En este momento estamos viviendo en Madrid una peligrosa situación sanitaria. En los centros de salud sufrimos un importante déficit de personal en todas las categorías, imposibilitándonos realizar las actividades esenciales de la atención primaria: promoción de la salud; prevención de la enfermedad; docencia (dificultando la formación de nuevos especialistas); investigación y participación comunitaria (imprescindible que la ciudadanía participe en la gestión de los servicios sanitarios correspondientes a su distrito y comunidad, aprobado en todas las leyes autonómicas y del gobierno central).
Insostenible la falta de médicos, que imposibilita la cobertura de ausencias temporales y definitivas de profesionales. Hay en Madrid un millón de personas sin médico o pediatra asignado, esto atenta contra la longitudinalidad (asistencia continuada en el tiempo por el mismo profesional) que ha demostrado disminución en visitas a Urgencias hospitalarias, disminución de ingresos en hospitales y una disminución de hasta un 30 % en la mortalidad.
Únicos responsables: Consejería de Sanidad, Consejería de Hacienda y Comunidad de Madrid, cuya hoja de ruta es desmantelamiento del sistema sanitario público para aumentar la privatización. A día de hoy, el 40% de la ciudadanía posee una póliza privada en Madrid.
Es la Consejería de Sanidad la que decidió cerrar los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) en marzo del 2020, en esos 37 centros se atendían 760.000 consultas al año, en el horario en que los centros de salud estaban cerrados.
Debido a las movilizaciones ciudadanas, finalmente se ha decidido reabrir esos 37 centros pero no han contratado el personal necesario (muchas de las personas que antes prestaban sus servicios en los SUAP se han jubilado o han pasado a depender del Summa 112, no de la gerencia de AP).
La solución ofrecida ha sido despojar de profesionales a los servicios de urgencia rural, 40 centros en los pueblos que funcionaban perfectamente. A pesar de ello, no hay suficiente plantilla y han pedido voluntarios entre los profesionales de los centros de salud, obviamente sin ningún éxito. LLevamos ya mucho tiempo con voluntariedad y secuestros. Ifema se llenó con el personal secuestrado de los SUAP, después trasladado al Wizink Center, Wanda y Zendal, obligados a no atender 760.000 consultas de urgencias cada año y la nave Zendal se llenó con 1.200 profesionales secuestrados de los hospitales, obligando a triplicar las listas de espera hospitalaria.
Al margen del grave coste sanitario, han supuesto 50 millones el Ifema (40 días de funcionamiento) y 174 millones el Zendal, atendiendo un total de 8.000 pacientes, el hospital que menos pacientes COVID atendió. Empresas beneficiadas que son siempre las mismas, repitiendo listado desde la gestión privada de hospitales en 2007.
Faltan médicos y abren centros de urgencias sin médico, absolutamente inaceptable. Para que la ciudadanía no salte a las calles, van rotando los médicos cual ruleta rusa, de esta manera dinamitan la movilización vecinal y consiguen saturar las urgencias hospitalarias, ya que la ciudadanía no sabe en qué condiciones está su centro de urgencias cada día y prefiere asegurarse atención médica en el hospital.
No tener atención médica en un servicio de urgencias puede ser la línea divisoria que separa la vida y la muerte. De estos términos debemos hablar y responsabilizar a los responsables. Ayer sólo 4 de los 37 SUAP contaban con médico.
Como era de esperar, se han presentado situaciones graves que han tenido que atender las enfermeras, con el asesoramiento médico desde otros dispositivos. Ésta no puede ser la solución y tampoco lo es la vídeoconsulta propuesta y rechazada tajantemente desde todos los profesionales, intentando profanar la relación terapeútica y despojarnos de una mínima dignidad en nuestro trabajo.
El día 12 de diciembre impondrán su plan y de los 37 centros de urgencias sólo 10 contarán con médico, los 27 restantes serán atendidos por enfermería y celadores, ofreciendo plan de cuidados, con diferentes horarios de atención según los centros. Me surgen varias reflexiones relacionadas con los requisitos mínimos exigibles en atención primaria:
-Atentado contra la accesibilidad, hay muchas zonas sin accesibilidad a atención médica en amplios horarios.
- Atentado contra la equidad: no se respeta el derecho a recibir la misma atención, independientemente del lugar de residencia. Hay zonas “castigadas” en las que la atención es más deficitaria y la sobrecarga de los profesionales es mayor.
- Atentado contra la continuidad asistencial. Han intentado cambiar el nombre de los centros para poder cambiar las condiciones laborales (aumento de horas anuales, movilidad geográfica…) Estos centros no son de apertura 24 horas ni de atención continuada ya que se entiende por atención continuada el seguimiento de un proceso por el mismo profesional.
Yo me niego a entrar en ese juego a confundir cual trileros. Los nombres de estos centros son SAR (en zona rural) y SUAP (en zona urbana) y nuestra obligación, como ciudadanía, es continuar exigiendo la contratación necesaria para poder recibir la atención adecuada.
Resumo la situación a día de hoy, a nivel profesional:
Huelga indefinida de medicina y pediatría en los centros de salud, comenzamos la tercera semana. Lo que pedimos es más tiempo por paciente, en estos momentos tenemos agendas ilimitadas y 3-4 minutos para cada persona. Exigimos más inversión para aumentar contratación. No hay médicos porque nos echan con condiciones indignas de contrato. La Consejería de Sanidad y la de Hacienda no tienen ninguna intención de mejorar la caótica situación. Si mejoran la bochornosa precariedad de nuestras plantillas es por obligación de la normativa europea, no por intento de subsanar nada.
Huelga de todas las categorías en SUAP y SAR, en días determinados. Exigen recuperar sus condiciones laborales previas a la pandemia, contratando la plantilla necesaria.
Saturación en urgencias hospitalarias, algún hospital también secundó huelga y hay denuncias en juzgado de guardia por las situaciones de sobrecarga.
Desde la ciudadanía, cada día son más los barrios y pueblos que se unen a las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública en Madrid.
El 13 de noviembre salimos a la calle cientos de miles de personas, hablan de un millón, desde una convocatoria absolutamente vecinal, aunque intenten envenenar mintiendo sobre los convocantes. El sistema sanitario impuesto en cada comunidad autónoma es, efectivamente, un tema político y nuestro derecho a la salud debería protegerse en el ámbito político, al estar contemplado en las leyes autonómicas. Incluso desde el Gobierno central, atendiendo a la Constitución, debería velarse por unas condiciones mínimas de seguridad y protección a la salud de todos los que aquí vivimos.
Lo que nos unió en la calle el 13 de noviembre fue nuestro derecho a la salud, no nuestra ideología política. El derecho a la salud y la vida está por encima de cualquier aspecto. Seguiremos juntos, trabajadores y ciudadanía, exigiendo lo que nos pertenece, a pesar de los continuos intentos de enfrentarnos.
Nunca una huelga médica ha tenido tanto respaldo de la ciudadanía, que es consciente de que ambas partes luchamos por lo mismo, una sanidad pública, universal y de calidad.
Ana Encinas. Médica de Atención Primaria y ciudadana de Madrid.
