La producción porcina en nuestro país vive una época de gran bonanza económica, por dos razones: en primer lugar, los costes de producción en España son menores respecto a los principales competidores europeos, en segundo lugar, una epidemia de peste porcina africana lleva años expandiéndose por Europa, Rusia y Asia, afectando gravemente a países como China.
La proliferación de las macrogranjas, responde a un modelo industrializado: las grandes empresas productoras suministran los animales y el pienso, mientras que las instalaciones y la mano de obra corren por parte del ganadero o promotor. Según datos de Ministerio de Agricultura, en 2021, en España se sacrificaron más de 47 millones de cerdos, más de la mitad destinados a exportación a terceros países como China y otros del Sudeste asiático. En el cuatrienio 2017-2021, las exportaciones a países extracomunitarios aumentaron un 167%. Sin embargo, en 2021 se observó una reducción del consumo nacional de carne de cerdo del 8,7% respecto a 2020.
Riesgo de “burbuja” productiva
Dada la expansión de la peste porcina africana, no es descartable que esta enfermedad llegue a España. Por otro lado, si países asiáticos recuperan el estado sanitario de sus explotaciones, la competitividad del sector porcino español se verá seriamente mermada con un impacto notable sobre las inversiones realizadas. De hecho la tendencia del precio internacional de animales vivos y canales está a la baja, mientras que los costes de producción están subiendo. El coste de construcción de una macrogranja para 6.000 cerdos de cebo se estima en unos 600.000 euros. Muchas veces, estos altos niveles de inversión son asumidos por ganaderos y promotores mediante la petición de créditos, asociado a un largo plazo de amortización y los riesgos que lleva consigo.
Además, la guerra en Ucrania ya está teniendo impacto en el alza de los precios de los piensos, puesto que en su mayoría se importan y Ucrania es un importante suministrador de maíz y (especialmente) girasol forrajero.
Situación en Castilla-La Mancha y en Cuenca
Datos del Ministerio de Agricultura indican que, entre 2016 y 2020, el censo porcino en la región se ha incrementó un 20 %, hasta superar los 1,7 millones de cabezas. Sin embargo no existe un plan de ordenación del territorio que regule la instalación de estas explotaciones y por ello el crecimiento del sector está en manos privadas que imponen sus intereses, desplegando las instalaciones a su conveniencia sin criterios ambientales ni sociales. El único papel de la administración regional es la autorización ambiental, pero, organizaciones vecinales y ecologistas han denunciado la poca rigurosidad de la administración a la hora de conceder licencias para la instalación de estas macrogranjas. Así lo han corroborado varias sentencias judiciales donde se ha anulado la autorización ambiental integrada concedida por la administración regional, al no haber seguido el procedimiento legal establecido y demostrando el enorme impacto ambiental de este modelo agroindustrial.
En Cuenca se ceban más de 450.000 animales al año (más del doble de todos sus habitantes).
Según datos ministeriales, en Castilla-La Mancha se sacrificaron más de 4,3 millones cerdos en 2020, de los cuales el 63% fueron en mataderos conquenses (situados en Tarancón y Villar de Olalla):. Estos datos denotan un marcado desequilibrio entre el censo de cerdos de cebo y la gran demanda de animales para sacrificio. Es por eso que muchas empresas productoras han promovido la construcción de nuevas macrogranjas por toda Cuenca, con el fin de abaratar los costes de transporte de animales al matadero.
