4 de noviembre de 2010, 15:01
NUEVATRIBUNA.ES - 25.5.2010
Después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de la instauración en Europa del modelo socialdemócrata, los Estados montaron empresas de todo tipo que competían directamente con las privadas. Pasaron esos tiempos y hoy los Estados de la Unión Europea –excepción hecha de Francia, que conserva participaciones mayoritarias en muchas de sus grandes corporaciones- raramente se dedican a fabricar barcos comerciales, automóviles, planchas de acero, hormigones, periódicos o zapatos. Se comprende que esos sectores nada tienen que ver con los servicios públicos y pertenecen por completo a la esfera de la iniciativa privada. Sin embargo, estos movimientos casi nunca terminan en el punto justo, tal vez porque se necesite más tiempo para ello, tal vez porque se ha criticado tanto lo público a escala planetaria, que hoy lo privado parece, y no lo es siempre, sinónimo de buen servicio y eficacia.
Nadie mejor para promover una industria de conservas vegetales, una cadena de supermercados, un periódico, una fábrica de ordenadores o de bicicletas que un grupo de personas con iniciativa, ideas y capital siempre que su peso económico no los lleve a crear un oligopolio; nadie mejor que un agricultor o ganadero –protegido por el Estado de los carroñeros que tanto anidan por estos y otros pagos- para producir fresas, melocotones, cereales, leche o carnes de calidad. Pero eso es una cosa y otra muy diferente es que los planes de ordenación urbana de las ciudades los hagan empresas privadas, que los expedientes y la concesión de títulos académicos puedan estar en manos de gestores privados, que la seguridad, la sanidad y la educación pública se hayan convertido en una fuente de enriquecimiento inagotable para los agraciados con el reparto de premios que las distintas Consellerías hacen periódicamente, que los bancos y los especuladores puedan jugar con el futuro de un país, de un continente o del planeta.
Pues bien, visto lo visto, creo que hay que poner coto a tanto desenfreno y delimitar perfectamente qué actividades corresponden al sector privado y cuales al público. En nuestra opinión, al privado pertenecen todas aquellas que comporten iniciativa e innovación, que auguren un beneficio razonable a cambio de un riesgo determinado, todas las que no afecten a los intereses y derechos colectivos de la ciudadanía. Por el contrario, al Estado, corresponde, irrenunciablemente, la elaboración de las leyes que rigen la utilización del suelo, la seguridad ciudadana mediante la dotación necesaria de funcionarios de policía y de jueces; dar una enseñanza pública de calidad; dotar a la sociedad de los servicios sanitarios públicos que demande y ampliar las infraestructuras de todo tipo –autovías, redes ferroviarias, puertos y aeropuertos, redes de agua potable y de riego, suministros energéticos…-; ofrecer una banca pública de calidad, controlar las transacciones comerciales y, en fin, todas aquellas actividades que, relacionadas con los servicios públicos y el bien común, no depararían beneficio alguno para el inversor privado de no contar con la seguridad que generan los presupuestos del Estado.
La privatización de la seguridad ciudadana, de la planificación urbanística, de la sanidad, de las pensiones y la educación está en el origen de la corrupción y supone un serio atentado contra uno de los artículos básicos de nuestra Constitución, el artículo catorce que dice así: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Se conculca ese inalienable derecho cuando el noventa por ciento de los emigrantes se concentran en escuelas carentes de los más elementales medios; cuando hay alumnos que se educan en centro subvencionados por el Estado que poseen lujos innecesarios mientras otros lo hacen en barracones, cuando se hacen convenios con empresas sanitarias, que nada arriesgan, para que construyan o gestionen nuevos hospitales, mientras los grandes centros hospitalarios públicos del país –que son los mejores del mundo si tenemos en cuenta el número de transplantes, de operaciones de alto riesgo que realizan y el éxito obtenido- se ven privados de medios para eliminar las insoportables e injustas listas de espera, cuando es el sector privado el que diseña a su medida la ordenación del suelo, cuando se transfiere parte del cuidado de nuestra seguridad ciudadana y de nuestras libertades a empresas que forman y pagan mal a sus empleados, mermando además la esencia del propio Estado, único constitucionalmente autorizado para ejercer la fuerza.
La iniciativa privada es imprescindible para el normal desenvolvimiento de la economía, lo que nadie puede pretender es que el beneficio de un número indeterminado de empresas provenga de los presupuestos del Estado menoscabando su razón de ser y la justicia social. Hoy, más que nunca, después de la experiencia neoliberal que nos ha llevado al borde de un abismo descomunal, es necesaria la presencia del Estado no sólo para reactivar la economía, sino para retomar las funciones que le son propias e impedir que delincuentes de guante blanco nos vuelvan a meter en cenagal semejante. Espero que hayamos aprendido la lección, también que los responsables, los predicadores de la privatización de todo, de la ingeniería contable, de la especulación inmobiliaria y financiera, de la destrucción de la economía productiva, previo juicio justo, ocupen el lugar que merecen, que no es otro que la cárcel: Aquí hay responsables, con nombres y apellidos. No sería justo ni ético que se les permitiese ver la tempestad desde cualquier paraíso fiscal mientras millones de personas nadan sin flotador tras el naufragio por ellos provocado. Causar ruina es un delito monstruoso, especular con el hambre, auspiciar la explotación, la destrucción del Estado del bienestar, su paralización, son delitos mucho más graves que los que han cometido la mayoría de los presos que se encuentran a la sombra en nuestras cárceles. Es necesario que en esos lugares comiencen a entrar los responsables de la miseria, el miedo y la usura. De una vez por todas, los estafadores, los del dinero fácil, los canallas, los desaprensivos de misa diaria, los corruptos de cualquier tipo pasen una temporada tras las rejas o resarciendo a la sociedad, siquiera mínimamente, del inmenso daño que le han causado.
No olvidemos que uno de los motivos principales por los que hoy está siendo sometido a vejación, humillación y oprobio uno de los mejores jueces del mundo, el juez Baltasar Garzón, es por haber destapado la trama Gurtel y tratar de acabar con la impunidad franquista: Es decir, por acabar con la corrupción y hacer valer el imperio de la Ley. Si queremos regeneración y cambiar nuestra sociedad para dejarla mejor a quienes vengan detrás, es preciso comenzar a limpiar la casa sin ningún tipo de tibiezas.
Pedro L. Angosto
Después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de la instauración en Europa del modelo socialdemócrata, los Estados montaron empresas de todo tipo que competían directamente con las privadas. Pasaron esos tiempos y hoy los Estados de la Unión Europea –excepción hecha de Francia, que conserva participaciones mayoritarias en muchas de sus grandes corporaciones- raramente se dedican a fabricar barcos comerciales, automóviles, planchas de acero, hormigones, periódicos o zapatos. Se comprende que esos sectores nada tienen que ver con los servicios públicos y pertenecen por completo a la esfera de la iniciativa privada. Sin embargo, estos movimientos casi nunca terminan en el punto justo, tal vez porque se necesite más tiempo para ello, tal vez porque se ha criticado tanto lo público a escala planetaria, que hoy lo privado parece, y no lo es siempre, sinónimo de buen servicio y eficacia.
Nadie mejor para promover una industria de conservas vegetales, una cadena de supermercados, un periódico, una fábrica de ordenadores o de bicicletas que un grupo de personas con iniciativa, ideas y capital siempre que su peso económico no los lleve a crear un oligopolio; nadie mejor que un agricultor o ganadero –protegido por el Estado de los carroñeros que tanto anidan por estos y otros pagos- para producir fresas, melocotones, cereales, leche o carnes de calidad. Pero eso es una cosa y otra muy diferente es que los planes de ordenación urbana de las ciudades los hagan empresas privadas, que los expedientes y la concesión de títulos académicos puedan estar en manos de gestores privados, que la seguridad, la sanidad y la educación pública se hayan convertido en una fuente de enriquecimiento inagotable para los agraciados con el reparto de premios que las distintas Consellerías hacen periódicamente, que los bancos y los especuladores puedan jugar con el futuro de un país, de un continente o del planeta.
Pues bien, visto lo visto, creo que hay que poner coto a tanto desenfreno y delimitar perfectamente qué actividades corresponden al sector privado y cuales al público. En nuestra opinión, al privado pertenecen todas aquellas que comporten iniciativa e innovación, que auguren un beneficio razonable a cambio de un riesgo determinado, todas las que no afecten a los intereses y derechos colectivos de la ciudadanía. Por el contrario, al Estado, corresponde, irrenunciablemente, la elaboración de las leyes que rigen la utilización del suelo, la seguridad ciudadana mediante la dotación necesaria de funcionarios de policía y de jueces; dar una enseñanza pública de calidad; dotar a la sociedad de los servicios sanitarios públicos que demande y ampliar las infraestructuras de todo tipo –autovías, redes ferroviarias, puertos y aeropuertos, redes de agua potable y de riego, suministros energéticos…-; ofrecer una banca pública de calidad, controlar las transacciones comerciales y, en fin, todas aquellas actividades que, relacionadas con los servicios públicos y el bien común, no depararían beneficio alguno para el inversor privado de no contar con la seguridad que generan los presupuestos del Estado.
La privatización de la seguridad ciudadana, de la planificación urbanística, de la sanidad, de las pensiones y la educación está en el origen de la corrupción y supone un serio atentado contra uno de los artículos básicos de nuestra Constitución, el artículo catorce que dice así: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Se conculca ese inalienable derecho cuando el noventa por ciento de los emigrantes se concentran en escuelas carentes de los más elementales medios; cuando hay alumnos que se educan en centro subvencionados por el Estado que poseen lujos innecesarios mientras otros lo hacen en barracones, cuando se hacen convenios con empresas sanitarias, que nada arriesgan, para que construyan o gestionen nuevos hospitales, mientras los grandes centros hospitalarios públicos del país –que son los mejores del mundo si tenemos en cuenta el número de transplantes, de operaciones de alto riesgo que realizan y el éxito obtenido- se ven privados de medios para eliminar las insoportables e injustas listas de espera, cuando es el sector privado el que diseña a su medida la ordenación del suelo, cuando se transfiere parte del cuidado de nuestra seguridad ciudadana y de nuestras libertades a empresas que forman y pagan mal a sus empleados, mermando además la esencia del propio Estado, único constitucionalmente autorizado para ejercer la fuerza.
La iniciativa privada es imprescindible para el normal desenvolvimiento de la economía, lo que nadie puede pretender es que el beneficio de un número indeterminado de empresas provenga de los presupuestos del Estado menoscabando su razón de ser y la justicia social. Hoy, más que nunca, después de la experiencia neoliberal que nos ha llevado al borde de un abismo descomunal, es necesaria la presencia del Estado no sólo para reactivar la economía, sino para retomar las funciones que le son propias e impedir que delincuentes de guante blanco nos vuelvan a meter en cenagal semejante. Espero que hayamos aprendido la lección, también que los responsables, los predicadores de la privatización de todo, de la ingeniería contable, de la especulación inmobiliaria y financiera, de la destrucción de la economía productiva, previo juicio justo, ocupen el lugar que merecen, que no es otro que la cárcel: Aquí hay responsables, con nombres y apellidos. No sería justo ni ético que se les permitiese ver la tempestad desde cualquier paraíso fiscal mientras millones de personas nadan sin flotador tras el naufragio por ellos provocado. Causar ruina es un delito monstruoso, especular con el hambre, auspiciar la explotación, la destrucción del Estado del bienestar, su paralización, son delitos mucho más graves que los que han cometido la mayoría de los presos que se encuentran a la sombra en nuestras cárceles. Es necesario que en esos lugares comiencen a entrar los responsables de la miseria, el miedo y la usura. De una vez por todas, los estafadores, los del dinero fácil, los canallas, los desaprensivos de misa diaria, los corruptos de cualquier tipo pasen una temporada tras las rejas o resarciendo a la sociedad, siquiera mínimamente, del inmenso daño que le han causado.
No olvidemos que uno de los motivos principales por los que hoy está siendo sometido a vejación, humillación y oprobio uno de los mejores jueces del mundo, el juez Baltasar Garzón, es por haber destapado la trama Gurtel y tratar de acabar con la impunidad franquista: Es decir, por acabar con la corrupción y hacer valer el imperio de la Ley. Si queremos regeneración y cambiar nuestra sociedad para dejarla mejor a quienes vengan detrás, es preciso comenzar a limpiar la casa sin ningún tipo de tibiezas.
Pedro L. Angosto