lunes. 04.03.2024
mascarilla congreso diputados

Dentro de un mes volveremos a las urnas de nuevo, aunque ya ha comenzado la campaña, tendremos cuatro semanas de mítines, de acusaciones mutuas, de noticias falsas y de medias verdades, de una esperpéntica y zafia campaña electoral, como lo fue la del 28 de mayo pasado. Se hablará poco de programas.

A modo de plebiscito personal el presidente de gobierno disolvió las Cortes tras unos cortos resultados de su partido en las municipales y autonómicas.

Una vez convocadas nuevas elecciones, las caras más visibles del gobierno saliente (tanto del PSOE, como de UP-Sumar) vienen destacando logros económicos y medidas laborales positivas para las y los trabajadores y para las mujeres durante su mandato, además de señalar a los conservadores del PP de pactar con la ultraderechista VOX y hasta, con ello, “el fin de la democracia”. Mientras que esa misma oposición conservadora (esencialmente el PP) insiste en “derogar el sanchismo y acusan al PSOE y su coalición de haber gobernado gracias a EH Bildu y al independentismo en general. ¡Y lo que queda por escuchar! Se trata de un guion muy previsible.

Cómo vaya a discurrir la campaña los próximos 30 días (incluidos los debates televisados y los mítines) lo podemos imaginar: se va a parecer mucho a las recientes municipales y autonómicas. Apenas se hará un balance meticuloso de los cinco años de mandato de los gobiernos de Sánchez, de los cuales los últimos casi cuatro han sido en coalición con Unidas Podemos, con el apoyo legislativo de otros grupos parlamentarios nacionalistas conservadores y de centro izquierda.

¿Para qué dan 60 meses de gobernanza? Bien es cierto que han ocurrido, entre otros, dos graves hechos que han mediatizado las políticas europeas y de cada país en particular: la pandemia covid19 y la guerra en Ucrania. Por ello los logros económicos (de existir) son de valorar positivamente, aunque la deuda pública sigue siendo muy alta, las hipotecas y los alquileres han subido enormemente y la carestía de los bienes de consumo, pero sobre todo de los alimentos se ha disparado, perjudicando, gravemente, a los sectores más desfavorecidos y a ciertas clases medias.

Esta legislatura quizá haya sido, desde 1977, en la que más polarización y confrontación haya existido, lo que ha impedido acuerdos y pactos de Estado, que para muchas cuestiones son indispensables

España, administrativamente, se aproxima a un Estado federal y muchas de las responsabilidades políticas se reparten casi -a partes iguales- entre el gobierno central y los entes locales, provinciales e insulares y autonómicos, con diferentes gobernanzas políticas e ideológicas, en muchos casos muy enfrentadas. Esta legislatura quizá haya sido, desde 1977, en la que más polarización y confrontación haya existido, lo que ha impedido Acuerdos y Pactos de Estado, que para muchas cuestiones son indispensables, como -por ejemplo- en órganos de la judicatura y Tribunal Constitucional, en todo lo relacionado con la habitabilidad y el suelo, con el clima y el medioambiente, el agua y los recursos naturales, la sanidad pública y los servicios sociales, la enseñanza, la organización administrativa y territorial del Estado o la política internacional.

¿Quiénes han sido más responsables de esa confrontación, en ocasiones muy visceral? Todos los ámbitos políticos se “lanzan” culpas y se señalan. Pero, la realidad, es que la situación es, a estas alturas, insostenible y muy preocupante, ya que hay una enorme parálisis en temas vitales, que afectan, muy negativamente, a los sectores más vulnerables y al futuro de País.

Una cuestión es tener lógicas discrepancias y formas de entender la cosa pública, por ello la sociedad se divide en colectivos políticos con intereses y objetivos diferentes y otra muy diferente, es esta nociva y poco edificante situación que no nos lleva a ninguna parte. Sólo se acumula odio, parálisis y un muy mal ejemplo, sobre todo, para jóvenes y adolescentes. Quienes en un futuro muy cercano tendrán en sus manos gestionar la “cosa pública”. Mientras, ello ocurre, crecen los populismos de todo pelaje y color, que se mueven muy bien en aguas turbulentas. Ejemplos los hay y muchos fuera de nuestras fronteras.

Es evidente que casi los 1.800 días de gobernanza que han concluido dan para exhibir logros y reconocer fracasos, también da tiempo para abordar cuestiones endémicas y complejas.

Cuando se gobierna “en el filo de la navaja” se está muy limitado para abordar grandes cuestiones

Cuando se gobierna “en el filo de la navaja”, es decir cuando se depende no sólo de varios partidos y coaliciones (PSOE/UP) en la mesa del consejo de ministros y ministras, sino y, además, de varios partidos muy diferentes en las Cortes (poder legislativo), se está, en ocasiones, muy limitado para abordar grandes cuestiones y muchas de las que se abordan se hacen a medias o salen con deficiencias políticas o técnicas, como por ejemplo ocurrió con la Ley del “solo sí es sí (con interpretaciones judiciales muy diversas y que ha generado gran polémica social) o la “ley trans y de derechos LGTBI”, que ha dividido a una gran parte del feminismo militante, pero también otras como la reforma educativa (LOMLOE) que ha dejado de abordar cuestiones de fondo y se ha limitado a burocratizar, dejar en manos de las CCAA el currículo y actualizar técnicamente algunas cuestiones, manteniendo su confesionalidad y su tendencia privatizadora, al igual que ha ocurrido con la Ley de la FP o la de Universidades. También la ley animalista ha dejado a colectivos del propio sector muy inconformes.

Los ERTES, en plena pandemia, fueron muy positivos, las reformas laborales han sido aciertos en la teoría, aunque todavía no están ayudando a rebajar la enorme precarización existente. Los vaivenes y precios de las políticas energéticas, como consecuencia de la guerra de Ucrania, se ha saldado favorablemente. Positivo ha sido la subida del SMI y la subida de las pensiones al IPC subyacente, mientras que la pacata reforma de las pensiones en el vetusto marco del “Pacto de Toledo”, deja muchas soluciones importantes “en el aire”. No ha dado tanto resultado el ingreso mínimo vital, por su excesiva burocratización. Las políticas populistas de “café para todos” a mí, personalmente, no me gustan, como son los bonos para jóvenes ricos y vulnerables o para personas mayores de cualquier nivel de renta, para maternidad etc. etc. Han sido positivos los avances en cuestiones relacionadas con la conciliación familiar, aunque -en la práctica- no se aplican, en toda su dimensión, en la empresa privada.

Otra ley importante que se abordó fue la de eutanasia, que significó un gran paso en el ámbito de la libertad de conciencia, pero, en mi opinión, excesivamente garantista y burocrática que deja en manos de la ideología política (CCAA) y profesional (hospitales) de turno, su aplicación. En cuanto a la reforma de la ley de de interrupción voluntaria del embarazo ha consistido en un simple maquillaje sobre la edad para abortar sin autorización paterna entre los 16 y 18 años (hecho positivo), pero manteniendo la objeción de conciencia, la burocratización y la privatización. La nueva ley de Memoria, ha supuesto otro maquillaje-actualización de la que, en su día, aprobó el gobierno de Zapatero (más ruido que nueces), pero que vuelve a dejar sin abordar el gran problema histórico y de justicia, como es una condena expresa del Estado de los crímenes del franquismo. Se aprobó la rebaja de varias penas (sedición, malversación…) para dar satisfacción a una parte del independentismo, que ha dividido a la opinión pública…  y que deja algunos agujeros legislativos.

En cuanto a las grandes carencias de este tiempo de gobernanza PSOE-UP-(Sumar), cito las, a mi juicio, más llamativas, como por ejemplo: carencia absoluta de políticas de vivienda pública (en alquiler) en una época donde la situación es lamentable y muy… muy preocupante para una gran mayoría de jóvenes, para personas mayores sin recursos y para un tercio de la sociedad española que padecen pobreza o pobreza extrema, incluso ya afecta a clases medias que no son propietarios. La ley de vivienda, recientemente aprobada no es la solución (es un  parche), incluso en las 300 poblaciones tensionadas va a ser contraproducente, porque se van a encarecer los precios de la vivienda en alquiler, se va a desarrollar mercado negro y va a crecer la inestabilidad en la habitabilidad. Quizá sea ésta la cuestión más grave que el gobierno saliente NO ha abordado. Que además son políticas de consenso (pactos) y a largo plazo, ya que intervienen varios factores: como alta inversión, acumulación de vivienda por grandes inversores y fondos buitres, leyes ajustadas a la realidad territorial, el compromiso de varias administraciones, liberación de suelo público, etc. etc.  Y un obligado Plan de, al menos, rehabilitar y/o construir 50.000 viviendas/año en alquiler durante 10 años para competir con el mercado y hacer que éstos bajen.

Hay otras cuestiones por citar sólo algunas, como que la sanidad pública se debilita y se privatiza alarmantemente, con grandes focos de corrupción corporativa y de nefasta gestión política, es cierto que en esta cuestión existe una co-gobernanza con las CCAA de diferente color. Pero en cuanto a la inversión por habitante y año, España lo hace con 2.594€, mientras que, por ejemplo, la media de la UE está por encima de los 3.000€. Las ayudas a la dependencia, en general, van muy lentas y no hay un Pacto de Estado, los servicios sociales se han privatizado casi en un cien por cien (aunque este apartado es compartido por entes locales y autonómicos). No estaría demás, un Pacto de Estado, al igual que con las políticas del sector primario, del medioambiente, de los recursos naturales y aguas, etc. La ley mordaza sigue vigente, otra cuestión que se ha quedado “en el tintero”.

En el ámbito de la fiscalidad, apenas se han dado pasos para favorecer un modelo redistributivo en firme, como ya los hay en otros países. Tema complejo, pero que no se puede esperar más, ya que el modelo actual es ancestral, pues castiga a las clases medias y beneficia a los ricos y a las grandes corporaciones.

Ya no digamos las políticas de laicidad institucional: Este gobierno de PSOE-UP/Sumar ha mantenido el Concordato de 1976 y 1979, la religión en la Enseñanza, las exenciones fiscales a la iglesia católica, la financiación de la Diócesis a través del IRPF de toda la ciudadanía, no ha habido ni un solo gesto en cuanto a las in-matriculaciones y a la gestión del Patrimonio de interés cultural del que se ha apropiado la iglesia católica… La confesionalidad de este gobierno saliente ha sido más que evidente.

También a mí y a sectores pacifistas sorprende la tendencia armamentística del gobierno de centro izquierda saliente, con el aumento del gasto militar en un 26% en tan solo un año (2022-2023) y la previsión de pasar del actual 1,2% al 2% del PIB en 2029. También ha sorprendido el cambio radical de postura de este gobierno relacionado con las relaciones internacionales Marruecos/Sahara Occidental o la ampliación, innecesaria, de la presencia norteamericana en la base militar de Rota. También las políticas migratorias, en el marco de la UE, ha dado bandazos, siendo el mayor problema el lamentable hecho de la valla de Melilla.

El 23 de julio, pase lo que pase, comienza otra etapa política en España. Ni será la primera, ni la última vez. Ocurrió en 1982 con un enorme triunfo incontestable del PSOE. En 1995, con una derrota, en todas regla, del PSOE en la municipales y el consiguiente triunfo del PP en 1996. Ocurrió con el triunfo de Zapatero (PSOE) en 2004 (en el último segundo) y su derrota en 2011 por el PP de Rajoy, al que Sánchez le ganó una moción de censura en 2018 y éste convocó dos elecciones generales en un solo año. Por fin, tras la explosión del 15M surgió un muy fuerte movimiento político: Podemos, ahora en declive y otro liberal: Ciudadanos, ahora a punto de quedar finiquitado. Y mientras, para el 23Jl y en el ámbito del centro izquierda surge “otro” nuevo proyecto: Sumar, comandado por la vicepresidenta segunda en funciones que aglutina a varias formaciones, entre ellas a IU, Podemos y a varias marcas territoriales.

Balance gubernamental de una legislatura