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jueves 19/5/22
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Fundación Jiménez Díaz.
 

La principal empresa privada de la sanidad alemana y una de las más importantes a nivel europeo tiene un floreciente nicho de negocio en la Comunidad de Madrid.

Fresenius Helios, especializada en la gestión de centros hospitalarios, pertenece al grupo alemán Fresenius SE & KgaA que cuenta con otras tres grandes ramas de actividad, miles de empresas y unos ingresos de explotación que en 2020 alcanzaron los 36.000 millones de euros.

En la Comunidad de Madrid ocupa una posición relevante, prácticamente monopolística en el ámbito hospitalario privado concertado, con cuatro hospitales de referencia que funcionan como una red paralela del propio SERMAS.

Se trata del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital Infanta Elena (Valdemoro), el Hospital General de Villalba (los tres, modelo PPP*) y la Fundación Jiménez Díaz (UTE*), la niña bonita de todo el entramado.

El colectivo Audita Sanidad detalla en su último informe las actividades del Grupo Hospitalario Quirón SA, absorbido en marzo de 2016 por Fresenius Helios y pone negro sobre blanco aquellos sobrecostes generadores de deuda, o “deuda ilegítima” de este modelo de gestión.

25 años de privatización sanitaria


El PP lleva décadas cimentando la privatización sanitaria en Madrid, con un millonario desembolso de dinero público que ha regado (y sigue haciéndolo) los centros hospitalarios concertados. Para ello, se ha valido no solo de la Ley General de Sanidad aún vigente, sino también de todo un marco legal creado ad hoc con sucesivas modificaciones del Concierto desde el año 2006, todas ellas realizadas con el PP en gobiernos “salientes”, según subraya Audita Sanidad.

Pero el trozo más grande de la tarta se la sigue llevando la Fundación Jiménez Díaz (FJD), con una población de referencia de casi medio millón de madrileños. A raíz del nuevo concierto acordado en 2011 bajo el gobierno de Esperanza Aguirre y con Javier Fernández-Lasquetty como consejero de Sanidad, el acuerdo de novación se prolonga de 10 a 30 años, con lo que el contrato entre el SERMAS y la FJD estará vigente hasta 2041.

El regreso de Lasquetty


En su informe, Audita Sanidad, asegura que “la indemnización por lucro cesante a la que diera lugar la rescisión del concierto antes de esa fecha sería prácticamente inasumible con los presupuestos de la Consejería de Sanidad”.

La FJD atiende a pacientes privados y de sociedades médicas, además de la población asignada por el SERMAS. Así que -sostiene Audita Sanidad- la prolongación a 30 años del concierto “asegura no sólo la inversión que haya podido realizar la FJD, sino que garantiza la cifra de negocio de Fresenius Helios, a costa de detraer fondos a la sanidad pública”.

Entre 2010 y 2014, mientras el gasto real de los hospitales públicos disminuyó en un 10%, la FJD lo incremento en un 23%

El colectivo habla de un “trato preferencial” hacia este hospital con sobrecostes generadores indirectos de “deuda ilegítima”. Como ejemplo de ello, destacan el incremento de financiación que tuvo la FJD durante los peores años de la crisis económica. Entre 2010 y 2014, mientras el gasto real de los hospitales públicos disminuyó en un 10%, la Fundación lo incremento en un 23%.

Audita Sanidad denuncia las dificultades que está teniendo a la hora de acceder a las distintas auditorías realizadas por la Comunidad de Madrid de cada uno de los hospitales de gestión indirecta del SERMAS. Desde 2015 ni han sido publicadas, ni han sido facilitadas a requerimiento de este colectivo que denuncia la “opacidad” y “falta de transparencia” con la que actúa la administración regional.

SOBRECOSTES

Pese a ello, sí ha podido identificar algunos sobrecostes en la financiación de la Fundación Jiménez Díaz. La propia Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid reconoció en su informe de fiscalización en 2015 que el mismo tratamiento cuesta hasta seis veces más en la FJD que en un hospital público, con un coste diferencial de 73 millones de euros.

La desviación más significativa se correspondería con la línea de actividad de cirugía mayor ambulatoria (CMA) que es superior en un 390% al coste medio.

Lo mismo ocurre con las altas de hospitalización en las que el coste en la FJD supera un 23% el coste medio. En el caso de primeras consultas y sucesivas la desviación con respecto a la media es de un 42% y un 6% respectivamente.

La Cámara de Cuentas también determinó en 2018 que la deuda acumulada entre 2015-2018 de los hospitales dependientes de Fresenius (entre ello la FJD) se estimaba en torno a los 600 millones.

Por otro lado, la Subdirección General de Análisis de Costes propuso en 2013 que la financiación en la FJD se hiciese en base a la cápita media del SERMAS o en base a precios públicos, lo que habría supuesto un ahorro de 86 o 58 millones respectivamente. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no aplicó este criterio.

El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) obligaron a la Comunidad de Madrid a aflorar más de 900 millones de euros de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales públicos de gestión privada de la región, sin que por el momento haya habido respuesta por parte del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso.

Añadir asimismo que las ramas de Fresenius, Medical Care (servicios de diálisis) y Kabi (productos sanitarios para hospitales) también son proveedoras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

CONTRA EL "ARGUMENTARIO NEOLIBERAL"

En sus conclusiones, Audita Sanidad rechaza el “argumentario neoliberal” que aboga por lo privado en detrimento de lo público aduciendo criterios de eficacia y eficiencia: “No hay evidencia de mayor eficacia y eficiencia, pero lo que sí es evidente es que los modelos de Colaboración Público-Privada (PPP) sí generan sobrecostes”.

Señala que, frente al monopolio privado, el SERMAS “se queda con muy escaso poder de gestión y planificación”. Además -subraya el informe- “la falta de transparencia dificulta la disponibilidad de datos y obstaculiza, cuando no impide, un seguimiento real de los pagos realizados a los hospitales privados concertados y a los de modelo concesión administrativa (PPP)”.


* Modelo PPP (Colaboración Público-Privada (del inglés Public Private Partnership)
*UTE (Unión Temporal de Empresas)


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