Existe una corriente social indignada, una ciudadanía activa, y es un nuevo elemento positivo y clave en el escenario sociopolítico tras el giro gubernamental hacia la política de recortes sociales, en mayo de 2010. Se refleja en el debate público aunque esté por ver cómo se articulan la continuidad de sus procesos de expresión y movilización, su consistencia y sus consecuencias políticas. Y, particularmente, cómo se articula su representación social, qué alcance y qué combinación van a tener los dos principales movimientos sociopolíticos que, de diferentes formas y en distintos momentos, han canalizado el malestar ciudadano y la indignación popular en el último año: el sindicalismo (con la huelga general del 29-S) y el movimiento 15-M.
Sin embargo, esa opinión ciudadana es discordante con el comportamiento electoral, más fragmentado, y el sistema de representación política, sobre los que median otros mecanismos e inercias. En ese sentido, hay una disociación entre la esfera social y la política, aunque ambas se interrelacionan. Un campo social se consolida cuando tiene unas bases propias sólidas y sus efectos se van trasladando al campo político e institucional; no necesariamente en forma electoral, pero sí en el condicionamiento de las políticas públicas y las decisiones institucionales, es decir, en la influencia sociopolítica y la transformación del poder. Al revés, el sistema político tiende a asumir las funciones exclusivas de representación, reducir la participación ciudadana al marco electoral y utilizar su hegemonía institucional para debilitar la propia articulación asociativa de la sociedad y los movimientos sociales.
Dicho de otro modo, existe una relativa crisis de la representatividad de las élites políticas actuales. La clase política aparece en los últimos Barómetros del CIS no como la solución, sino como el tercer gran problema de la sociedad (tras el paro y las incertidumbres económicas). Por otro lado, para guiar los asuntos públicos tanto Zapatero cuanto Rajoy no llegan a tener la confianza ni de una quinta parte de la ciudadanía. Así mismo, en el Barómetro Continuo de Confianza Ciudadana elaborado por Demoscopia (ver El País, 7 de agosto de 2011), los políticos (con una puntuación de 2,6) y los partidos políticos (2,8) son las instituciones que menor confianza inspiran a los ciudadanos, seguidos de los bancos (2,9) y el actual Gobierno –socialista- del Estado (3). Por el contrario, son las instituciones que ofrecen educación, sanidad, protección social y seguridad las mejor valoradas (más de 6,5). Por último, hay que destacar como preocupante la baja puntuación dada a los sindicatos (3,3) que expresa la poca confianza que inspiran a la ciudadanía, particularmente, tras su compromiso con el acuerdo de recorte de las pensiones públicas (rechazado por la mayoría social y tal como se ve una de las instituciones que goza de mayor confianza ciudadana).
Por tanto, las decisiones de la clase política ya no pueden ampararse sólo en la legitimidad de la delegación de voto cada cuatro años sino que deben tener más en cuenta y de forma permanente la voz ciudadana. Esa débil confianza en la clase política para conducir la gestión socioeconómica no es total o general, ni afecta a todos los planos. Es evidente, aun con ambivalencias, el apoyo de la mayoría ciudadana a las política sociales, a un empleo decente y a los principales mecanismos del Estado de bienestar, así como su oposición a sus recortes (cercana al 80% respecto a algunos como prolongar la edad de jubilación), aunque hayan sido avalados por una amplia mayoría parlamentaria y del sistema político e incluso de los medios de comunicación. Por otro lado, los partidos políticos con responsabilidad institucional conservan, incluido el propio PSOE, un amplio respaldo electoral, a veces combinado con el rechazo a sus líderes o a parte sustancial de su gestión, particularmente de las diferentes formas de corrupción existentes.
Existen distintos sistemas de representación y élites diversas. La respuesta a la complejidad y la diversidad de esa población descontenta y sus distintos niveles de implicación y posiciones ideológicas, requiere una acción y una dinámica organizativa profundamente democráticas, resolviendo bien las formas de la necesaria delegación, coordinación y representación, así como el respeto al pluralismo y la actitud integradora y unitaria.
Existe una opinión extendida en parte de la ciudadanía más activa, particularmente algunos activistas del movimiento 15-M, que se expresa con la idea ‘no nos representan’, y dirigida fundamentalmente a los grandes partidos de poder (PP, PSOE, CIU). No obstante, también llega a afectar, en tono diferente, al resto de la izquierda política (IU-ICV, ERC, BNG…) o a las propias estructuras sindicales. Esa idea no es cierta por lo que se refiere a millones de personas que simpatizan, en mayor o menor medida, con ese movimiento y cuya posición es más ambivalente: apoyan sus ideas básicas (contra las consecuencias de la crisis y la política de recortes sociales, y mayor democracia), aunque también pueden seguir afiliados a los grandes sindicatos y confiar en sus dirigentes, o votar al partido socialista (o a otros grupos más a la derecha). Entre sectores progresistas o de izquierda social se produce una combinación de actitudes entre esa expresión de indignación representada por el movimiento 15-M y la vinculación hacia la actividad defensiva de los sindicatos o con el apoyo electoral hacia opciones políticas aun con desacuerdos significativos a la gestión de sus líderes.
Ese movimiento que ha recogido un sentir mayoritario de la ciudadanía en la expresión de su indignación, no puede totalizar la representación del conjunto de sus deseos y aspiraciones, particularmente de los otros dos planos cuya intervención está mediada por otros mecanismos, necesidades y estructuras: el sindical, y el político-electoral. Así, hace bien en considerarse un movimiento ‘social’, de carácter sociopolítico y vocación transformadora, pero ser autónomo frente a la acción electoral y las organizaciones partidistas y/o sindicales, exigiendo mayor democracia y representatividad del sistema político, y siendo prudentes en su intervención directa en esos campos. En sentido más amplio, habrá que analizar cómo evolucionan esos equilibrios, partiendo del hecho nuevo relevante: la amplia crítica a la clase política, particularmente, la desafección al partido socialista por su gestión antisocial de la crisis y la constitución de una ciudadanía indignada y activa.
No obstante, esa idea impugnadora de la representatividad de la clase política, sí es expresiva de una parte más activista de ese movimiento que se fundamenta en algunos elementos críticos, incluyendo algunas actuaciones de los dirigentes de la izquierda política y los grandes sindicatos. Por otro lado, nuevas élites emergentes, vinculadas al movimiento 15-M, pugnan por confirmarse y legitimarse socialmente, prevenir su marginación y evitar su neutralización o su absorción institucional. Utilizan una crítica anti-jerárquica y anti-elitista frente a esas estructuras políticas y sindicales instaladas, y aportan un saludable ejercicio participativo y anti-burocrático. En ese sentido, es todavía más importante el talante democrático y unitario, evitando esquematismos y reacciones sectarias.
Además, como todo movimiento emergente con una base amplia, deben establecer los mecanismos de relación y comunicación para rellenar también la distancia entre la parte activa (con alta participación asamblearia, deliberativa y comunicativa en las redes sociales) y los centenares de miles, incluso de millones que, en un mayor o menor grado, simpatizan con propuestas decididas por los primeros pero cuyo apoyo tampoco es incondicional, ni total o permanente. Los vínculos entre las dos partes son indirectos y condicionados por los medios de comunicación, el acontecer sociopolítico y las formas y oportunidades de las actuaciones colectivas más o menos masivas. Todo ello supone abordar también las formas de la delegación a sus representantes o portavoces y la coordinación organizativa, junto con afinar las críticas y establecer los puntos de colaboración adecuados con el resto de tejido asociativo progresista.