miércoles. 24.07.2024

Programas electorales y prioridades

Ya tenemos candidatos, salvo los interminables follones pendientes de IU y UPyD. Ahora faltan los programas o más en concreto que nos digan que piensan hacer si llegan a gobernar.

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Para los gobiernos autonómicos no sirven las generalidades que hasta ahora venimos oyendo y menos aun para los municipios

Ya tenemos candidatos, salvo los interminables follones pendientes de IU y UPyD. Ahora faltan los programas o más en concreto que nos digan que piensan hacer si llegan a gobernar. Para los gobiernos autonómicos no sirven las generalidades que hasta ahora venimos oyendo y menos aun para los municipios.

Sería muy bueno que no hicieran grandes promesas, que saben o deberían saber que son irreales y no se van a cumplir. Es muy posible y desde luego deseable que lleguen a los gobiernos autonómicos y municipales coaliciones de gobierno progresistas, pero el hecho de desplazar al PP o a los nacionalistas, es la condición sine qua non para que las cosas empiecen a cambiar, pero no es suficiente y de por sí no se van a producir milagros. Hay que ser conscientes del marco de actuación en el que se tendrán que desenvolver.

En primer lugar, los nuevos equipos de gobierno seguramente se van a encontrar deuda acumulada, una ya conocida y otra por conocer. Van a aparecer facturas pendientes y sobre todo contratos, compras o inversiones comprometidas, de las que legalmente no va a ser fácil y desde luego barato prescindir. Por eso cuando p.e. escucho que se van a revertir privatizaciones, habría que ser muy cauto con esas promesas, no sea cosa que luego o no se pueda hacer o  haya que esperar años o cueste mucho dinero. Y que a nadie se le ocurra decir que las deudas no se pagan, porque eso en un estado de derecho, y España lo es, resulta muy poco convincente; (ya tenemos el gobierno de Syriza para  escarmentar en cabeza ajena).

En segundo lugar, no podemos olvidar que hay unos duros compromisos con la Unión Europea de reducción progresiva del déficit público. Por supuesto que si hay una coalición progresista en el gobierno de la nación tras las elecciones generales de noviembre, deberíamos negociar un calendario más flexible de reducción del déficit, que nos diera un respiro y evitara la continuidad de las políticas de ajuste. Lo que esta claro es que podremos dilatar el ajuste del déficit en la Administración del Estado, en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, pero es impensable que volvamos a sendas de incremento del déficit del 8%, al 9% o al 10% como en el reciente pasado.

En definitiva, el margen presupuestario de los nuevos gobiernos autonómicos y municipales es reducido y quien diga lo contrario esta queriendo engañar a la ciudadanía. Salvo que aumentemos los ingresos fiscales, que se puede hacer por varias vías: lucha contra el fraude, reducción de la económica sumergida, reajustes en el IVA,  una subida de la presión fiscal directa, desde luego con criterios progresivos, pero al final a la mayoría nos tocara pagar más impuestos que ahora. Sabemos que en la lucha contra el fraude no resulta ni fácil ni rápido obtener resultados importantes y menos aun desde el ámbito exclusivamente nacional.

Se dice por ahí que se pueden recortar muchos gastos: de asesores, de enchufados, de sobresueldos, de representación, de coches, de publicidad, de actos oficiales, de muchas prebendas públicas y en general de dispendios varios. Es verdad, pero es el chocolate del loro. Pongo un ejemplo. Para dar un impulso serio a las prestaciones de servicios de la Ley de Dependencia, el conjunto de las Comunidades Autónomas deberían aportar en torno a 2000 millones de euros nuevos. Otro ejemplo, para incrementar la cobertura de las rentas mínimas de inserción en la lucha contra la pobreza severa, las Administraciones Públicas deberían aportar en torno a 4000 millones de euros nuevos. No es una barbaridad de dinero, el 0’6% del PIB, pero desde luego esto no sale reduciendo gastos superfluos, ni remotamente. Por no hablar del coste de la reversión del empleo publico en la enseñanza o en la sanidad.

Es evidente que una recuperación económica, una generación de empleo razonable en torno a  medio millón de puestos de trabajo a tiempo completo por año, supondría más ingresos públicos y menos gasto en protección social, pero un escenario en el que se pudiera apreciar un notable cambio de situación en el empleo, que facilitara esa mas favorable relación ingresos/gastos, puede llevar tres o cuatro años en el mejor de los casos.

¿Quiere esto decir que hay poco que hacer o que los gobiernos progresistas van a estar atados de pies y manos? En absoluto.

El reto que van a tener los nuevos gobiernos de coaliciones progresistas es definir bien las prioridades. Esa es la clave. No se trata de empantanarse en un maremágnum de promesas de que vamos a darle la vuelta a todos los desaguisados de los gobiernos del PP y de los nacionalistas. En la campaña electoral no podemos decir que vamos a abrir hospitales y residencias por doquier, llenar las ciudades y pueblos de centros de educación infantil, aumentar la gratuidad del uso de los servicios y transportes públicos para unos y para otros o recontratar a todos los despedidos en el ámbito público….etc., etc. No, no vamos a poder hacer esto, al menos en los primeros años.

Lo que además sí se puede hacer y no cuesta dinero público (y puede evitar despilfarro, fraude y corrupción) es garantizar la transparencia y la participación social en las decisiones de gobierno.  

En definitiva pocas prioridades pero claras y concretas, eso es lo que yo le pediría a las candidaturas progresistas. Y lo centraría en siete cuestiones.

Tres de incremento de las políticas sociales: programas de lucha contra la pobreza severa; impulso de las prestaciones de servicios de la atención a la dependencia; recuperación de la calidad en los centros de enseñanza pública e incremento de la red publica de 0 a 3 años. Dos en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción: revisión de la contratación pública, compras e inversiones comprometidas para evaluar su necesidad e idoneidad y en su caso las posibilidades de reversión y articular la efectiva (y no meramente simbólica) participación social en las grandes decisiones de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, transporte, equipamientos sociales. Un compromiso por la lucha contra la contaminación y la sostenibilidad medioambiental. Por ultimo, incrementar el gasto en I+D+I.

Es evidente que las prioridades no pueden ser las mismas para los gobiernos autonómicos que los locales y en el caso de los locales hay que diferenciar las pequeñas y medianos ayuntamientos de las grandes capitales, pero teniendo en cuenta esa diversidad, las líneas de actuación preferentes deberían ir por esos caminos.

No podemos iniciar el nuevo ciclo político que todos deseamos confundiendo o engañando a la gente. La ciudadanía ya esta escarmentada, no se fía de los políticos y seria una catástrofe volver a las andadas. Hagamos un esfuerzo de rigor y de seriedad, seamos diligentes servidores públicos y no émulos de los Reyes Magos.

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