Inflación y dólar, esas son las dos grandes pesadillas del gobierno argentino, que provocaron reuniones al más alto nivel. Lo primero que hizo Cristina Fernández al regresar de su viaje a Roma, donde asistió a la inauguración del papado de Francisco, fue convocar a su equipo económico y anunciar medidas que desandan el camino iniciado hace un par de años. Después de mucho tiempo ignorando la inflación –al menos de un 25 % el año pasado-, la mandataria asume que es un problema grave y anunció que se podrían abrir de nuevo las importaciones, para obligar a las empresas a bajar los precios.
El primero de febrero había entrado en vigor un congelamiento de precios en los supermercados y tiendas de electrodomésticos, por un período de 60 días, pero lo único que se ha conseguido fue limitar los aumentos. Fue aquél un acuerdo verbal que llevó aparejado la imposición gubernamental de prohibir a los supermercados la publicidad en los grandes medios.
La jugada, a dos bandas, pretendía controlar los precios y al mismo tiempo provocar un quebranto económico a los medios independientes del gobierno, al punto de hacer peligrar su supervivencia. Los medios oficialistas no se vieron afectados, ya que viven de la publicidad del Estado, que el gobierno niega a los medios que considera críticos. La presidente ha asegurado, contra toda evidencia –cayeron las ventas-, que la medida había significado un aumento significativo en el margen de rentabilidad de las empresas.
La posibilidad de levantar las barreras a las importaciones, que llevaron a Argentina a ser denunciada ante la Organización Mundial de Comercio y a numerosos reproches de sus principales socios comerciales, sería limitada a sectores virtualmente monopólicos y, por tanto, sin competencia.
“En los próximos días vamos a discutir y, si es necesario, tomar medidas tales como las de hacer una apertura de determinados productos”, puntualizó Cristina Fernández, al hacer alusión a una medida ortodoxa o neoliberal. La presidente sostuvo que la economía argentina no está cerrada o aislada del mundo. Y se permitió la ironía de afirmar: “hasta han nombrado a un papa argentino y dicen que estamos aislados del mundo”.
Desde que en 2011 Argentina dejó de ser autosuficiente en materia energética, toda la política económica del gobierno está supeditada a conseguir los dólares necesarios con los que pagar la factura por la importación de gas y petróleo. En el 2013 se estima que será de 14.000 millones de dólares, 3.000 millones más que en el año anterior. Y a eso hay que sumar las obligaciones de la deuda externa. De ahí surgió el cepo al dólar, que comenzó en octubre del 2011 y que ha provocado el surgimiento de un mercado negro; y después, el cerrojazo a las importaciones. En realidad, esta coyuntura sirvió además para encarar algo muy enraizado en el peronismo: la protección de la industria nacional mediante la sustitución de importaciones.
La necesidad de dólares llevó también a presionar a los productores de soja –principal exportación argentina- para que vendan rápidamente sus cosechas y pasen por caja, ya que se calcula que cubren el 40 % de las divisas necesarias para pagar la factura energética. Como muchos exportadores están reteniendo sus stocks, esperando un mejor momento para su negocio, están recibiendo la visita de la AFIP, la Hacienda argentina, que utiliza hasta la vigilancia aérea para descubrir si tienen almacenado el producto de la cosecha.
En el gobierno están convencidos de que buena parte de la brecha cambiaria se debe a maniobras del sector del campo, para lograr una devaluación que haga más rentables sus exportaciones. El diputado Agustín Rossi, presidente del grupo parlamentario oficialista, lo expresó de este modo: “Todos los años para esta fecha aparecen estas movidas especulativas de intereses mezquinos, que promueven una devaluación abrupta del peso. En ese objetivo confluyen parte del sector financiero, la industria más concentrada y ciertos eslabones de la cadena agroexportadora”.
En el gobierno también preocupa que la cosecha de este año sea menor de lo estimado, con el consiguiente bajón en la recaudación. De los 55 millones de toneladas de soja que calculaba el Ministerio de Agricultura en enero, se pasó a 51,3. Y entidades privadas como la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hablan de 48 millones de toneladas, en el mejor de los casos. En 2012, las exportaciones agropecuarias en su conjunto fueron de 30.000 millones de dólares, de los que 8.308 fueron para el Estado, vía retenciones.
La brecha entre el dólar oficial y el blue, que es como se conoce al negro o paralelo, llegó a ser esta pasada semana muy preocupante. En las llamadas cuevas, el dólar negro llegó a cotizarse el pasado miércoles a 8,75 pesos, cuando el cambio oficial es de 5,12 pesos, es decir, una brecha de más del 70 %. Según relató el diario Clarín, el inefable secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, habría llamado a Alfredo Piano, banquero y propietario de la casa de cambio más conocida en el país, con el siguiente mensaje: “decile a los muchachos que quiero hoy el dólar a 6 pesos”. Pero lo único que se consiguió fue cierta paralización en las operaciones al margen del circuito oficial.
El 1º de abril, en principio, cesaba el acuerdo de congelación de precios, pero el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aseguró que se prorrogará por lo menos otros 60 días. El funcionario, al mismo tiempo, sigue presionando a los bancos para que reduzcan sus comisiones en la venta con tarjetas de crédito, con la amenaza de obligar a los supermercados a trabajar con una sola tarjeta, que emitiría el Banco Nación, y que cobraría un 1 % a los comerciantes, dos puntos menos que las tarjetas tradicionales.
En un año electoral –en octubre se renuevan parcialmente las dos cámaras del Parlamento-, el gobierno tiene que controlar la inflación, que con la inseguridad son los problemas que más preocupan a los argentinos. Pero también va a tener que ser pródigo en los gastos, para estimular a sus votantes.
El hecho es que el gobierno se enfrenta a un combo indeseable: inflación, déficit fiscal y disparada del dólar, en un momento en el que está en juego la continuidad del kirchnerismo. La presidente tiene mandato hasta el 2015, pero es en octubre cuando se decide si el oficialismo va a tener la mayoría suficiente para impulsar una reforma constitucional que permita un nuevo mandato de Cristina Fernández.
