Una amiga pensionista, hace unos días, me enseñó una carta que había recibido de la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que se le comunicaba, con un trato muy respetuoso, eso sí, que la retención por el IRPF de su pensión, le subía del 7 al 8´08 % a partir de febrero y para los años 2012 y 2013. Me explicó que haciendo sus cálculos, esta medida suponía no sólo la eliminación de la exigua subida que le habían comunicado desde el mismo Instituto a principios de año, sino, la disminución de la pensión anterior. Es decir, su pensión de poco más de 1.100 € mensuales había pasado de un prometido aumento de 11´88 € a una disminución de 15 €, con el objetivo, decían, de reducir el déficit público.
Se despedía la carta diciendo: “Lamentando los inconvenientes que esta situación le haya podido ocasionar, le saluda atentamente (...)”. Inconvenientes decía... ¿a cuántos miles o cientos de miles de pensionistas les habrá llegado una carta similar?
La medida supone el incumplimiento flagrante de un compromiso electoral adquirido por Rajoy en su campaña electoral, porque no hay que olvidar que decía que iba a recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, “¡no más congelación de las pensiones!”, afirmaba. Este engaño sirve para recaudar pequeñas cantidades de muchos contribuyentes, sin embargo en conjunto no resuelve nada de la crisis pero afecta gravemente al bolsillo de cada pensionista, y si lo añadimos, como colofón, a los recortes y tijeretazos realizados contra el Estatuto de los Trabajadores, colma el vaso de la paciencia: ¡qué injusto y ridículo!.
También me viene al recuerdo la primera decisión que tomó Zoido, recién elegido en la Alcaldía de Sevilla: decretó la confiscación de la recaudación de los “gorrillas” o aparcacoches como medida para su eliminación. Meses más tarde, apareció la noticia en la prensa de que las razias empleadas contra sus bolsillos habían supuesto unos 30 ó 40 €. No sé en qué habrá acabado esa medida revolucionaria.
Las actuaciones realizadas por el partido gobernante y las realizadas en etapas anteriores, me sugieren si no ha llegado el momento de contemplar en España la implantación del “Delito Electoral”, cuando se incumplan de forma flagrante los programas con que se presentan los partidos a las elecciones. Ahora que está de moda modificar la Constitución, debiera introducirse también la contemplación de éste delito en ella., así como considerar llevarlo al Código Penal.
Entre otras cosas, el incumplimiento de puntos sustanciales de los programas con que se presentan los partidos, debiera obligar a realizar un referéndum, y si el incumplimiento fuese más grave, a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Todo esto puede tener cierta complejidad jurídica y constitucional, pero abogados, entendidos y catedráticos del tema, los hay.
Visto lo que está sucediendo, si en el resultado de las Elecciones Generales tuvieron mucha importancia las reformas realizadas y, en particular, la de las medidas tomadas sobre las pensiones, es natural que ahora, que en tan poco tiempo ha habido no ya un recorte, sino una especie de descuartizamiento de partes esenciales del Estado del Bienestar, haya un efecto sobre las próximas elecciones andaluzas, máxime cuando el estado de la economía en Andalucía es más grave, es más grave el paro y los pensionistas también tienen pensiones más bajas. Todos estamos reflexionando sobre ello y es lógico que el voto se desplace hasta las posiciones anteriores de izquierda.
Pienso que, a pesar de las encuestas, las izquierdas impedirán una mayoría absoluta.