jueves. 28.03.2024
El juez Horacio Alfonso.

Es la primera gran victoria del gobierno de Cristina Fernández en su lucha contra el Grupo Clarín para imponer la Ley de Medios. El juez de primera instancia Horacio Alfonso ha dictaminado que los dos artículos de la norma que objetaba Clarín son constitucionales. Se trata del artículo 45, que establece cuántas licencias de radio, televisión y cable puede tener cada grupo, y el 161, que obliga a desprenderse de las que exceden las permitidas por la ley.

El gobierno ha ganado una importante batalla legal, pero quedan nuevos combates. Inmediatamente después de conocido el fallo, el Grupo Clarín hizo público un comunicado en el que anuncia que apelará ante instancias superiores de forma inmediata (el lunes). Y sostiene que el fallo del juez “desconoce flagrantes violaciones a los derechos constitucionales de libertad de expresión, igualdad ante la ley, legalidad, propiedad y libre competencia”. También asegura que se han ignorado contundentes elementos probatorios.

Ahora la discusión es si se mantienen o no las medidas cautelares que venían favoreciendo a Clarín. El juez parece ser claro, ya que ordenó “el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso”. Esto le dará argumentos al gobierno para actuar de oficio en el proceso de desinversión de Clarín. El juez sostiene que ya pasaron más de 3 años desde que la ley fue promulgada, un plazo razonable para que Clarín elabore un programa progresivo de adecuación a la norma.

Pero el Grupo Clarín sostiene que el fallo no permite ningún avance del gobierno sobre las licencias del grupo y que el levantamiento de la cautelar dictado por el juez no resulta efectivo hasta que se pronuncie la Cámara Federal Civil y Comercial, que es la instancia superior.

Martín Sabbatella, titular de la AFSCA (Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), había anunciado hace unos días, que inmediatamente que cayera la cautelar, se presentaría en persona en las oficinas de Clarín notificando que debían comenzar el proceso de desinversión. Ahora, declaró que con el fallo del juez Alfonso “se terminan las cautelares y hay que aplicar la ley”. Y que estaba planificando los pasos a dar.

Más allá de la sentencia, el caso Clarín tiene dos lecturas, una técnica-jurídica y otra política. En principio, la Ley de Medios es una ley antimonopolios, que establece límites en el número de licencias de radio, televisión y servicios de cable. Tiene algunos objetivos irreprochables, como la reserva de un espacio importante del espacio radioeléctrico para medios comunitarios y pueblos indígenas. O los cupos de producción nacional y local. Como objetivo último, democratizar el espectro de los medios audiovisuales, mediante la puesta en marcha de más voces.

Pero la voluntad del gobierno de que estas voces sean independientes y haya, por tanto, más democracia, está en serias dudas si echamos un vistazo a la práctica habitual en estos últimos años. Los canales oficiales, Radio Nacional, Canal 7 y Agencia Télam, son sectarios. En Radio Nacional, donde cada emisora tiene programas propios, locales, durante casi todo el día, hay un proyecto que se contradice con la idea de más voces: se estudia hacer una cadena en el sector matinal, a cargo del presentador del televisivo 6,7,8, un ejemplo de manual para manipuladores, para controlar mejor la información con vistas a las elecciones parlamentarias del año que viene.

La mayoría de los nuevos medios comunitarios solo podrán sobrevivir con la publicidad estatal, que ahora mismo el gobierno solo otorga a los medios afines. Muestra de lo que pueden ser estos nuevos medios es el canal mapuche, Wall Kintun, que iba a comenzar a emitir desde Bariloche el pasado 7 de diciembre. Promocionado por el gobierno desde la Secretaría de Cultura y la misma presidencia, no comenzó a emitir por falta de cámaras, isla de edición y otros materiales técnicos indispensables. Pero se había anunciado que su primera transmisión sería con la película de Néstor Kirchner, y que se alimentaría de contenidos del canal estatal y de radio Nacional.

Clarín es un gigante que, en algunas ocasiones abusó de su posición dominante, gracias a su crecimiento extraordinario. Creció con todos los gobiernos, civiles y militares, aunque también atravesó graves dificultades. Pero el gran impulso se lo dio, curiosamente, Néstor Kirchner: en 2005 le renovó por diez años las licencias audiovisuales del grupo y tres días antes de abandonar el cargo, el 7 de diciembre de 2007, firmó la autorización para la fusión de Cablevisión y Multicanal, dando lugar al mayor operador de televisión por cable en Argentina. Es ahí donde el grupo tiene su mayor fuente de ingresos.

La relación entre Clarín y el gobierno fue cordial durante todo el gobierno de Néstor Kirchner. Pero el conflicto del campo, al comienzo de la primera presidencia de Cristina Fernández, fue el detonante para la ruptura. Y fue el comienzo de una guerra que ha ocupado el centro de la agenda política, por encima de problemas serios, como la inflación o la inseguridad.

Aunque parezca increíble, no hay una información oficial de las licencias de cada grupo. Aunque en su momento se elaboró un censo, nunca se dio a conocer. No obstante, la AFSCA sostiene que el Grupo Clarín tiene 237 licencias de televisión por cable en distintas ciudades del país, y la ley solo le permite 24. Pero Direct TV, una empresa extranjera que ofrece el mismo producto, opera con una sola licencia y llega a todo el país gracias a que no usa el cable sino el satélite.

En cuanto a los canales de televisión, Clarín cuenta con TN, un canal todo noticias que es el de más audiencia de cable, y canal 13, segundo en la televisión abierta. Tendrá que optar entre uno de los dos. El problema para la libertad de expresión es que son los dos únicos canales con un enfoque independiente del gobierno.

“Clarín miente”, fue la machacona cantinela del gobierno y sus propagandistas en estos dos últimos años. “Se va a acabar la cadena ilegal del desánimo”, fue la última ocurrencia de la presidente para hablar del fin inminente de Clarín. Esto nos indica que, en realidad, de lo que se está hablando es del desagrado del gobierno con el enfoque editorial de los medios de Clarín, y no de su posición monopólica en el mercado.

En el lenguaje del gobierno, los medios concentrados y los grupos hegemónicos son el enemigo a batir. Sin embargo esa caracterización ha cambiado fundamentalmente en los últimos años, con la creación de una red imponente de medios, oficiales y alineados con el gobierno, alimentados por la publicidad oficial, aunque sin mucho éxito de audiencia o de lectura. Es por eso que necesita reducir a los medios críticos, con Clarín a la cabeza. Aunque también a los diarios La Nación y Perfil.

La pregunta es hasta dónde irá el gobierno. El sociólogo Ricardo Rouvier, encuestador con llegada a la Casa Rosada, acaba de escribir en su Facebook: “la verdadera y profunda lucha cultural no se va a dirimir en esa fecha; el logro de la emancipación subjetiva, la justicia, la libertad, solo se resolverán cuando libremos la batalla cultural que aún nos espera. Sí, vamos a dar un paso en estos días y lo vamos a celebrar. Al día siguiente vamos por los contenidos”.

El Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, daba también algunas pistas al hablar ante un grupo de jóvenes militantes. Sostuvo que el poder de los medios está en el desprestigio de la política: “estos medios hegemónicos que quieren arrogarse el derecho a ser ellos los testadores de los gobiernos están perdiendo esa influencia y la tienen que perder más en función de que debemos hacer observatorios de medios para ver qué intereses representan, para que nos avisen desde dónde hablan y se pueda decodificar ese mensaje de la mejor manera”.

El juez dictamina a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios