lunes 06.07.2020

Que no se hagan distinciones entre "chorizos" de primera y de segunda

En estos últimos días leemos en la prensa la petición que Ignacio González ha enviado al juez: salir de la cárcel de Soto del Real pagando una «fianza razonable acorde con su capacidad económica» [sic] «por el deterioro físico y psíquico» que sufre después de tres meses en prisión provisional y por la avanzada edad de sus padres, que «puede que no vuelvan a verle»; propone, también, la «colocación de inhibidores de frecuencia» en su domicilio para impedirle el uso de aparatos electrónicos y «el corte de suministro de cualquier línea wifi». 

Inmediatamente pensamos en la situación de miles de «chorizos de segunda» encarcelados que estarían dispuestos a pagar una fianza «acorde con su capacidad económica», si pudieran, y que probablemente sufren situaciones familiares tanto o más dolorosas que la de Ignacio González y su hermano. Y nos vienen a la memoria, entre otras, las conversaciones que mantenía hace bien poco con un empresario conocido, cuando manejaba con prepotencia los hilos de la política madrileña. Evidentemente su estado anímico era muy otro: «Mira, yo ya estoy hasta los cojones, o sea, decidme ¿aquí qué queda?, ¿pegarle dos tiros a la juez?». 

Consideramos inadmisible la rebaja de la fianza y la salida de la cárcel de su hermano Pablo González y exigimos para ambos el mismo tratamiento que se da a otros presos comunes.

Responsabilidad innegable de la CAM

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II lleva años denunciando la trama montada por políticos del PP y empresarios afines para hacerse con la empresa pública más importante de la Comunidad de Madrid, y sacar tajada de su gestión: el Canal de Isabel II. La responsabilidad de la presidencia de la CAM en el pasado y el futuro de esta empresa está fuera de duda, comenzando por Alberto Ruiz-Gallardón, siguiendo por Esperanza Aguirre e Ignacio González y terminando con la actual presidenta, Cristina Cifuentes.

La Plataforma ha analizado el proceso legislativo cuidadosamente planificado para permitir la entrada de capital privado en esta empresa pública. Ha desmontado las mentiras esgrimidas para convencer a la opinión pública de que los aportes económicos privados eran indispensables para el futuro del Canal. Ha criticado la degradación de las condiciones laborales de la plantilla. Y ha dado alternativas para blindar el carácter público de esta empresa, que pasan necesariamente por la disolución de la sociedad anónima y por una gestión transparente, con control ciudadano y distanciada de una concepción mercantil del agua. 

Cristina Cifuentes continúa la senda de sus antecesores

Los escándalos destapados por la Operación Lezo, y también por la Gurtel y la Púnica, ponen de manifiesto que teníamos razón: el pozo de corrupción en el Canal de Isabel II era profundo. Y no sirve que Cristina Cifuentes huya hacia adelante diciendo que, ahora sí, por fin, se va a gestionar la empresa con transparencia y que se va a mantener su carácter público porque no desmonta el instrumento perfecto para que entre capital privado en cuanto se encuentren las condiciones económicas adecuadas: la sociedad anónima. Y porque este instrumento se rige por el derecho privado y no por el público, lo que ha permitido a su antecesor en el cargo, Ignacio González, hacer y deshacer a su antojo. La ayuda que están recibiendo de Ciudadanos resulta impagable. 

Para poner de manifiesto todas estas cosas, desde la Plataforma contra la privatización del CYII se ha iniciado una campaña de micromecenazgo para reeditar el libro que, hace tres años, denunció la enorme trama de corrupción montada en torno al Canal y a la gestión del agua, en general: Más claro AGUA: el plan de saqueo del Canal de Isabel II. Estamos muy cerca de conseguir el objetivo que nos permitirá reeditar este libro en el que se han reescrito capítulos fundamentales para incorporar lo mucho que se ha destapado en estos tres años.

Que no se hagan distinciones entre "chorizos" de primera y de segunda