La convocatoria de Huelga General tiene un motivo claro para todos los trabajadores de este país: que el Gobierno dé marcha atrás con la reforma laboral. Sin embargo, el empleo público, que tradicionalmente ha quedado al margen de las sucesivas reformas laborales acometidas por los gobiernos, pues el principal objetivo de estas es el empleo regulado por el Estatuto de los Trabajadores, el cual no tiene plena aplicación entre todos los colectivos de empleados públicos, ahora se da la circunstancia especial de que la reforma incorpora aspectos de aplicación específica al personal laboral de las AAPP.
Es un hecho sin precedentes en la historia de las AAPP y que, desde luego, exigirá una respuesta por parte de los trabajadores de las AAPP en la misma línea. Porque, aunque de dudosa constitucionalidad, la reforma laboral incorpora la posibilidad de despido por causas objetivas a través de un ERE, con indemnización de 20 días por año trabajado y eliminando la posibilidad, que si permite al resto del empleo privado, de que el ERE pueda realizarse a través de la suspensión de contratos o la rebaja de jornadas. El Gobierno claramente busca el despido como única solución para las AAPP.
Pero por si alguien todavía duda de la intencionalidad del Gobierno hacia el personal de las AAPP, en los RDL publicados el 24/2 y el 9/3 respectivamente, se establecen condicionantes para el pago a los proveedores de las entidades locales tales como reducción de costes de personal (reducción de sueldos o de efectivos) o regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral. En otras palabras: el Gobierno establece un sistema de incentivos legales hacia aquellas entidades locales que recorten salarios y despidan. Además de lo evidente, sorprende en estas normas la poca consideración que tiene a todos los efectos, al servicio público que prestan estas entidades, su evaluación, la calidad, parámetros que deberían motivar más al Gobierno que no el carácter economicista puro y duro de las medidas.
Pero es que a los empleados públicos no nos debe sorprender nada de esto, ha de motivarnos más en la respuesta, en la protesta y en la lucha por lo que creemos: no sólo un modelo de estado democrático del bienestar sino por nuestro empleo, puesto en peligro de manera grave con estas medidas. Ya nos puso sobre aviso el Gobierno con la primera medida: en la ley de medidas urgentes para el recorte del gasto público y la estabilidad presupuestaria de 30/12, ya se dispuso una subida de jornada que se quiere extender a todo el sector público ¿Qué busca con esto el Gobierno? Evidentemente, la reestructuración de plantillas que conlleve excedentes de personal para el cual han dispuesto una excelente salida: el despido.
En cualquier caso, la confabulación contra lo público del Gobierno no ha alcanzado su cenit: la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado, escondida por posibles efectos adversos entre el electorado, parece que esconde, en lo poco oído sobre esto al Presidente del Gobierno: “un recorte del gasto del 12,5% como media para todos los ministerios” que apostilla el Ministro de Economía diciendo que “la inversión pública tendrá una rebaja del 40% en 2012”. Desde algunos sectores se cuantifica este abandono de lo público por parte del Gobierno en “la pérdida de más de 150.000 empleos sólo en este año”, algo que como hemos visto, se soporta en la reforma legal operada por el Gobierno a través de la reforma laboral y de las otras medidas mencionadas.
Los empleados públicos nos encontramos en un momento histórico, un cambio de rumbo en la historia del empleo público. Nadie está a salvo ante un Gobierno que busca deliberadamente terminar con la esencia del empleo público y adelgazar el personal de las AAPP de forma rápida y al menor coste posible. Al empleo público pues, le sobran motivos más que nunca para secundar esta huelga. Es la hora de responder. Ante esta agresión impuesta por el Gobierno, sólo nos queda la lucha con la conciencia de lo que podemos perder si no lo hacemos. Es el momento, sumemos.