miércoles 20/1/21

La banca está agonizando

Aunque existían de modo rudimentario desde que el hombre dio valor a la moneda como instrumento de cambio, la banca tal como la conocíamos hasta hace unos años apareció según Jacques Pirenne y C. M. Cipolla en el siglo XIV en las ciudades-estado de Italia, Báltico y Países Bajos para facilitar el tráfico de mercancías entre distintas partes de un país o entre países diferentes. En aquel primer momento había dos tipos de banqueros, los que aportaban dinero a una operación comercial determinada y pasaban a formar parte de la sociedad, y los que sin tener nada que ver con el negocio mercantil daban dinero a un artesano o un comerciante para llevar a cabo sus operaciones a cambio de un porcentaje al que añadían la ralladura de la moneda de oro o de plata como sisa ilegal pero consentida. Posteriormente, cuando la acumulación de capitales y el desarrollo de las comunicaciones posibilitó a los grandes banqueros la creación de sucursales en distintos países, surgió la banca casi tal como la conocemos hoy con préstamos, avales, letras, giros, embargos y depósitos que permitían actuar más allá de las fronteras propias. 

En España, la banca ha dependido siempre de dos cosas: La primera, del imperio colonial, origen de casi todos los grandes bancos que hemos conocido hasta hace unos días; la segunda, el concubinato con el Estado, se salía de la banca para ir a un ministerio, se dejaba el ministerio para ocupar un puesto en la banca dentro de un proceso secular y familiar al que se abonaron aristócratas y burgueses sin el menor temor, dado que si cualquier empresa emprendida fracasaba, siempre estaría la Hacienda Pública para sufragar las pérdidas. El paroxismo de este sistema financiero, tras los breves intentos modernizadores de Luis Nicolau D' Olwer y Jaume Carner durante la Segunda República, llegó con el franquismo, régimen que posibilitó la fusión entre la milicia, el sacerdocio, la empresa, la banca, el caciquismo y la corrupción más absoluta que hayan conocido los tiempos, corrupción que al no ser atajada con racionalidad y justicia durante los años democráticos que sucedieron a la Constitución de 1978 está en la raíz misma de todos los pillajes, latrocinios, extravíos, agios y razzias a que ha sido sometido el Erario o caja común de todos los ciudadanos.

España es uno de los pocos países de Europa que no tiene una Banca Pública dedicada a modernizar la economía, alentar la economía verde o facilitar proyectos sociales vitales. La tienen Alemania, Francia, Holanda o Suecia. La de España fue vendida por Felipe González y, sobre todo por Aznar

De la dictadura recibimos siete grandes bancos, otro puñado de medianos y pequeños y un montón de cajas de ahorro normalmente vinculadas a la jefatura Provincial del Movimiento. Dirigidos por hombres involucrados en todas las urdimbres y negocios del régimen al que jamás fueron capaces de negar nada pero del que recibieron todo, aceptaron la democracia a sabiendas de que no supondría ninguna amenaza para su tradicional modo de hacer las cosas, sino una continuación sin demasiados quebraderos de cabeza. Las crisis de los pequeños bancos que acompañaron a los primeros años de democracia se saldaron con fusiones en las que el Estado siempre intervenía para cargar con los gastos. Más tarde, cuando la crisis, el robo y la pésima administración provocada por la crisis financiero-ladrillera dejaron en la ruina a la mayoría de las cajas de ahorro, pieza angular del poder provincial y regional, fue otra vez el Erario quien acudió en su rescate para asearlas, limpiarlas, reflotarlas y entregárselas por poco más de una peseta al banco elegido de entre los que todavía no habían naufragado.

Posteriormente, la globalización, la falta de ideas, su incapacidad para incentivar nuevos negocios, los activos pestilentes y la disminución del negocio debido a las políticas de intereses bajos propiciadas por los bancos centrales propició que las entidades financieras comenzasen a considerar otras fuentes de ingresos como cobrar a los depositarios por cualquier operación o, aunque parezca una tomadura de pelo en toda regla, por tener sus ahorros evanescentes en sus cajas de caudales, arguyendo los gastos indemostrables que les deparaba custodiar nuestra estimada cuenta. Empero, y sin que nadie todavía les haya pedido cuentas por su desastrosa gestión ni por los dineros que nos deben a todos, los jefes de los grandes bancos subsistentes, con la anuencia del Banco de España -organismo hoy decorativo que no se enteró de que el país iba a explotar en 2008, pero siempre dispuesto a criticar con dureza cualquier política redistributiva-, han decidido que de aquí a 2030 sólo habrá en España un Banco, ahora sí con mayúscula, que hará con nuestros ahorros y haciendas lo que le venga en gana, al que no podrás acceder más que por internet y si Dios quiere, porque no tendrá sedes físicas ni podrás reclamarle nada personalmente a nadie, aunque sí llamar por teléfono una y otra vez para escuchar la insoportable melodía del robot que ya trabaja para las telefónicas, los seguros, las eléctricas, las gasistas y todas las grandes corporaciones que han monopolizado servicios imprescindibles para el ciudadano y a las que nadie ha decidido todavía someter al imperio de la Ley y del interés común.

Con las fusiones que hemos conocido durante los últimos meses quedarán en España tres grandes bancos, Santander, Caixa-Bankia y BBVA-Sabadell y unas cuantas entidades de menor cuantía que en breve serán succionadas sin el menor problema. Entra España así en un sistema bancario similar al de las dictaduras, un sistema oligopólico que impone sus normas, sus tarifas y sus preferencias, un sistema que pondrá en manos de esas entidades cantidades de dinero muy superiores a la deuda y al PIB español, condicionando en adelante no sólo la política crediticia sino la economía de todos los particulares que mantienen relaciones mercantiles con ellas. Si hoy cobran una media de 240 euros por cuenta o depósito que no cumpla las premisas por ellos decidida, nada ni nadie les impedirá que un futuro dupliquen o tripliquen esa cantidad según su particular forma de entender el mundo. 

España es uno de los pocos países de Europa que no tiene una Banca Pública dedicada a modernizar la economía, alentar la economía verde o facilitar proyectos sociales vitales. La tienen Alemania, Francia, Holanda o Suecia. La de España fue vendida por Felipe González y, sobre todo por Aznar. La concentración bancaria a que asistimos exige una banca pública que actúe con criterios de servicio público, ayudando tanto a la pequeña empresa como a los particulares que pasan por dificultades, alentado negocios relacionados con el mantenimiento del medio ambiente, la recuperación del medio urbano tradicional y del medio rural. La banca particular concentrada, que tanto debe al Estado, o sea a todos nosotros, no está dispuesta a servir al ciudadano sino a incrementar su negocio sin cumplir siquiera con la misión que el capitalismo le encargó: Prestar dinero a un interés no usurero con los depósitos remunerados de los ahorradores. Si no cumple esa función y pretende cobrar impuestos como si del mismo Estado se tratase pero sin ninguna obligación social, su presencia sobra y debe ser sustituida por otros organismos más ágiles que no pretendan basar su existencia en desangrar al ahorrador y en perseguir al que pasa un periodo de dificultad.

La banca está agonizando
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