viernes. 14.06.2024
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La situación del sistema sanitario público madrileño es hoy una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

Aunque este artículo tratará sobre todo de la Atención Especializada, me permitiré la licencia, en aras de la actual situación de conflicto existente en la Atención Primaria, de hacer referencia a la inadmisible actuación del gobierno Ayuso en el marco de la huelga de Médicos de Familia y Pediatras que tras casi cuatro meses de duración sigue sin solución.

La negativa del consejero de Sanidad a sentarse a negociar seriamente para propiciar un acuerdo muestra la nula voluntad del gobierno Ayuso-Lasquetty de poner fin al conflicto y ello es inadmisible en un sistema democrático.

Dicho lo anterior y volviendo al objeto de este artículo, la atención especializada, comenzaré indicando que el plan privatizador perfectamente diseñado y puesto en marcha tras la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad tras el tamayazo, marcaba como primer objetivo a conseguir la introducción en tromba del sector privado en el ámbito hospitalario.

Establecido ese objetivo y sin contar con ningún estudio previo de planificación y asignación de nuevos recursos hospitalarios por parte de los departamentos competentes de la Consejería de Sanidad, el Gobierno presidido por la Sra. Aguirre y con Manuel Lamela como Consejero de Sanidad puso en marcha, licitó y adjudicó la construcción de siete nuevos hospitales mediante un procedimiento de iniciativa de financiación privada( PFI) que suponía que la empresa adjudicataria realizaría la construcción del hospital y el mantenimiento durante los años de duración estipulados en el contrato (30 años), así como la provisión de todos los servicios no sanitarios a cambio de un canon anual fijado durante el periodo contractual establecido. Todos los servicios de índole sanitaria tanto en lo referente a recursos humanos como materiales los asumía la Consejería de Sanidad.

La situación del sistema sanitario público madrileño es hoy una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de esta comunidad

Esta modalidad de colaboración público-privada no era nada novedosa, se había puesto en marcha años antes en el Reino Unido con resultados nocivos para la solidez del Sistema Nacional de Salud británico, pues numerosos estudios demostraron que no mejoraban ni la calidad ni la eficiencia de las prestaciones y al unísono era muy gravoso para las arcas públicas y los riesgos eran en una gran medida asumidos por la administración pública. Hoy la muy difícil situación en que se encuentra el sistema nacional de salud británico es una consecuencia de aquella política privatizadora comenzada por la Sra. Thatcher. 

Respecto a los siete hospitales madrileños, las cifras que se barajaron fueron de un coste total de construcción de 640 millones de euros y unos pagos por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid en concepto de canon en el periodo de 30 años entorno a 3.765 millones de euros.

Parece que las empresas a quienes se adjudicaron los citados hospitales van a tener (están teniendo ya) unos cuantiosos beneficios.

El siguiente paso en el proceso de privatización de la sanidad madrileña llevado a cabo por el gobierno del PP, fue licitar y adjudicar por el procedimiento de concesión administrativa, cuatro hospitales más ubicados en Móstoles, Torrejón de Ardóz, Valdemoro y Villalba. 

Por este procedimiento la administración sanitaria determina una población a atender por cada uno de estos hospitales y efectúa durante la duración de la concesión un pago anual que se determina multiplicando el número de habitantes asignados a cada centro por una cantidad per cápita establecida en el contrato. En esta modalidad la provisión de todos los servicios, también los sanitarios, son realizados por estos hospitales privados con profesionales y trabajadores propios.

Esta modalidad de colaboración público-privada no era nada novedosa, se había puesto en marcha años antes en el Reino Unido con resultados nocivos

A lo dicho hasta ahora conviene recordar que la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital privado, está ligada a la administración sanitaria madrileña mediante un Convenio Singular en mi opinión muy sustancioso para el grupo Quirón Salud cuyo propietario es un fondo de inversión. Este hospital privado tiene asignada a su cargo una población de 440.000 personas a las que tiene que atender; asimismo, si este centro atiende a personas que no tiene asignadas puede emitir las correspondientes facturaciones a la Administración Sanitaria madrileña, lo que favorece aún más sus beneficios. 

El proceso de privatización de la Atención Especializada en la Comunidad de Madrid no se limita a lo anteriormente reseñado, sino que a través de conciertos se externalizan la provisión de determinadas prestaciones derivando a muchos pacientes a entidades privadas. Las pruebas de diagnóstico por imagen, los ciclos de radioterapia en pacientes con tumores susceptibles de ese tipo de tratamiento, son ejemplos de esta otra vía de privatización de la provisión de servicios sanitarios.

Para afianzar ese proceso privatizador se hacía necesario avanzar en la desregulación del sistema madrileño de salud, y así la aprobación de la ley de Área Única y Libre Elección, supuso que la necesaria ordenación de los servicios que se establecía con las once áreas sanitarias existentes se desbaratase, y con la puesta en marcha del call center, éste ordenara el flujo de pacientes dirigiéndolos en gran medida al sector privado para la realización de numerosas pruebas.

Al unísono y para garantizar aún más el papel importante que los gobiernos del Partido Popular en Madrid querían otorgar a los centros especializados privados, se inició un paulatino y progresivo proceso de debilitamiento y desmantelamiento de nuestros hospitales públicos. 

Recortes en los planes de necesidades de los hospitales públicos, disminución de sus efectivos humanos, escasez en la reposición de los aparatos de alta tecnología que tenían en muchos casos una obsolescencia preocupante, fueron acciones que produjeron unas carencias que hacían más difícil garantizar una asistencia de calidad y con prontitud, y que favorecía la expansión continuada del sector privado en la provisión de las prestaciones sanitarias a los madrileños.

La ley de Área Única y Libre Elección supuso que la necesaria ordenación de los servicios que se establecía con las once áreas sanitarias existentes se desbaratase

Esta política sanitaria apostando de manera clara por los diversos mecanismos de colaboración público-privada en la prestación de los servicios sanitarios públicos ha sido continuada durante las dos décadas y ha hecho posible que en la actualidad el sector privado especializado tenga un carácter no sólo complementario del sector público, sino incluso en algunos aspectos su papel sea preponderante.

Los gobiernos sucesivos del Partido Popular en solitario o apoyados por la derecha naranja y la extrema derecha en los últimos años, han realizado una gestión de la sanidad pública repleta de irregularidades con vulneración sistemática de los principios de la contratación pública, con fraccionamientos muy frecuentes y sin fundamento de contratos, con el fin de eludir concursos públicos como garantía de máxima publicidad y concurrencia.

En este sentido conviene recordar que Audita Sanidad ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas al constatar que durante el periodo 2016-2018 se realizaron millón y medio de contratos menores (fraccionados) por un valor de más de 2.300 millones de euros para así eludir realizar concursos públicos que son garantía de máxima trasparencia, publicidad y libre concurrencia. Una prueba más de una política sanitaria repleta de irregularidades practicada por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. 

El gobierno de la Sra. Díaz Ayuso sigue la misma política sanitaria que sus antecesores.

La ausencia de planificación en la asignación de recursos obviando el necesario e imprescindible estudio previo de las necesidades reales existentes, el afán por poner en marcha infraestructuras para beneficiar a empresas constructoras, han llevado al gobierno Ayuso a despilfarrar más de 150 millones de euros en la construcción de un hospital-almacén, Isabel Zendal, absolutamente innecesario, prácticamente inutilizado y que va camino de convertirse en una nueva versión de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, asunto que hoy se encuentra en los tribunales de justicia.

Otra muestra del escaso interés del gobierno Ayuso en propiciar más trasparencia y control sobre el funcionamiento de los centros hospitalarios públicos, es el nulo desarrollo de una ley aprobada en la Asamblea de Madrid hace ya más de cinco años, la ley 11/2017 de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 

Audita Sanidad ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas al constatar que durante el periodo 2016-2018 se realizaron millón y medio de contratos menores

Expuesto cual ha sido el devenir de la Atención Especializada en la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos del Partido Popular, creo necesario aportar algunos datos que permitan valorar si las bondades que iban a derivarse de la política sanitaria privatizadora, se han cumplido. 

Veamos qué ha significado para el sistema sanitario madrileño y más en concreto para la atención especializada la puesta en marcha de 11 nuevos hospitales con participación privada y la expansión de las llamadas externalizaciones; utilizaremos para que no se generen dudas respecto a la veracidad de los datos, las memorias oficiales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y el portal de la Consejería de Sanidad.

Analicemos en primer lugar las listas de espera en el ámbito hospitalario y vemos como en los datos proporcionados por la Consejería respecto al mes de enero pasado había 91.983 madrileños esperando ser intervenidos quirúrgicamente (faltan los datos del hospital Clínico que incrementarían esta cifra), de ellos 17.313 esperan de 90 a 180 días para ser intervenidos y 3016 pacientes más de 180 días. Qué lejos quedan aquellas promesas de Esperanza Aguirre de operar a quienes lo necesitasen en un máximo de treinta días; la enorme campaña de propaganda que se hizo para ensalzar a la lideresa malgastó mucho dinero público de manera innecesaria. Despilfarro como seña de identidad de la política sanitaria del PP madrileño de antes y de ahora. 

En este apartado de listas de espera quirúrgica, soy muy escéptico con las cifras proporcionadas por la administración toda vez que persiste en mi recuerdo cómo se contabilizaba de forma tramposa el tiempo de espera para ser intervenido, y por ello la Comunidad de Madrid fue expulsada del recuento oficial del resto de comunidades autónomas.

Despilfarro como seña de identidad de la política sanitaria del PP madrileño de antes y de ahora

Veamos ahora cuantos madrileños están esperando para ser vistos por un especialista derivados desde su médico de familia asignado (si lo tiene) o cualquier otro médico de Atención Primaria. En el pasado mes de enero (último dato publicado) estaban esperando para ser atendidos 550.578 pacientes de los cuales una amplia mayoría (320.0639) esperan más de tres meses y muchos de ellos en determinadas especialidades un año o más.

En relación a las pruebas diagnósticas y terapéuticas, el pasado mes de enero estaban esperando una prueba de esa naturaleza 168.847 pacientes y de ellos casi la mitad (81.243) esperan más de tres meses y en bastantes casos periodos más dilatados de tiempo. 

 A la vista de estos datos no parece que el incremento sustancial de recursos en la Atención Especializada que podría desprenderse de la puesta en marcha de los nuevos hospitales, así como el desvío de muchos ciudadanos a centros privados para realizarse determinadas pruebas, haya dado el resultado que sería de esperar en proporcionar una atención más rápida y en consecuencia de mayor calidad a la ciudadanía. 

Analicemos ahora algunos datos que considero relevantes proporcionados por las memorias oficiales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Veamos:

En 2007 sin estar aún en funcionamiento los nuevos hospitales, con una población con derecho a la asistencia de 6.162.291 personas, el total de efectivos del SERMAS era de 73.706 trabajadores y se disponían de 13.449 camas hospitalarias.

En 2008 para una población de 6.314.202 personas con un total de efectivos en el SERMAS de 76.359 personas se disponía de 14.957 camas hospitalarias; en relación al año anterior se constataba un incremento sustancial de personal y camas hospitalarias como consecuencia de la apertura de los siete hospitales PFI.

En 2019 con una población de 6.859.181 personas, el total de efectivos del SERMAS eran 73570 personas y el número de camas disponibles era de 14199. Este año estaban funcionando ya desde hacía tiempo los 11 nuevos hospitales.

Si comparamos los datos de 2019 (son datos a 31 diciembre del año) con los datos del año 2008, observamos que, con una población superior en 544.979 personas, los efectivos totales del SERMAS eran menores en 2.789 personas y el número de camas disponibles había disminuido en 858 unidades. Sería oportuno preguntarse ¿Por qué había sucedido esa importante reducción de personal y camas en un contexto de mayor población a atender?

Es necesario un llamamiento para que se acuda masivamente a la manifestación convocada el próximo 26 de marzo a las 12 horas desde Plaza de España a Atocha

Lo que había ocurrido es que se había aplicado una dura política de recortes, que afectaron de manera intensa a los hospitales públicos de gestión directa en el contexto de un plan perfectamente estructurado de desmantelamiento de lo público para así facilitar la utilización cada vez mayor del sector privado.

Es con este sistema sanitario debilitado, tal y como muestra la memoria de 2019, cuando irrumpe la pandemia de la Covid 19 y las consecuencias son por desgracia muy conocidas por los ciudadanos madrileños. Fueron los hospitales públicos y los centros de Atención Primaria los que a pesar de sus serias carencias afrontaron lo peor de la pandemia gracias al esfuerzo del conjunto de todos sus profesionales y trabajadores sanitarios.

La gestión del gobierno Ayuso durante la pandemia se dirigió más a confrontar con el gobierno de España que a garantizar una atención sanitaria a toda la ciudadanía. Lo ocurrido en nuestras residencias de mayores donde fallecieron miles de personas sin recibir asistencia sanitaria es un hecho que ya está en la historia negra de nuestro país y, a pesar de la última resolución judicial conocida, tengo la esperanza de que los responsables de aquella infame acción sean sentados en un banquillo.

Para ir concluyendo reitero, es un hecho que el proceso de desmantelamiento de los centros sanitarios públicos y la irrupción del sector privado en la sanidad pública madrileña no ha conseguido que los madrileños tengamos una atención sanitaria de más calidad, con menos demoras y mayor accesibilidad; por el contrario hemos visto surgir en estos años gigantes de la sanidad privada (Quirón Salud es el más significativo) que han obtenido enormes beneficios gracias a la ingente cantidad de dinero público que ha ido a parar a sus arcas y que se detraía y se sigue detrayendo de los centros públicos.

Es imperativo y necesario parar la deriva privatizadora del gobierno Ayuso-Lasquetty y como un paso importante para conseguirlo, hago desde aquí un llamamiento a todos los madrileños para que acudan masivamente a la manifestación convocada el próximo 26 de marzo a las 12 horas desde Plaza de España a Atocha.

La atención especializada madrileña, nicho de negocio del sector sanitario privado