. Intentó aprobar muchos proyectos de ley en las Cortes, entre los que destacan algunos que habían sido preparados por Bravo Murillo como era la ley de ferrocarriles.
El conde de San Luis suprimió la prensa de oposición y ordenó el confinamiento de varios generales, entre ellos, Duce, Ros de Olano y O`Donnell. Esas medidas no sólo no acallaron las críticas, sino que se recrudecieron. Apareció una prensa clandestina, que circuló muy abundantemente a pesar de la prohibición y los generales se escondieron en Madrid para no cumplir las órdenes de confinamiento.
El veintiocho de junio del año 1854 estallaría la revolución, cuyo triunfo cerraría la primera etapa del reinado de Isabel II. Así concluía la Década moderada, que fue un largo periodo de predominio del liberalismo conservador, en el que a pesar de todos los cambios prevalece la homogeneidad de sus trazos políticos fundamentales y en el que se pueden encontrar rasgos positivos.
LAS REFORMAS HACENDÍSTICAS Y FINANCIERAS
Al comenzar el reinado de Isabel II, la situación financiera y hacendística del país era auténticamente un desastre. Hasta el año 1854 estuvieron vigentes los impuestos del Antiguo Régimen, como la alcabala [4], la sisa [5] y los diezmos.
El sistema impositivo hasta entonces en vigor había ido basándose en los tributos indirectos más que en los directos, que eran prácticamente inexistentes. Los españoles pagaban a la Hacienda más por los bienes que movían, que por las riquezas que poseían, y eso era así porque la Administración del Estado era muy precaria y totalmente incapaz de controlar lo que cada español tenía en propiedad para hacerle pagar proporcionalmente.
Se había realizado el catastro por el marqués de la Ensenada a mediados del siglo XVII y cuyo resultado fue muy importante para los historiadores por la gran información que disponía.
La situación del erario público se fue deteriorando desde los inicios del siglo XIX, como consecuencia de los acontecimientos catastrofistas que tuvieron lugar. Los gastos aumentaron considerablemente, mientras que los ingresos quedaron estancados o, incluso disminuyeron al terminarse algunas de las importantes fuentes de ingresos como era el caso de nuestras colonias americanas.
Las medidas desamortizadoras que se aplicaron sucesivamente desde el reinado de Carlos III, tuvieron su mayor alcance con las leyes que promulgó Mendizábal entre los años 1835 y 1836.
La situación del Tesoro cuando los moderados llegan al poder no podía ser más precaria. Sólo en el año 1843 se había previsto en los presupuestos un déficit de más de 300 millones, que al terminar el ejercicio resultó aún mayor.
Alejandro Mon, ministro de Hacienda en el gobierno del general Narváez, sería quien abordase el fondo del problema al llevar a cabo una profunda reforma fiscal. En su inicio pensó en el recurso más socorrido como era el de la suspensión de pagos, pero eso implicaba a la larga un riesgo que no estaba dispuesto a asumir, como era el de desprestigiar al gobierno y cerrar las puertas futuros créditos.
Vicente López Portaña y Bernardo López Piquer. 1850.
(Museo del Prado).
Tomó algunas medidas de saneamiento, entre las que incluyó el desarriendo de la renta de tabaco, que era una de las principales fuentes de ingresos del Estado y que había sido adjudicada a particulares durante el gobierno de González Bravo. Además, consolidó la Deuda, con el objetivo de aliviar la presión de los acreedores sobre el Estado y les obligó a aceptar títulos al 3%.
Los detalles técnicos de la reforma corrieron a cargo de Ramón de Santillán, quien basó su trabajo en la unidad y en la sencillez. Creó un solo impuesto sobre la propiedad territorial y estableció otra contribución directa llamada subsidio sobre los productos de la riqueza mueble, y otra para las rentas, que llamó derechos de inquilinato, y otra sobre las transmisiones de propiedad, que llamó derechos de hipoteca.
Los impuestos indirectos también fueron objeto de una considerable simplificación, pues se suprimieron la enorme cantidad de tributos sobre la compraventa que habían ido superponiéndose a lo largo de los siglos, y se estableció una única contribución llamada de consumos. Las rentas estancadas no sufrieron ninguna modificación.
La contribución territorial directa pasaba a constituir el capítulo más importante de los ingresos de la Hacienda Pública, aproximadamente un cuarto del total. La forma de cobro era asignándole una cantidad a recaudar a cada provincia, según estimaciones previas aproximadas a sus posibilidades reales y dentro de cada provincia se repartiría también de forma similar un cupo entre los municipios.
La reforma fue tremendamente impopular y levantó muchas protestas porque naturalmente afectaba a los contribuyentes. El impuesto de los consumos se constituyó en el más contestado y fue la bandera que enarboló la oposición progresista en cada intentona revolucionaria, que emprendía para alcanzar el poder.
Al establecer el sistema de arriendo para el cobro de estos impuestos a escala local, el procedimiento se convirtió en un medio de presión sobre el electorado.
La reforma hacendística del año 1845, representó un progreso considerable. Garrido enemigo frontal de los conservadores en el terreno de la política, no tiene reparo en reconocer, como historiador, la importancia de esta medida y califica a Alejandro Mon como el Necker de su partido y como el hombre más grande y más útil al moderantismo, que produjo la reacción del año 1843.
El global de las nuevas contribuciones fue desorbitado. Se estableció un sistema para una recaudación cuantitativa en un país pobre, aunque esto no fue ninguna innovación por parte de los moderados.
Por otra parte, los recursos del Estado comenzaron a crecer y sustituyeron en gran parte a una escasa y débil iniciativa particular, proporcionando oportunidades a los acreedores y trabajo a una legión de empleados y funcionarios.
Este proceso de simplificación lo sufrió el sistema monetario español durante este primer periodo del reinado de Isabel II. Las reformas monetarias durante el Antiguo Régimen no habían sido excesivamente frecuentes y, básicamente, desde las modificaciones introducidas por los Reyes Católicos, el sistema había resistido razonablemente bien durante siglos.
En España coexistían cuatro tipos de monedas de distinta procedencia: las españolas, las portuguesas, las inglesas y las francesas, y eso sin contar las que habían sido acuñadas por José Bonaparte.
La moneda española de mejor ley o era tesaurizada o salía de los circuitos peninsulares, de tal manera que los napoleones franceses se convirtieron en la moneda corriente, incluso después de haberse finalizado la guerra de la Independencia.
Todavía en el reinado de Isabel II circulaban estas monedas, ya que la emancipación de las colonias españolas en América impuso una restricción en la circulación dineraria por faltar el metal para la acuñación.
Fue en el año 1848, cuando se emprendieron medidas de reforma con el objeto de nacionalizar la circulación monetaria e impedir la exportación de la moneda de mayor ley. En realidad, las medidas consistían en una devaluación monetaria. Existía la siguiente escala de valores monetarios:
En ORO El doblón o center que equivalía a 100 reales.
En PLATA El real.
Media peseta que equivalía a dos reales.
La peseta que equivalía a cuatro reales.
El medio duro que equivalía a diez reales.
El duro que equivalía a veinte reales.
En COBRE El medio real.
La décima.
El cuartillo.
Después de estas reformas, la moneda patrón pasa a ser la peseta, aunque oficialmente esa consideración no la alcanzaría hasta la nueva reforma que llevó a cabo Laureano Figuerola en octubre del año 1868. Estas medidas contribuyeron a estabilizar la vida económica en general, y fueron completadas con otras disposiciones que se emitieron en los años siguientes, ya en llamado “el sexenio democrático”.
El Banco de San Fernando, creado por López Ballesteros en el año 1829 a partir del Banco de San Carlos, se convirtió en el banco del Gobierno en el año 1845. Se creó el Banco de Isabel II en el año 1844 con el privilegio de la emisión de billetes, siempre que la cantidad de los mismos no excediera del duplo de las reservas de oro y plata.
polígono industrial de los Altos Hornos de Marbella 1847
La Bolsa de Valores también experimentó una reactivación sorprendente, después de su pobre trayectoria que había venido soportando desde su creación en el año 1831. Lo que provocó esplendidos negocios a los inversores.
A partir del año 1847 se quebró estas alzas. Para afrontar la crisis, los dos bancos, el de San Fernando y el de Isabel II tuvieron que fusionarse el veinticinco de febrero en el año 1847, con lo que se ponían las bases para la creación del futuro Banco de España que se fundó en el año 1856.
LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA CREACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
Durante los dos primeros tercios del siglo XIX en España se da una economía dual:
- La economía tradicional basada fundamentalmente en la agricultura y que apenas sufre transformaciones desde el Antiguo Régimen.
- Los tímidos brotes de modernización que se van produciendo con los inicios de la industrialización y que da lugar a un cierto desarrollo económico sobre unas bases más dinámicas.
El desarrollo de la industria en España se realiza básicamente en dos sectores industriales, el siderúrgico y el textil.
LA SIDERURGIA
Nace en Andalucía en concreto en Marbella en el año 1832 y se construyó el primer alto horno que existió en España. Poco más tarde, surgieron otros en la provincia de Sevilla y Huelva. Eran altos hornos que se alimentaban de carbón vegetal y que pudieron mantener su rentabilidad a costa de dejar esquilmados los bosques existentes en su entorno.
Mientras que la tonelada de hierro colado salía en Málaga en el año 1855 por 622 reales, en Asturias valía 348 reales. Como consecuencia de esta falta de rentabilidad, la industria siderúrgica se fue desplazando hacia el norte del país y se creó un alto horno en Mieres en el año 1848 e inmediatamente otros en Vizcaya, que pudieron utilizar con un coste mucho más reducido, el carbón de coque de los yacimientos asturianos.
Se producían en España 43.000 Tm de hierro en el año 1848, cantidad que se fue incrementando a raíz del aumento de las necesidades de las industrias ferroviaria la textil.
Para el historiador Tuñón de Lara, el hecho decisivo de la época en el plano económico fue la transformación del equipo industrial de la producción textil catalana. A partir del año 1844, los industriales comenzaron a importar maquinaria que utilizaba como fuerza motriz el vapor, la cual hizo temer el despido de los obreros.
Este reequipamiento industrial se vio posibilitado por las medidas flexibilizadoras del comercio exterior que fueron adoptadas durante la Regencia del general Espartero, que sin romper el proteccionismo como norma, que regía las relaciones económicas con otros países, permitieron una mayor fluidez en la importación de algunos productos, como este tipo de maquinaria textil.
Sin la competencia ilegal de los productos de Gran Bretaña y de Francia, la producción catalana se vio estimulada al amparo de la demanda interior.
En la industria del ferrocarril, sus primeros pasos comenzaron a darse durante la llamada “Década moderada”.Hubo iniciativas muy tempranas para construir ferrocarriles en España. Ya en tiempos de Fernando VII se estudiaron proyectos, como el que iba desde El Portil en Jerez de la Frontera, hasta el Puerto de Santa María, y que tenía como objetivo el transporte del vino hasta el puerto en el que debía ser embarcado para su distribución.
Para el historiador Gabriel Tortella, la falta de capital y la carencia de conocimientos técnicos eran aspectos del atraso económico general que padecía España y que indudablemente retardaron el progreso de la red ferroviaria.
El capital extranjero desconfiaba de la sociedad de los distintos gobiernos españoles, que con tanta frecuencia habían optado por negarse a pagar la Deuda pública y, por tanto, por lo que respecta a los conocimientos técnicos, se trataba de una cuestión que dependía en gran parte de la iniciativa del Gobierno.
Fue la política desarrollada por los conservadores lo que obstaculizó la expansión ferroviaria en España durante la primera mitad del siglo XIX. El cierre de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales durante el reinado de Fernando VII fueron una demostración y un inconveniente de primer orden para la formación de técnicos españoles preparados para poner en marcha la mecanización de los transportes dentro del país.
La primera línea del ferrocarril que se puso en funcionamiento en España fue la de Barcelona a Mataró en el año 1848 que tenía una distancia de 22 km. La parte técnica estuvo en manos extranjeras, fundamentalmente británicas, ya que tanto la ingeniería como el material empleado proceda de Gran Bretaña.
Las operaciones comerciales y financieras estaban también a cargo de la firma británica “la Mackenzie / Brassey”,que tenía asimismo participación en el ferrocarril. La línea Barcelona / Mataró fue muy rentable en sus inicios y su éxito se debió más al transporte de pasajeros que al de mercancías, al menos en sus primeros años.
Se había otorgado la concesión del ferrocarril de Madrid a Aranjuez con una distancia de 59 km en abril del año 1845. Comenzaron las obras en el año 1846, pero hubieron de interrumpirse a causa de la crisis económica y a la deficiencia de la dirección de la obra, así como a dificultades de tipo político.
La tercera línea ferroviaria será de Sama de Langreo a Gijón con una distancia de cuarenta km. Su concesión se da en el año 1845, aunque su construcción se inició en el año 1850 y su entrada en funcionamiento se dio en el año 1855. Su finalidad era la de transportar carbón desde la cuenca minera asturiana hasta el mar, donde era embarcado fundamentalmente para Inglaterra.
El ritmo de construcción del ferrocarril fue muy lento en estos primeros años, de tal manera que hasta el año 1855 solo se habían construido 475 km de vía. En los años posteriores las obras tomaron un impulso considerable y en el año 1868 se habían puesto ya en explotación otros 4.899 km.
La construcción y la explotación del ferrocarril se dejó a la iniciativa privada y sólo se salvó el principio jurídico de que los caminos de hierro pertenecían al Estado en virtud del dominio del suelo, por lo cual las compañías venían a ser sólo usufructuarios hasta tanto durasen las concesiones.
Hasta la ley de ferrocarriles aprobada en el año 1955, la normativa sobre esta cuestión fue confusa y a veces contradictoria, pero a partir de esa fecha se establecieron unos criterios que permitieron su crecimiento en los años siguientes.
LA ENSEÑANZA Y LAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS
La convicción de los conservadores de que el orden era la consecuencia de una centralización uniforme y de un riguroso control por parte del Gobierno en nada se evidenció más claramente que en el sistema educativo.
La reforma fue promulgada mediante el Real Decreto del diecisiete de septiembre del año 1845, y en él se limitaba la libertad de enseñanza, que quedaba condicionada por las exigencias del bien público.
La enseñanza primaria apenas sufría modificaciones por el que se llamó Plan Pidal, pero en el que respecta a la segunda enseñanza, se organizaban unos centros docentes específicos, que eran los Institutos, cuyo control en algunos casos pasaban a depender de las Universidades y en otros de las autoridades provinciales. En ellos se impartían tres niveles diferentes:
- El que capacitaba para la realización de estudios universitarios.
- El que se dedicaba a todos los cursos elementales.
- Aquel en que sólo se exigía una parte de estos cursos.
El sistema de selección del profesorado quedó establecido mediante la oposición y se estableció el escalafón del cuerpo docente, encabezado por los catedráticos, cuyo número ascendía a 300 en toda España con los que colaboraban los profesores auxiliares, muy numerosos y muy mal retribuidos.
Se crearon también en las Universidades las Escuelas Especiales, destinadas unas a impartir enseñanzas técnicas superiores y otras a impartir estudios medios, como Bellas Artes y Comercio.
Estas reformas se completaron con la ley de Instrucción Pública que se publicó en el año 1857 por el ministro de Fomento, Claudio Moyano.
En todo lo referido a la enseñanza universitaria, esta ley establecía la división de los estudios en cinco Facultades: Filosofía, Ciencias, Medicina, Derecho y Farmacia. En la enseñanza secundaria se establecía también el cuerpo de catedrático de Instituto, cuya selección se haría igualmente por el sistema de oposición. La dedicación y la competencia de este profesorado no corrían parejas a su escasa retribución y a la consideración social de que eran objeto.
El número de maestros de primera enseñanza creció a partir del establecimiento de la Escuela Normal en Madrid y en otras Universidades. Sin embargo, su número insuficiente para atender a una población cuyo índice de escolarización era muy bajo.
Las importantes reformas educativas de esta época fueron contestadas por los progresistas y por los ultraconservadores. Para los liberales radicales el sistema de enseñanza que se creaba bajo el rígido control del Estado, limitaba la libertad de pensamiento, mientras que para los ultraconservadores significaba la secularización en un país que era esencialmente católico.
La polémica desembocó en la llamada cuestión universitaria, en la que participaron, por una parte los krausistas encabezados por Sanz del Río, y los neotomistas por otra, entre los que había que contar a Aparisi Guijarro y Navarro Villoslada.
Los krausistas seguían una doctrina introducida en España en los primeros años del reinado de Isabel II y procedía de Alemania. Sanz del Río estuvo en Alemania para estudiar las principales escuelas de conocimiento y volvió a España para explicarlas.
Se trataba de romper con el monopolio que en el terreno intelectual y educativo habían alcanzado los conservadores, al ocupar las más importantes cátedras y la dirección de los centros culturales más relevantes, como el Ateneo de Madrid.
La filosofía de Krause se basaba más en los valores éticos que en los principio teóricos. Trataban de lograr la realización de YO mediante la autodeterminación de la voluntad, que es la única fuente de moralidad.
La autorrealización moral del individuo implica la autonomía de la voluntad, cosa que estaba en contradicción con una concepción dogmática de las relaciones del hombre con Dios que se impone a través de los mandamientos.
La doctrina krausista no niega a Dios, aunque concibe un deísmo casi panteísta, pero no se muestra de acuerdo con las religiones positivas. De todas formas, sus planteamientos eran bastante confusos y sus principios difíciles de captar.
Frente a la difusión de la doctrina krausista, el catolicismo tradicional trataba de adaptarse a la nueva realidad social y política de su tiempo. Sus figuras más representativas fueron Donoso Cortés y Jaime Balmes. Balmes tuvo una visión más realista de los fenómenos sociales de su tiempo y se esforzó por reanimar con elementos nuevos el tradicional pensamiento católico.
En esta segunda parte veremos la larga lista de amantes de Isabel II y el papel del rey Francisco de Asís.
La vida de Isabel II se basa en una fiesta continua. Se acostaba a las cinco de la mañana y se levantaba a las tres de la tarde. Este modo de vida levantaba fuertes críticas en la sociedad española.
El primer amante oficial fue el general Serrano [6] a quien Isabel II le calificaba “el general bonito”, y producía un auténtico escándalo porque la reina lo perseguía por todos los cuarteles de Madrid. Llegó a tal nivel el escándalo, que el ejército decidió trasladarlo fuera de Madrid.
Otros amantes reconocidos son el cantante José Mirall, cuya voz entusiasmaba a la reina. El conocido compositor Emiliano Arrieta [7], el coronel Gándara, también Manuel Lorenzo de Acuña, marqués de Bedma. Destaca el capitán José María Arana, conocido como “el pollo Arana”, en esta relación hay una anécdota, que su marido Francisco de Asís, un día le dijo a la reina que tuviera cuidado con el pollo Arana, que le estaba poniendo los cuernos. Lo ascendió a coronel y le otorgó la Cruz Laureada de San Fernando. Fruto de esa relación nació la infanta Isabel, que sería llamada popularmente la Araneja y también la Chata.
Otra relación también muy conocida fue con el capitán de ingenieros Enrique Puig Moltó [8] conocido como “el pollo real”, que fue el padre de Alfonso XII, al que llamaron puigmolteño. Se dice que un día hablando Isabel con su hijo Alfonso XII le dijo “Hijo mío, la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía”.
Otro amante reconocido fue el general O´Donnell que había llegado al poder con la Vicalvarada, iniciándose un periodo histórico conocido como el bienio progresista, dirigido dicho gobierno por la Unión Liberal [9] (1854-1856). O´Donnell se sintió atraído por Isabel II y ésta le respondía, cultivando un amor platónico, que aumenta su comprensión y confianza mutua.
La diferencia de edad entre ambos, veintiún años no les importaba nada. Sin embargo, este entendimiento fue cambiando por la influencia conservadora, que ejercían sobre la Reina, el padre Claret y sor Patrocinio, conocida como la monja de las Llagas, que intentaban neutralizar las medidas liberales que el gobierno de O´Donnell tomaba sobre la Iglesia. Esto llevó, a que Isabel II humillara públicamente a O´Donnell, provocando su cese.
Cabe destacar la anécdota, de que en el año 1860, O´Donnell va a despedirse de Isabel II antes de iniciar una nueva guerra en Marruecos, la Reina le dice cariñosamente que si ella fuera hombre iría con él. Francisco de Asís que estaba presente, añadió “lo mismo te dijo O´Donnell, lo mismo te dijo”.
Otros amantes fueron el secretario Miguel Tenorio; el cantante Tirso Obregón; José de Murga y Reolid, marqués de Linares por concesión real; el gobernador de Madrid y posterior ministro de Ultramar, Carlos Marfori y Calleja, que le acompañará a París cuando se exilia por el triunfo de la Gloriosa de 1868. El capitán de artillería, José Ramón de la Puente.
EL REY FRANCISCO DE ASÍS
Mientras todo esto sucedía su marido Francisco de Asís y Borbón tuvo un amigo de por vida, Antonio Ramón Meneses, con el que convivió toda su vida. Ante los continuos amantes de Isabel II, los asumió con naturalidad. Por el reconocimiento de la paternidad de los hijos de Isabel II, recibía a cambio un millón de reales por hacer la presentación de cada uno de ellos.
Una copla popular decía de Francisco de Asís:
Gran problema es en las Cortes
Averiguar si el consorte
Cuando acude al excusado
Mea de pie o mea sentado
Destacaba por su capacidad de intrigar en las Cortes, su gusto por las conspiraciones, su tendencia a clericalizar el juego político mediante el apoyo a personajes oscuros de la Iglesia. Debe destacarse el papel del confesor del rey, el padre Fulgencio y de sor Patrocinio, que ejercieron una nefasta influencia en las relaciones entre ambos cónyuges.
Francisco de Asís prefería el palacio segoviano de Rio Frío a la cercanía de su esposa en el Palacio Real de Madrid. Ya en el exilio se instaló en Epinay retirado de la vida pública y dedicada a su afición a los libros y al coleccionismo de obras de arte, hasta que muere en 1902, dos años antes que la Reina.
[1] Son todos aquellos bienes, ya sean muebles o semovientes, que se encuentran perdidos, abandonados o deshabitados y sin saberse su dueño. Los bienes mostrencos al estar vacantes y carentes de dueño son susceptibles de adquisición por ocupación. No obstante, esta regla general que resulta de fácil aplicación tratándose de bienes muebles o semovientes, requiere ciertas matizaciones cuando se trata de inmuebles, pues en estos casos, los inmuebles deshabitados, abandonados o sin dueño conocido se adjudicarán al Estado.
[2] Al terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño. Los bienes baldíos son imprescriptibles, es decir que no son susceptibles de adquirirse en proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio.
[3] Es la calificación jurisdiccional que tienen los lugares dependientes directamente del rey, es decir, cuyo señor jurisdiccional es el mismo rey. Se utiliza como término opuesto al señorío. Es propia del Antiguo Régimen en España, pero similar a la situación del resto de Europa occidental. El uso del término realengo no implica que el rey sea el propietario de las tierras, que tienen sus propietarios alodiales, obligados a pagar al rey los impuestos y cargas que correspondan. Lo que sí tiene el rey es la potestad de dar en señorío (por merced o venta) ese lugar a un noble o eclesiástico.
[4] La alcabala fue el impuesto más importante del Antiguo Régimen de España que gravaba el comercio y era el que más ingresos producía a la Hacienda Real, pues aunque el diezmo era aún más importante, su perceptor principal era la Iglesia, con participación del rey. En su origen era un impuesto local, administrado por los concejos. Existen noticias de estas alcabalas locales desde el siglo xi, que posiblemente imitaban algún impuesto previamente existente en la España musulmana.
[5] Sisa es un tipo de tributo que se paga por razón de las cosas vendidas o mantenimientos que constan de peso y medida.
[6] Francisco Serrano y Domínguez, duque de la Torre y conde consorte de San Antonio, fue un militar y político español que ocupó los puestos de regente, presidente del Consejo de Ministros y último presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española.
[7] Juan Pascual Antonio Arrieta Corera (Puente la Reina, Navarra, 20 de octubre de 1821 – Madrid, 11 de febrero de 1894) fue uncompositor español del siglo XIX, con una destacada producción teatral y cuya mayor contribución a la música española fue su papel en el afianzamiento de la zarzuela como género.
[8] Enrique Puigmoltó y Mayans (1827-1900), III conde de Torrefill y I vizconde de Miranda, fue un militar y aristócrata español, oriundo de Valencia. Según diversos historiadores Puigmoltó fue favorito de Isabel II, atribuyéndosele la paternidad del rey Alfonso XII de España.
[9] La Unión Liberal fue un partido político de la segunda mitad del siglo XIX fundado por Leopoldo O'Donnell en 1858. La Unión Liberal se agrupaba en torno a la personalidad de O'Donnell y a la mano férrea de su Ministro de Gobernación, José Posada Herrera. Al mismo pertenecieron también figuras como Francisco Serrano Domínguez, Juan Manuel de Manzanedo, Juan Prim, Manuel Silvela y el mismo Antonio Cánovas del Castillo entre otros.
La Unión Liberal como el resto de partidos de notables de la época contaba con una prensa afín, como La Época y El Diario Español y, en menor medida, La Correspondencia de España y El Clamor Público.
