20 de septiembre de 2010, 15:51
NUEVATRIBUNA.ES - 8.7.2009
Los grandes empresarios no se bajan del burro y la CEOE exige que el pulpo del despido gratuito sea considerado animal de compañía para seguir jugando a la concertación social. Despido libre, ya lo hay. Lo que quieren es que no les cueste un duro o casi ni un duro, lo que viene a ser lo mismo aunque no sea igual. Y que bajen los costes de la seguridad social, que podrían conducir al déficit de dicho sistema y a 18.000 millones de euros en rojo en las arcas del Estado, por lo que habría que activar los Fondos de Reserva. Según las propuestas que la patronal que preside Gerardo Díaz Ferrán ha puesto encima de la mesa, parece preocuparles el paro: pero que sea el Estado quien cargue exclusivamente con ese muerto y amplíe en seis meses el subsidio de desempleo.
Arriba las manos, esto es un atraco, es lo que vienen escuchando gobierno y sindicatos desde hace oficialmente una semana pero, en rigor, desde hace mucho más. No habrá nuevos pactos de la Moncloa, si es que tiene que haberlos, mientras las grandes empresas se enroquen en una posición de fuerza que choca con la timidez de los sindicatos: a la fuerza ahorcan, ya que estamos ante el primer caso conocido de que sea el empresariado quien esté promoviendo con la boca chica una huelga general para tumbar al gobierno.
Las recetas de Díaz Ferrán quizá sirvieran para algo en los años locos de la transición cuando la inflación española era una montaña rusa. O en la etapa de las vacas gordas, en donde determinados derechos históricos de los trabajadores quizá hubieran podido entrar en negociación, en aras de nuevas mejoras sociales. Pero, con la que está cayendo, a nadie se le oculta que ese nuevo contrato para trabajadores del siglo XXI que preconiza la CEOE sólo serviría para precarizar el empleo, para inflar la nómina con los trabajadores que aceptarían esos flamantes contratos basura en lugar del paro sempiterno y que irían sustituyendo paulatinamente a los currantes del siglo XX a los que al menos habría que pagarles 20 días por año trabajado antes de darles la patada en el culo.
Traicionado por la banca, el Gobierno se ve ahora espoleado por los grandes empresarios: ¿representa la CEOE a las pequeñas y medianas empresas a las que también se les niegan créditos desde las ventanillas bancarias? Mucho me temo que no es así. Al día de hoy, la CEOE encarna un caballo de Troya con tufillo partidista: a nadie se le oculta la simpática relación que une a su presidente Gerardo Díaz Ferrán con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien antes de llamarla “cojonuda” a los cuatro vientos, donó 192.000 euros en las elecciones autonómicas de 2003, claro que para burlar los límites de la Ley de Financiación de Partido tuvo que hacerlo a través de la fundación Fundescamp que titula el Partido Popular en Madrid.
En sus manos, la CEOE se convierte en una especie de brazo armado de los conservadores. Díaz Ferrán no tuvo ningún inconveniente en ser reelegido presidente de los patronos españoles por una amplia mayoría durante el pasado mes de abril: y todo ello, a pesar del escándalo que supone el sumario que se instruye en torno a su evasión fiscal de 100 millones de euros durante el proceso de compra de Aerolíneas Argentinas. En cambio, el Partido Popular que ya lo tiene crudo por la trama Gürtel y otros escándalos internos, no ganaría votos predicando la doctrina neoliberal pura y dura que reclama ese empresariado y que, por económicamente suicida, ni siquiera son capaces de asumir otros países de nuestro entorno en donde ya gobierna la derecha.
Cierto es que la OCDE anda con el mismo runrún y que, por ahí van los tiros, organismos como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de reclamar la rebaja de la indemnización por despido a 33 días por año trabajado: se refiere, claro a aquellos trabajadores que actualmente disfrutan del prorrateo de 45 días y a los que la CEOE quiere llevarles al nuevo siglo, abaratando dicha cantidad a 21 días.
Mariano Rajoy se calla la boca, pero todo el think tank liberal conservador se apresta a pregonar las virtudes del barquero de los pingües beneficios colectivos que vendría a suponer el abaratamiento del despido: en Suecia, por ejemplo, el despido es gratis total. Cierto, pero la cobertura social del desempleo es indefinida y no sólo es asumida con dinero público sino con cotizaciones empresariales y laborales. Muy lejos pues, todavía, de los 460 euros durante seis meses a los trabajadores que hayan agotado otros subsidios y que el Gobierno acaricia como posible receta de futuro sin tener que apostar por la llamada renta básica que reclaman las organizaciones sociales.
Todo ello sin hablar de otros caballos de batalla de los hombres azules –así llaman a los ejecutivos en algunas empresas-- como una serie de medidas que conllevarían un recorte sustancial de la tutela judicial efectiva que ampara a los trabajadores, la desaparición del convenio colectivo en aras de la negociación individual o la insistente exigencia de Díaz Ferrán en abrir “un debate nacional para hacer un mix energético sin excluir a ninguna energía, incluida la nuclear, que es fundamental para el desarrollo futuro de España".
Aquí nadie habla de productividad, que es la clave de nuestro actual problema. Aquí seguimos estabulados en la nostalgia del pelotazo. ¿Por qué Díaz Ferrán quiere noquear al mismo Estado que tanto le ha ayudado en su controvertida gestión de Aerolíneas Argentinas? Hombre hecho a sí mismo, Gerardo Díaz Ferrán comenzó de cobrador de la pequeña empresa de transportes que regentaba su padre y el éxito le consagró al frente del Grupo Marsans. Se dice, sin embargo, que compró Aerolíneas Argentinas por un dólar pero luego recibiría dinero público para consolidar dicha operación.
El caso terminó llegando a los tribunales y entre los papeles que maneja la magistrada del Juzgado número 35 de Madrid, Gema Gallego, que baraja imputaciones por delito fiscal, falsedad documental y estafa procesal figura ya un Informe Pericial de los peritos de la Agencia Tributaria sobre la venta de Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans, propiedad de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y de su socio, Gonzalo Pascual. Fue la filial de Marsans, Air Comet, quien se hizo con Aerolíneas Argentinas (ARSA), entonces propiedad del Estado español a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que en 2002 y bajo el Gobierno de José María Aznar, dicha sociedad pública no sólo le regala la compañía aérea argentina sino que le inyecta 758 millones de dólares para reflotarla. Alrededor de 300 de esos millones estaban destinados a pagar a los deudores, cancelar pasivos y poner el balance a cero. Pero no fue así: compra de activos, silencios contables, ese es el balance de gestión que presentan los documentos manejados por el actual presidente de los empresarios españoles y por sus socios. En suma, se acusa a Air Comet de haber solicitado la devolución de 20.000 euros con cargo al impuesto de sociedades de 2002, cuando lo cierto es que debían haber pagado al fisco 99.049.520 euros, más otros 7,5 millones de otra sociedad, Romana Playa. Lo que supondría una bolsa de evasión fiscal próxima a 108 millones de euros que, sin embargo, no ha merecido una respuesta urgente por parte de las autoridades españolas, ni siquiera después del histórico relevo de 2004 en el Palacio de La Moncloa.
En las recientes elecciones argentinas, el tema de Aerolíneas volvió a la palestra al hilo de su retorno al paraguas de Papá Estado. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó entonces que La Casa Rosada pagaba los salarios de los trabajadores de Aerolíneas. Como comentaba un periodista rioplatense, La Casa Rosada pagaba los sueldos, Moncloa los aviones y Marsans cobraba los réditos: la viva imagen de la plutocracia”.
Bajo ese historial, no coge de sorpresa que Díaz Ferrán pretenda repetir la ecuación de siempre, esto es, las cuentas del gran capital para el futuro y el pasado de la economía española: subsidios a cargo del erario público, beneficios para el sector privado. Mucho más privado que nunca. A él, dicho procedimiento no le vino mal en el caso de Aerolíneas. Y a la banca tampoco parece haberle disgustado. Proseguimos la partida en un ajedrez siniestro: muevan blancas o negras, siempre pierden los peones.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
> Blog de Juan José Téllez
Los grandes empresarios no se bajan del burro y la CEOE exige que el pulpo del despido gratuito sea considerado animal de compañía para seguir jugando a la concertación social. Despido libre, ya lo hay. Lo que quieren es que no les cueste un duro o casi ni un duro, lo que viene a ser lo mismo aunque no sea igual. Y que bajen los costes de la seguridad social, que podrían conducir al déficit de dicho sistema y a 18.000 millones de euros en rojo en las arcas del Estado, por lo que habría que activar los Fondos de Reserva. Según las propuestas que la patronal que preside Gerardo Díaz Ferrán ha puesto encima de la mesa, parece preocuparles el paro: pero que sea el Estado quien cargue exclusivamente con ese muerto y amplíe en seis meses el subsidio de desempleo.
Arriba las manos, esto es un atraco, es lo que vienen escuchando gobierno y sindicatos desde hace oficialmente una semana pero, en rigor, desde hace mucho más. No habrá nuevos pactos de la Moncloa, si es que tiene que haberlos, mientras las grandes empresas se enroquen en una posición de fuerza que choca con la timidez de los sindicatos: a la fuerza ahorcan, ya que estamos ante el primer caso conocido de que sea el empresariado quien esté promoviendo con la boca chica una huelga general para tumbar al gobierno.
Las recetas de Díaz Ferrán quizá sirvieran para algo en los años locos de la transición cuando la inflación española era una montaña rusa. O en la etapa de las vacas gordas, en donde determinados derechos históricos de los trabajadores quizá hubieran podido entrar en negociación, en aras de nuevas mejoras sociales. Pero, con la que está cayendo, a nadie se le oculta que ese nuevo contrato para trabajadores del siglo XXI que preconiza la CEOE sólo serviría para precarizar el empleo, para inflar la nómina con los trabajadores que aceptarían esos flamantes contratos basura en lugar del paro sempiterno y que irían sustituyendo paulatinamente a los currantes del siglo XX a los que al menos habría que pagarles 20 días por año trabajado antes de darles la patada en el culo.
Traicionado por la banca, el Gobierno se ve ahora espoleado por los grandes empresarios: ¿representa la CEOE a las pequeñas y medianas empresas a las que también se les niegan créditos desde las ventanillas bancarias? Mucho me temo que no es así. Al día de hoy, la CEOE encarna un caballo de Troya con tufillo partidista: a nadie se le oculta la simpática relación que une a su presidente Gerardo Díaz Ferrán con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien antes de llamarla “cojonuda” a los cuatro vientos, donó 192.000 euros en las elecciones autonómicas de 2003, claro que para burlar los límites de la Ley de Financiación de Partido tuvo que hacerlo a través de la fundación Fundescamp que titula el Partido Popular en Madrid.
En sus manos, la CEOE se convierte en una especie de brazo armado de los conservadores. Díaz Ferrán no tuvo ningún inconveniente en ser reelegido presidente de los patronos españoles por una amplia mayoría durante el pasado mes de abril: y todo ello, a pesar del escándalo que supone el sumario que se instruye en torno a su evasión fiscal de 100 millones de euros durante el proceso de compra de Aerolíneas Argentinas. En cambio, el Partido Popular que ya lo tiene crudo por la trama Gürtel y otros escándalos internos, no ganaría votos predicando la doctrina neoliberal pura y dura que reclama ese empresariado y que, por económicamente suicida, ni siquiera son capaces de asumir otros países de nuestro entorno en donde ya gobierna la derecha.
Cierto es que la OCDE anda con el mismo runrún y que, por ahí van los tiros, organismos como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de reclamar la rebaja de la indemnización por despido a 33 días por año trabajado: se refiere, claro a aquellos trabajadores que actualmente disfrutan del prorrateo de 45 días y a los que la CEOE quiere llevarles al nuevo siglo, abaratando dicha cantidad a 21 días.
Mariano Rajoy se calla la boca, pero todo el think tank liberal conservador se apresta a pregonar las virtudes del barquero de los pingües beneficios colectivos que vendría a suponer el abaratamiento del despido: en Suecia, por ejemplo, el despido es gratis total. Cierto, pero la cobertura social del desempleo es indefinida y no sólo es asumida con dinero público sino con cotizaciones empresariales y laborales. Muy lejos pues, todavía, de los 460 euros durante seis meses a los trabajadores que hayan agotado otros subsidios y que el Gobierno acaricia como posible receta de futuro sin tener que apostar por la llamada renta básica que reclaman las organizaciones sociales.
Todo ello sin hablar de otros caballos de batalla de los hombres azules –así llaman a los ejecutivos en algunas empresas-- como una serie de medidas que conllevarían un recorte sustancial de la tutela judicial efectiva que ampara a los trabajadores, la desaparición del convenio colectivo en aras de la negociación individual o la insistente exigencia de Díaz Ferrán en abrir “un debate nacional para hacer un mix energético sin excluir a ninguna energía, incluida la nuclear, que es fundamental para el desarrollo futuro de España".
Aquí nadie habla de productividad, que es la clave de nuestro actual problema. Aquí seguimos estabulados en la nostalgia del pelotazo. ¿Por qué Díaz Ferrán quiere noquear al mismo Estado que tanto le ha ayudado en su controvertida gestión de Aerolíneas Argentinas? Hombre hecho a sí mismo, Gerardo Díaz Ferrán comenzó de cobrador de la pequeña empresa de transportes que regentaba su padre y el éxito le consagró al frente del Grupo Marsans. Se dice, sin embargo, que compró Aerolíneas Argentinas por un dólar pero luego recibiría dinero público para consolidar dicha operación.
El caso terminó llegando a los tribunales y entre los papeles que maneja la magistrada del Juzgado número 35 de Madrid, Gema Gallego, que baraja imputaciones por delito fiscal, falsedad documental y estafa procesal figura ya un Informe Pericial de los peritos de la Agencia Tributaria sobre la venta de Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans, propiedad de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y de su socio, Gonzalo Pascual. Fue la filial de Marsans, Air Comet, quien se hizo con Aerolíneas Argentinas (ARSA), entonces propiedad del Estado español a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que en 2002 y bajo el Gobierno de José María Aznar, dicha sociedad pública no sólo le regala la compañía aérea argentina sino que le inyecta 758 millones de dólares para reflotarla. Alrededor de 300 de esos millones estaban destinados a pagar a los deudores, cancelar pasivos y poner el balance a cero. Pero no fue así: compra de activos, silencios contables, ese es el balance de gestión que presentan los documentos manejados por el actual presidente de los empresarios españoles y por sus socios. En suma, se acusa a Air Comet de haber solicitado la devolución de 20.000 euros con cargo al impuesto de sociedades de 2002, cuando lo cierto es que debían haber pagado al fisco 99.049.520 euros, más otros 7,5 millones de otra sociedad, Romana Playa. Lo que supondría una bolsa de evasión fiscal próxima a 108 millones de euros que, sin embargo, no ha merecido una respuesta urgente por parte de las autoridades españolas, ni siquiera después del histórico relevo de 2004 en el Palacio de La Moncloa.
En las recientes elecciones argentinas, el tema de Aerolíneas volvió a la palestra al hilo de su retorno al paraguas de Papá Estado. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó entonces que La Casa Rosada pagaba los salarios de los trabajadores de Aerolíneas. Como comentaba un periodista rioplatense, La Casa Rosada pagaba los sueldos, Moncloa los aviones y Marsans cobraba los réditos: la viva imagen de la plutocracia”.
Bajo ese historial, no coge de sorpresa que Díaz Ferrán pretenda repetir la ecuación de siempre, esto es, las cuentas del gran capital para el futuro y el pasado de la economía española: subsidios a cargo del erario público, beneficios para el sector privado. Mucho más privado que nunca. A él, dicho procedimiento no le vino mal en el caso de Aerolíneas. Y a la banca tampoco parece haberle disgustado. Proseguimos la partida en un ajedrez siniestro: muevan blancas o negras, siempre pierden los peones.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
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