La última víctima del gobierno, y el que motivó la movilización, es el juez Luis Cabral, de impecable actuación durante la dictadura, donde presentó numerosos habeas corpus y defendió presos políticos
@jgonzalezok | El Palacio de Tribunales en Buenos Aires fue el escenario este martes de la última manifestación contra el avance del gobierno sobre la justicia. Diversas organizaciones reaccionaron ante el desplazamiento de varios jueces y fiscales que tenían a su cargo causas que investigaban al poder, violentando las normas y la garantía constitucional del juez natural. Y su sustitución por otros políticamente confiables y, en muchas ocasiones, sin los requisitos mínimos de idoneidad.
La última víctima del gobierno, y el que motivó la movilización, es el juez Luis Cabral, de impecable actuación durante la dictadura, donde presentó numerosos habeas corpus y defendió presos políticos. Integraba la Cámara Federal de Casación Penal, que estaba a punto de votar sobre la constitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán. Este acuerdo fue denunciado en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman, que acabó acusando a la presidente por presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA, la mutual judía volada en 1994.
El gobierno supo que Cabral iba a votar en su contra. De los otros dos jueces que integraban con él la Cámara, una votaría a favor y otro en contra, con lo que el gobierno iba a ser derrotado en esta causa crucial. Fue removido por un simple acto administrativo, sin juicio político. Y fue reemplazado por otro juez también subrogante. Se trata de Claudio Vázquez, reconocido militante kirchnerista y amigo del secretario de Justicia, Julián Álvarez. Su currículum dice que es abogado y solo tuvo tres trabajos. Primero, en una empresa de neumáticos, después fue asesor en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y, por último, abogado con estudio propio. Es decir, no tiene ninguna experiencia en derecho penal.
Esto ha sido posible gracias a una nueva ley por la que el gobierno puede nombrar jueces suplentes con los votos de la mayoría de los presentes en el momento en que se reúna el Consejo de la Magistratura. Se aprovechó la ausencia de uno de sus integrantes, que estaba de viaje en Nueva York. Mientras que otro vio con sorpresa cómo se cancelaba su vuelo por presuntas malas condiciones meteorológicas, aunque el tiempo era óptimo. Los dos ausentes formaban parte del Consejo de la Magistratura por parte de la oposición.
Aproximadamente un 25 % de los jueces de todo el país son provisionales, hasta que haya un juez titular, que tiene que tener el acuerdo de los dos tercios del Senado. Esta proporción no se mantiene en la nueva ley para los jueces subrogantes, por lo que muchos juristas señalan que es anticonstitucional. También se acusa al gobierno de mantener un numeroso grupo de jueces suplentes que, por la inestabilidad en el puesto, son susceptibles de ser presionados.
Un artículo en el diario La Nación del ex magistrado Ricardo Gil Lavedra –integró el tribunal que juzgó a los militares de la dictadura-, que tituló El Estado de Derecho está en peligro, afirmó que la polémica desatada por la remoción de Cabral “ha puesto en evidencia la clara intención del Gobierno de ocupar ciertos cargos judiciales estratégicos con jueces adictos. La maniobra consiste en designar jueces subrogantes a personas que no reúnen los requisitos exigidos por la Constitución respecto de su idoneidad e independencia”.
El caso de Cabral no es el único. En Tucumán fue apartado el fiscal Gustavo Gómez, que investigaba al recientemente retirado jefe del Ejército, general César Milani, por la presunta desaparición de un soldado durante la dictadura. El argumento utilizado para su separación fue habría dejado de ser imparcial. También fue apartado el juez Santiago Ulpiano Martínez, de la ciudad de Bahía Blanca, que tenía a su cargo una causa por corrupción relacionada con Lázaro Báez, el empresario socio y/o testaferro de la familia Kirchner.
El caso más resonante de corrupción, que involucra al vicepresidente, Amado Boudou, se cobró en su momento tres víctimas: el juez, el fiscal y el Procurador General de la Nación, es decir, el jefe de todos los fiscales.
Otra gran ofensiva se produjo en 2014 contra el fiscal José María Campagnoli, que se atrevió a investigar a Lázaro Báez y a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, que fue grabado en una escucha telefónica tratando de lavar 300 millones de dólares a favor del empresario patagónico. En este caso se intentó someter al fiscal a un juicio político, aunque no prosperó.
Pero las maniobras no solo se ejercen sobre los jueces. La reciente reforma del Código Procesal Penal, supone que se pasó a un sistema en el que las investigaciones ya no correrán por cuenta de los jueces, sino de los fiscales. Y la ley dejó en manos de la procuradora la designación de fiscales ad hoc en las causas que interesen al poder, fundamentalmente las relacionadas con corrupción
El inminente fin de ciclo del gobierno kirchnerista –Cristina Fernández dejará la presidencia el 10 de diciembre- está acelerando las medidas para tratar de protegerse en el futuro, fuera del gobierno y sin fueros. En este marco se encuadra, por ejemplo, la decisión de crear una Cámara Federal de Apelaciones en la pequeña localidad de Comandante Luis Piedrabuena -4.000 habitantes-, provincia de Santa Cruz, donde deberían ir a parar las apelaciones de los casos que más preocupan a los Kirchner. En la provincia, la justicia está colonizada por la familia presidencial desde la época en que Néstor Kirchner fue gobernador. Se da la circunstancia de que hay incluso una sobrina de Kirchner que es fiscal.
Ricardo Ricondo, presidente de la Asociación de Magistrados, único orador de la movilización ante el Palacio de Tribunales, afirmó que la nueva ley de subrogancias “es una máquina para fabricar jueces inestables a la medida de los deseos del poder político”. El magistrado también afirmó que “la única justicia legítima –nombre que adoptó una asociación de jueces y magistrados kirchneristas- es la justicia independiente”. El gobierno minimizó la marcha y aludió a razones políticas de los organizadores.
