El hombre es un animal político. No lo digo yo sino Aristóteles desde hace ya cerca de veinticinco siglos. Ahora, hubiera incorporado también a la mujer en ese animalario social.
Desde que el filósofo griego lo formulara, es generalmente admitido el que las personas están relacionadas con su entorno social, la ciudadanía, y por ende, con el Estado, su organización política. Por ello, la ideología de cada persona, el bagaje de conocimientos y sentimientos que posee, está condicionado por ese entorno. También por las ideas políticas. Hasta las personas que se consideran "apolíticas" están sometidas a ese proceso, auténticamente simbiótico, en el que influyen y son influenciadas por su entorno.
Los jueces, incluso, insisto, los "apolíticos" son animales políticos. Porque, antes de que aprueben la oposición correspondiente, aún antes de que cursen sus estudios jurídicos, son ciudadanos. Y tienen su corazoncito en algún lugar del mapa ideológico, y político.
En España no hay un registro oficial de magistrados donde se les clasifique por su ideología, al menos, que yo conozca, pero hay datos que pueden aproximarnos a esa realidad. El cuarenta por ciento de las juezas y jueces españoles está afiliados a una asociación y, de estos, solo el veinticinco por ciento lo está a la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia. Es decir, se mida como se mida, solo entre el diez y el veinticinco por ciento del colectivo judicial pueden ser considerados como progresistas. Así pues, a no ser que se sospeche que los magistrados progresistas son reacios a asociarse, no es disparatado decir que la amplia mayoría de jueces españoles son conservadores.
Y esto, que puede ser explicado por diversas razones, ideológicas, ya que, al fin y al cabo, un juez tiene que defender el orden establecido por las normas, administrativas, porque las oposiciones son controladas por jueces anteriores, económicas, por el coste del tiempo que se emplea en sacar la oposición o, incluso, familiares, en los muchos casos de que son hijos de jueces los que nutren muchas de esas oposiciones, constituye una realidad difícilmente negable.
Aunque, también es verdad, que ha sido la democracia quien ha conseguido que, al cabo de cuarenta años de practicarla, tengamos esa proporción, aún minoritaria, de jueces progresistas. Al inicio de esa democracia, y hablando de animales políticos, un juez progresista era más raro que un perro verde.
Con estas premisas, los partidos conservadores españoles, PP, Vox y Ciudadanos, propugnan la despolitización de la justicia. Quieren, con eso, que los nombramientos de jueces en España no pasen, como ahora, por un proceso en el que el Congreso de los Diputados, con su diversidad política, pueda elegir magistrados de, también, diversidad ideológica. No. En su lugar, proponen que a los nuevos jueces les elijan los antiguos jueces, esos que son, en su mayoría, conservadores.
Invocan, para ello, la separación de poderes para crear una burbuja donde los jueces no sufran ninguna interferencia de los políticos. Pero, ¿no podrían los políticos pedir otra burbuja en la que no sufrieran ninguna interferencia de los jueces? ¿Y tampoco de los ciudadanos? Porque, esas "interferencias de los ciudadanos", las sufren los políticos a través de elecciones libres en las que los ciudadanos eligen a sus representantes que terminan ocupando los escaños del Congreso y del Senado. Se llama democracia y está consagrada por la Constitución Española.
Esa misma constitución es la que determina el papel de las Cortes en los nombramientos de los componentes del Consejo General del Poder Judicial, clave de bóveda de la arquitectura de nombramientos de jueces en España. Para que la diversidad ideológica que existe en la sociedad se traslade, a través de sus representantes políticos, al poder judicial. Y, hay que tener en cuenta que el alto cuórum que se exige en el Congreso para esta elección satisface en gran medida esta diversidad.
Otra cosa es que se pueda discutir el excesivo peso de los partidos políticos en ese proceso, incluso el que solo dos grandes partidos puedan cubrir ese cuórum, pero eso afecta no solo a esa decisión si no a todas las que puede adoptar el Congreso. ¿Habrá que decir al electorado que dispersen más su voto? Bien, pues háganlo los partidos minoritarios, pero eso no tiene que ver con que los jueces se deban abstraer de la soberanía popular, y de su diversidad social y política.
Porque, ¿aceptarían los promotores de la despolitización de la justicia una ley de proporcionalidad ideológica, y política, que objetivara los nombramientos de jueces si se hicieran sin intervención de las Cortes? Al fin y al cabo, en un estado de derecho hasta los jueces deben estar sometidos a la norma.
Sin esa intervención de las Cortes, o de una norma objetiva que haga corresponder la proporción ideológica a lo que ocurre en la sociedad, la aparición de jueces, o juezas, progresistas, se haría tan imposible en un casting organizado por jueces mayoritariamente conservadores como el que haya peras en un bosque de olmos.
Y, cuales podrían ser los efectos esperables. No seamos ingenuos: la llamada despolitización de la justicia podría terminar convirtiéndose en una judicialización de la política. Imaginemos un Tribunal Constitucional, incluso un Tribunal Supremo, convertidos en una tercera cámara que corrija, en una dirección determinada, las decisiones de las dos anteriores. Y, por cierto, la misma presunción de neutralidad política que pueden invocar los jueces, pueden hacer los políticos con respecto a su neutralidad jurídica. Naturalmente, ambas, con la misma credibilidad.
Y desde luego, con la misma credibilidad que hay que recibir esa propuesta, supuestamente benéfica, de los partidos conservadores para que sean jueces, mayoritariamente conservadores, los que nombren a los futuros jueces. Por mucho que digan que es Europa quien, presuntamente, nos está reclamando que incumplamos, o cambiemos, nuestra Constitución.
Y, por cierto, ¿alguien cree que es temporada de abrir el melón de la Constitución?
