@jgonzalezok / El juez Claudio Bonadio, que investigaba el negocio hotelero de la familia presidencial, por presunto lavado de dinero, ha sido apartado del caso, siendo la última víctima de una lista de magistrados y fiscales que son desplazados por investigar casos de corrupción sensibles al poder. Se lo acusa de mal desempeño de sus funciones y violar el derecho a defensa de los imputados.
Bonadio, tenía a su cargo el llamado caso Hotesur, por el nombre de la empresa que administra el negocio hotelero de los Kirchner. Lo destapó en su momento el programa televisivo de Jorge Lanata, que denunció que uno de los hoteles de la familia presidencial no cumplía algunas obligaciones legales, como presentar balances ante la Inspección General de Justicia –tenía un retraso de varios años- y no actualizaba la composición de su directorio. La dirección legal de la empresa, además, era falsa.
La candidata presidencial Margarita Stolbitzer completó después la denuncia y el juez Bonadio empezó a investigar posible lavado de dinero. Se sospecha de que miles de habitaciones pagadas por el empresario Lázaro Báez, socio de los Kirchner y uno de los grandes beneficiarios de la obra pública en estos años, nunca se habrían ocupado, en lo que parece una clásica maniobra para lavar dinero.
Esta es la causa que más preocupa a la presidente argentina, que dejará el poder dentro de cinco meses escasos. Inquieta a la mandataria porque la firma de su hijo Máximo figura en las actas de la compañía. Bonadio ya habría decidido llamar a declarar al hijo de la presidente, con el peligro de ser imputado formalmente. En las últimas semanas se decidió que Máximo Kirchner compita como candidato a diputado en las elecciones de octubre. Al ir en primer lugar de la lista tiene asegurada su elección y los fueros correspondientes a un diputado de la nación.
El senador y precandidato presidencial Eduardo Sanz (UCR) calificó de burda la maniobra de apartar a Bonadio, asegurando que “cuando corren a un juez es porque hay un delito del poder (…) Lo que hicieron es declararse culpables en un acto de grosera impunidad”.
La diputada opositora Patricia Bullrich, que preside la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, afirmó que “hasta el último minuto de su mandato van a realizar estas maniobras, que tienen como único fin la búsqueda de impunidad y mantener sometida a la justicia independiente”.
El diputado Alberto Asseff, del también opositor Frente Renovador, señaló que se apartó al juez natural de la causa Hotesur para poner otro a medida. “Es un escándalo que nos coloca a todos los habitantes a merced del poder y sin garantías”, añadió.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal que decidieron apartar a Bonadio, fueron los mismos que desecharon la acusación del fallecido fiscal Nisman contra la presidente, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado de la mutual judía AMIA (1994, 85 muertos).
En esta ocasión atendieron la petición de Romina Mercado, sobrina de Cristina Fernández y presidente del directorio de Hotesur, para declarar nula la convocatoria que el juez había hecho a peritos de la Corte Suprema para colaborar en la investigación del caso, alegando que no hubo posibilidad de las partes de designar sus propios peritos. Los magistrados de la Cámara Federal decidieron también declarar nulo el procedimiento que el juez había ordenado este pasado lunes en las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.
La decisión de la Cámara se produjo 72 horas después de que se lanzara un operativo encabezado por el juez en las oficinas de Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez, auxiliado por medio centenar de efectivos de la Policía Metropolitana enviados desde la capital.
Estos efectivos corresponden a la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en manos de la oposición. La reacción del gobierno fue acusar al jefe de gobierno porteño, y candidato presidencial, Mauricio Macri, de campaña sucia y de politizar el tema.
El juez Bonadio, Macri y otros funcionarios del gobierno de la ciudad fueron denunciados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, por el uso de la Policía Metropolitana.
El encono del gobierno con el juez Bonadio no está exento de motivos. El año pasado, además de ordenar el primer allanamiento por el caso Hotesur, mandó a juicio oral al vicepresidente, Amado Boudou, al ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime, y al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Pero no siempre fue tan mala su relación con el gobierno. Hace tiempo archivó la causa abierta contra el fallecido Néstor Kirchner por la compra de dos millones de dólares, una controvertida operación en la que podría haber tenido información privilegiada, ya que días después el dólar se disparaba. Y en 2010, Diana Conti, la diputada ultrakirchnerista que pasará a la pequeña historia de estos años por haber pedido una “Cristina eterna” dijo de él en declaraciones al diario La Nación: “Claudio es para mí un ejemplo de juez independiente, resuelve de acuerdo a sus convicciones de siempre”.
El caso de Bonadío recuerda el caso del juez y el fiscal del caso Ciccone, en el que el vicepresidente, Amado Boudou, enfrenta graves acusaciones de corrupción. Los dos fueron defenestrados después de que se ordenara el allanamiento de unas oficinas del supuesto testaferro de Boudou. En la acometida del vicepresidente cayó también el Procurador General, es decir, el jefe de los fiscales.
Solo hace unos días fue apartado otro juez, Luis Cabral, cuando estaba a punto de votarse sobre otro tema clave para el gobierno: la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán, ligado a la acusación del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidente y otros funcionarios.
En las últimas semanas hay un verdadero pulso entre el gobierno y el poder judicial. El gobierno impulsó una ley que le permite nombrar a dedo jueces suplentes. Cambió el Código Procesal Penal para dar mayor poder a los fiscales, que pueden ser mejor controlados. Y está tratando de llenar de militantes el poder judicial.
Pero la disputa viene de antes, sobre todo desde 2006, cuando logró reformar el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado del nombramiento de los jueces. En ese momento logró romper el equilibrio que existía a favor del gobierno. Y en el medio, numerosas batallas en las que no faltaron acusaciones, incluso de golpismo, dirigidas al único que poder que todavía no logró controlar en su totalidad.
