@jgonzalezok | La presidente argentina, Cristina Fernández, se tomó 15 días para acusar recibo de las graves denuncias contra su difunto marido, Néstor Kirchner, en el programa de mayor audiencia en la televisión argentina, Periodismo Para Todos. La acusación fundamental es la existencia de un testaferro del ex presidente, el cobro de comisiones ilegales y todo un esquema para lavar el dinero. Este esquema habría empezado cuando Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz y continuaría a mayor escala cuando llegó a la presidencia, en 2003.
La presidente no contestó directamente, pero defendió la gestión de su marido en la provincia patagónica: “hicimos rutas, caminos, aeropuertos, infinidad de cosas, y lo hicimos a partir de una convocatoria amplia, no importaba dónde militabas, lo importante era que Santa Cruz fuera para adelante”. Al presentar nuevas obras en la provincia, aseguró que “nadie va a robar nada porque vamos a controlarlo todo”. Esta frase fue la que más se acercó a una referencia a las denuncias de las que habla todo el país desde hace dos semanas. Y, echando mano de una vieja frase de Perón, añadió: “todos somos buenos, pero cuando nos vigilan, somos mejores”.
La investigación periodística sobre el dinero de los Kirchner arroja cada día nuevas sospechas, algunas respaldadas con documentos. Ahora le llegó el turno a Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, un histórico del kirchnerismo, denunciado por una empresaria de recibir el 30% de coima (soborno) por cada obra pública adjudicada. También se le adjudica llevar directamente los negocios con Venezuela, a través de una virtual embajada paralela.
La respuesta de De Vido fue atacar al denunciante, el periodista Jorge Lanata, pero sin rebatir los datos: “ningún monopolio ni ningún empleado de los monopolios nos va a hacer retroceder un solo paso en este proyecto de transformación”. El ministro hace referencia al Grupo Clarín, que suele ser aludido también por el oficialismo como medio hegemónico.
De Vido también criticó a “algunos ex gobernadores que ahora descalifican este proyecto y a la obra publica, tienen el mismo discurso que el megamonopolio y son atendidos y recibidos por sus empleados”, afirmó. Hacía referencia al ex gobernador santacruceño Sergio Acevedo, que dimitió por no querer ser cómplice de maniobras para pagar sobreprecios en obras públicas. Y al ex vicegobernador de Kirchner, Eduardo Arnold, que relató que el matrimonio presidencial había construido una gigantesca caja fuerte en su casa para guardar el dinero en efectivo.
En el centro de este escándalo está Lázaro Báez, el supuesto testaferro de Kircher que, cuando conoció al entonces gobernador era un simple empleado del Banco de Santa Cruz y que hoy es un empresario magamillonario. A pesar de las denuncias, ningún juez o fiscal tomó hasta ahora ninguna medida para investigarlo. Hasta ahora solo han sido sometidos a averiguaciones dos engranajes menores, un financista y un valijero, es decir, quien supuestamente lavó el dinero y quien se encargaba del transporte del efectivo, preferentemente en euros, con billetes de 500. Ambos fueron los que aportaron buena parte de los datos para sostener la investigación periodística, aunque tardaron poco en arrepentirse, presumiblemente por presiones difíciles de soportar.
También se conoció otro dato que salpica al gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera: en 2008 un banco envió a dicho organismo un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), por un movimiento de 54 millones de pesos en una financiera ligada a Báez. El reporte fue archivado y nunca se pasó la información a la Justicia.
La lentitud del gobierno para investigar a Báez es asombrosa. La Procuradora General –jefe de los fiscales-, Alejandra Gils Carbó, nombró a dedo, por fuera de los procedimientos establecidos, a nuevos fiscales. En concreto al titular de la nueva Procuraduría encargada de investigar casos de lavado de dinero. Y la primera iniciativa que tomó fue pedir informes sobre el caso a la Bolsa de Comercio, pero excluyendo a Báez. Para la oposición, Gils Carbó debería haber actuado de oficio, de manera inmediata.
Lázaro Báez, el empresario que se hizo con todas las licitaciones de la provincia de Santa Cruz, negó en un comunicado todas las acusaciones y anuncia querellas criminales contra los testigos y supuestos cómplices.
El Consejo Nacional del Partido Justicialista, por su parte, apoyó a la presidente y acusó a “grupos económicos y mediáticos concentrados de crear un clima destituyente e inventar causas judiciales”. En una respuesta clara al escándalo de Lázaro Báez, el peronismo oficial –hay otros sectores que están enfrentados al kirchnerismo- afirmó que no es casualidad que se inventen causas judiciales “en esta inmensa maquinaria de desprestigio latente, para provocar debilitamiento e inducir al caos y la anarquía”.
El kirchnerismo debe cerrar filas de cara a las elecciones de octubre, cuando se renuevan parcialmente las dos cámaras del Parlamento. Sobre todo ahora, cuando al incierto clima económico se le suman las acusaciones de corrupción. La popularidad de la presidente ha disminuido y, según un informe de la encuestadora Managment & Fit, un 37,8 % de las personas que la votaron en 2011, no quieren que el kirchnerismo gane esta próxima elección. Solo el 26,3% de los consultados manifestaron tener una buena imagen de la mandataria. Pero, para consuelo del gobierno, ninguna figura en la oposición surge para hacerle sombra.
