@jgonzalezok / Horas después de ser desplazado de la causa que investiga a la presidente argentina, por presunto lavado de dinero a través de sus empresas hoteleras, el juez Claudio Bonadio soltó la frase que titula esta crónica: “Lo digo públicamente al aire, si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque no es mi estilo”. La frase hace referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto el 18 de enero pasado, la víspera de presentar al Congreso sus conclusiones para acusar a la presidente y otros funcionarios por presunto encubrimiento de los iraníes acusados en el atentado de la AMIA.
Tras su impactante frase, el ministro de Justicia, Julio Alak, le ofreció más custodia de la Policía Federal, pero el magistrado rechazó el ofrecimiento. Ahora mismo no tiene custodia personal, pero sí hay tres policías asignados a su juzgado. En la puerta de su casa hay una garita con seguridad privada, pero se trata de un servicio para todo el barrio.
En una entrevista con Radio Mitre, del Grupo Clarín, Bonadio hizo consideraciones generales sobre el avance del gobierno sobre la Justicia. Consideró “una cosa horripilante este intento de colonización y domesticación”. Manifestó impotencia y frustración por ser apartado del caso y consideró “absolutamente falaces” los argumentos de los jueces de la sala 1 de la Cámara Federal que decidieron sacarlo de la causa.
Asimismo dijo que la prisa por apartarlo era para que no pudiera ver los documentos que había conseguido al allanar las oficinas del hijo de la presidente y del empresario Lázaro Báez. Toda la documentación viajó por tierra -2.541 kilómetros- ya que el juez no había querido enviar a los policías que viajaron desde Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas. El sigilo que requería la operación no estaba garantizado con la empresa de bandera, en poder de La Cámpora, la agrupación juvenil del kirchnerismo, cuyo jefe es Máximo Kirchner.
Las declaraciones de Bonadio, un juez que apenas habla con la prensa, fueron respondidas por el subsecretario de Justicia, Julián Álvarez: “Bonadio es un desubicado, lo que dijo es tremendo”. El funcionario añadió que, con sus declaraciones, el juez ponía el eje de la discusión en otro lugar y lo acusó de utilizar uno de los juzgados más importantes de la Argentina “para perseguir”.
También le reprochó el uso de la Policía Metropolitana fuera de su jurisdicción, para los allanamientos. El subsecretario de Justicia, no obstante, pasó por alto que es algo habitual. En los juzgados de Bahía Blanca, donde se desarrollan importantes juicios de lesa humanidad, los jueces suelen requerir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando tienen que detener a algún acusado, a pesar de que dicha fuerza no tiene jurisdicción en dicha ciudad.
La causa Hotesur, que llevaba Bonadio, cayó por sorteo en el juez Daniel Rafecas, que desestimó la denuncia del fiscal Nisman por encubrimiento del atentado de la AMIA. Especialista en crímenes de lesa humanidad, fue el primer juez del caso Ciccone, causa de corrupción que involucra al vicepresidente, Amado Boudou. Salió del caso por intercambiar mensajes de WhatsApp con un abogado defensor del acusado, donde le daba consejos. Evitó el juicio político y la destitución gracias a gestiones del propio gobierno, que logró sumarlo a sus filas.
Bonadío fue apartado de la causa Hotesur pero tiene otros casos importantes, como la investigación por el pago de sobreprecios en la importación de gas. Y este mismo viernes, cuando estaban calientes las noticias por Hotesur, ordenó allanar el Ministerio de Planificación Federal y las oficinas de YPF y Enarsa. El juez aclaró que los procedimientos fueron dispuestos antes de que lo desplazaran de la causa Hotesur.
Se trata de una vieja denuncia que involucra también a la empresa española Gas Natural FENOSA, principal proveedora de gas natural licuado a Argentina. El diario Clarín publicó hace dos años una denuncia en la que también estaría implicado Roberto Dromi, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, que tuvo papel protagonista en las privatizaciones de aquellos años. Una empresa de Dromi, con domicilio en Madrid, podría haber recibido millonarias comisiones, después de que el propio ex ministro se convirtiera en asesor del ministro Julio De Vido, el actual titular del ministerio.
Según lo que escribió entonces Clarín, entre 2010 y 2012 Gas Natural FENOSA habría pagado a la empresa de Dromi y su socio, DYSAN –Dromi y San Martino, SA-, entre 1,5 % y 2 % de comisión por cada millón de BTU, la medida utilizada universalmente. Tras la pérdida de la autosuficiencia energética, en 2010, Argentina tuvo que importar barcos con gas, que el año pasado requirieron el pago de 4.000 millones de dólares.
