La Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid, integrada por más de medio centenar de colectivos y entidades en defensa de la sanidad pública, se ha sumado a la denuncia presentada este miércoles por Audita Sanidad y la Cooperativa de Abogados CAES ante el Tribunal de Cuentas por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores que no salen a concurso público por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
En los informes presentados se constata que entre los años 2016 y 2018 se adjudicaron un millón y medio de contratos menores (1.511.000) por un volumen de 2.343 millones de euros, lo que supone el 99,7% de toda la contratación pública sanitaria de ese periodo.
Ante la sede del Tribunal de Cuentas en la calle Fuencarral de Madrid, portavoces de estas organizaciones han denunciado la “utilización abusiva de la figura del contrato menor” que permite a determinados proveedores partir con una posición de ventaja “falseando el acceso al mercado libre y practicando la llamada contratación a dedo” para evitar la licitación y su publicidad. Johnson & Johnson SA, y Medtronic Ibérica SA, figuran como las primeras empresas en la lista de beneficiarias en los años analizados.
En 2017, Johnson & Johnson SA obtuvo 43 contratos por licitación y 26.032 a dedo y se embolsó más de 41 millones de euros por estos contratos menores, o sea un aumento del 0,42% en contratos y un aumento del 24,38% en valor respecto a 2016. En 2018 firmó 12.264 contratos menores por valor de casi 19 millones de euros.
Por su parte, en 2017, Medtronic Ibérica SA ganó la licitación de 60 contratos por 6.563.468 euros y 18.995 contratos menores por cerca de 43 millones de euros, lo que arroja un aumento del 40,18% en contratos, y un 67,31% en valor respecto a 2016. En 2018, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó a Medtronic Ibérica SA 11.985 contratos menores por un importe de 32,5 millones de euros.
Las cifras en el menudeo de contratos reflejan que en 2017 se adjudicaron 570.031 contratos menores y solo 1.695 contratos licitados, y en 2018 se adjudicaron 456.292 contratos menores, frente a 2.025 adjudicados por licitación pública. Es decir, la Consejería de Sanidad adjudicó una media de 1.406 contratos menores al día durante los años 2017 y 2018.
“Observamos indicios claros de fraccionamiento y presuntas ilegalidades en los contratos adjudicados mediante la figura del contrato menor que suponen, entre otras cosas, un despilfarro de recursos públicos que podrían ser utilizados en la mejora de la sanidad pública madrileña, desvío de dinero público, sobrecostes y mala gestión”, aseguran las organizaciones denunciantes.
Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, aclara que “no se está cuestionando” la figura del contrato menor que está regulada por ley “sino el uso abusivo y reiterado de este contrato para tratar de adjudicar un volumen del 99,7% de contratos absolutamente a dedo”, mientras que la figura del concurso de licitación que también recoge la Ley de Contratos del Sector Público, solo es usada entre el 0,3%-0,5% de los casos, “algo inadmisible” y una muestra del “despilfarro de recursos”, afirma.
“No estamos hablando de una comisión o presunta comisión del hermano de la Sra. Ayuso sino del millón y medio de contratos de adjudicación directa”, asegura Losada que pone como ejemplo la contratación efectuada en 2018 por el Hospital de la Paz con la empresa Siemens a la que se adjudicaron 229 contratos por un importe de 1,6 millones de euros. “¿Por qué tengo que hacer 229 contratos si se puede hacer un concurso de licitación por 1.600.000 euros?, que al haber competencia se ahorrarían costes sustanciales”, asegura.
Otro caso llamativo que recoge el informe presentado en la denuncia al Tribunal de Cuentas lo vemos en el Hospital Clínico San Carlos que en el periodo de un año adjudicó hasta 700 contratos menores. Audita Sanidad recuerda que la propia Cámara de Cuentas de Madrid detectó y denunció el fraccionamiento en la contratación de 2017 por parte de la Consejería de Sanidad.
“Creemos que hay claros indicios de fraccionamiento y de presuntas irregularidades en el cumplimiento de la ley que supone unos sobrecostes de dinero público que se podía invertir en el sistema. Creemos que este tipo de actuaciones generan procesos de corrupción claros y evidentes a lo largo de los últimos 27 años del PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, subraya el portavoz de Audita Sanidad que no descarta llevar este asunto a la Fiscalía Anticorrupción.
