jueves. 25.04.2024
macrogranjas
Foto: Justicia Alimentaria
 

“El debate social sobre las macrogranjas se ha ganado a favor de la reducción del consumo de carne”. Así lo ve Javier Guzmán, director de la ONG Justicia Alimentaria que en esta entrevista critica al lobby cárnico y nos desvela algunas de las maniobras de las que se sirve el sector para hacernos creer que lo que comemos es sano. Especialista en políticas agroalimentarias, ecologista y activista por los derechos humanos, Javier Guzmán aboga por un cambio radical de nuestro modelo de producción alimentaria que tantos problemas está generando en términos de salud pública y medioambiental.


Nuevatribuna.es | ¿En qué medida la ganadería industrial representa un problema a efectos de salud pública y medioambiental?

javier guzmanJavier Guzmán | Es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Desde el punto de vista de salud pública porque tenemos un exceso de consumo de carne, sobre todo de carnes rojas y procesadas, que son las que tienen más problemas a nivel de salud, con un impacto tanto en morbilidad como en gasto sanitario enorme. Hablamos de 7.500 millones de euros al año de gasto público sanitario en enfermedades relacionadas. Además, en los últimos años ha habido una expansión de la ganadería industrial, de la carne 'low cost' de bajo precio, de baja calidad. Somos el tercer productor de porcino. El sector porcino es nuestro principal problema. En impacto medioambiental, con la emisión de amoniaco, purines y contaminación de acuíferos. Aquí, en Catalunya, somos el epicentro, donde hay una total dependencia del pienso y casi la mitad de ese pienso es de fuera, con una huella climática y de deforestación importante. Según nuestros cálculos, de los 1,5 millones de toneladas de soja importadas por Catalunya para elaborar el pienso que se come la ganadería industrial, 330.000 provendrían de zonas deforestadas, lo que equivale a unas 100.000 hectáreas que viene a ser la superficie agraria útil de casi toda la SAU de las Comarcas Centrales de Catalunya central, o la mitad de la del Alt Pirineu y Aran. Cien mil hectáreas deforestadas, cada año.

Las enfermedades relacionadas con el exceso de consumo de carne suponen un gasto sanitario de 7.500 millones al año

NT | ¿De qué volumen de producción porcina en España estamos hablando?

J.G. | España es el tercer país de producción porcina del mundo. En España estamos por encima de los 50 millones de cerdos; en Catalunya estaremos en 7,9 millones aproximadamente. El porcino es el segundo sector que más emisiones genera en Catalunya y también en el resto del Estado. Si queremos abordar la agenda y el acuerdo de París, esto pasa por la reducción y la concentración de animales, es decir las macrogranjas. Es un desastre desde el punto de vista medioambiental, de bienestar animal o de generación de zoonosis. Hay que erradicarlo, no podemos seguir con esta concentración de animales. Pero, además, un tema del que no se habla y está encima de la mesa es que necesitamos una reducción de la cabaña, no podemos tener esta cantidad de animales dependiendo de pienso exterior con todo el transporte y el impacto que tiene. Hay que ir a políticas de reducción como está haciendo Alemania tanto en reducción de porcino como en consumo de carnes y la transformación a granjas de más pequeña escala y más sostenibles con dinero público.

NT | Respecto a las macrogranjas y la polémica generada en torno a las declaraciones de Alberto Garzón. ¿Qué intereses ves detrás de los ataques al ministro?

En los ataques al ministro Garzón, el lobby cárnico ha fallado en su estrategia

J.G. | Tiene que ver con el enorme poder que tiene el sector cárnico en nuestro país. En un informe nuestro explicamos las ‘maniobras’ de las que se sirve. No son de ahora, llevan años. Una de las primeras ocasiones donde surgió esta defensa del lobby cárnico tan brutal fue cuando la propia OMS publicó en 2015 el famoso informe diciendo que la carne procesada era cancerígena. Automáticamente se puso en marcha toda una estrategia, diciendo desde diferentes órganos públicos que nosotros no teníamos ningún tipo de problema con el consumo de carne, que en España estábamos fenomenal, etc. Además, vimos batas blancas y medios recomendando el doble de consumo de carne; es decir, toda una estrategia de enfrentamiento, y a veces de ninguneo, riéndose de la propia OMS. Ahora ha pasado algo muy parecido con el ministro Garzón que dijo una cosa que no es de ahora, que llevamos años, que este debate está en Europa y en todo el mundo. Dijo una cosa obvia, que el tema de las macrogranjas es un problema, aquí en España, en Francia -donde también se están haciendo campañas-, en Alemania, en toda Europa, que hay que corregir. Y el lobby cárnico falló en su estrategia, porque no midió realmente que ese debate ya se estaba dando en la sociedad civil y en el momento que se abrió la espita se empezó a hablar de una manera distinta y no pudieron ganar ese debate. El debate social se ha ganado a favor de la reducción del consumo de carne. La siguiente batalla será hacernos creer que lo que ellos están haciendo son granjas sostenibles.

A debate


NT | Antes cuando hablabas de los efectos perniciosos sobre la salud en el consumo de carnes rojas y procesadas hay otro problema añadido que es el tema de los antibióticos que se dan a los animales. ¿Qué nos pueden contar sobre esto?

Por kilo de cerdo, estamos metiendo casi 400 miligramos de antibiótico

J.G. | Cada vez hay más resistencia, esto es obvio. El impacto en las superbacterias y la resistencia a antibióticos es un tema de primer orden de salud pública y tiene que ver con ese tanto por ciento de más de antibióticos que toman los animales y en España somos los campeones. Según nuestros cálculos, por kilo de cerdo, estamos metiendo casi 400 miligramos de antibiótico, cuatro veces más que lo que hacen en Francia o Alemania. Tenemos un exceso de uso de antibióticos. En la Unión Europea ha habido un intento de corrección para limitar el tema de la profilaxis y metafilaxis. Esto se ha ido reduciendo, pero aún así hay un consumo enorme y tiene que ver con el modelo. Si tú pones a muchos animales juntos hacinados se extiende la enfermedad y por eso tienes que hacer profilaxis y dar antibióticos para evitar justamente esto. Es decir, el hacinamiento provoca ese tipo de prácticas y esto tiene un efecto directo en la resistencia de bacterias que están causando, según el último dato aportado por Europa, aproximadamente 35.000 muertes al año y unas 3.000 en España. No es ninguna una broma.


Javier_Guzman-1024x768Javier Guzmán

NT | Has comentado las ‘contracampañas’ que pone en marcha la industria cárnica en momentos concretos cómo el ocurrido con el ministro Garzón. ¿De qué otros ‘trucos’ se vale la industria alimentaria para hacernos creer que lo que comemos es sano?

El Greenwashing es una estrategia de marketing del lobby cárnico

J.G. | Se han dado cuenta de que la ciudadanía le da cada vez más importancia a la alimentación. Que ha subido mucho en la agenda social y política. La gente quiere saber qué es lo que come saludable, qué es ecológico, qué hay detrás, en qué condiciones se ha hecho; y de esto, se ha dado cuenta la industria de la alimentación procesada, y establecen varias dinámicas: decir medias verdades, decir mentiras y utilizar el Greenwashing, o ‘lavado verde’. Por ejemplo, muchos productos han empezado a utilizar una gran creación de sellos bio, climáticos, de agua y otros; incluso la propia industria porcina ha generado su propio sello. Son creados por las propias empresas, no están regulados, y hay muchísimos. Nosotros hemos contabilizado a nivel internacional más de 400 sellos climáticos sin regulación pública. Y los consumidores al ver un certificado, al ver un sello pues nos pensamos que detrás hay una garantía y en realidad es un artificio de marketing. Nosotros solo tenemos aquí una regulación de producto ecológico, el de la hojita y el de comercio justo y ya no hay más. El resto han sido hechos por las empresas. Ahora, por ejemplo, se está pidiendo regulación para distinguir los modelos de ganadería que hay detrás de la carne. Obviamente, los consumidores quieren conocer todo esto y lo que intentan las industrias es justamente lo contrario, y esto lo hacen mintiendo directamente o diciendo una parte de verdad. Por ejemplo, te dice la industria cárnica y porcina que están reduciendo las emisiones en un 10%-14% porque están haciendo innovaciones tecnológicas y demás. Y es verdad, hay granjas que han hecho innovaciones tecnológicas y han reducido las emisiones. Pero, ¿qué ocurre?, que como cada día en nuestro país se come más cerdo, el cómputo global de emisiones se sigue ampliando. Esto es lo que te decía que tiene que ver con las políticas públicas. Las empresas han encontrado esto y se ponen como autogarantes y casi como adalides de la economía verde, cuando es todo lo contrario, van al revés, rodeados además de una pléyade de fundaciones, ONG, algunas creadas por ellas mismas; vemos empresas que tienen sus propias fundaciones, con su propio voluntariado para hacernos creer que ellos son más que una empresa, que son casi una ONG, y vaciando de contenido toda la estrategia de la agricultura ecológica, de la alimentación saludable. Todo esto lo van vaciando y se van apropiando de tal manera que puedan seguir haciendo el mismo tipo de alimentación procesada.

NT | Hay quien argumenta que las dietas cien por cien saludables no son asequibles para un buen porcentaje de la población con rentas bajas y de ahí la necesidad de las macrogranjas. ¿Qué opinas?

¿Por qué es tan barata la carne en nuestro país? Sabemos que más del 55% de un kilo de cerdo está subvencionado

J.G. | Es verdad que en nuestro país hay un problema de rentas en el tema de la alimentación, pero hay que decir toda la verdad. Más del 40% de la población no puede pagarse una dieta sana porque los precios de los alimentos más frescos, más sanos, han ido subiendo en los últimos 20 años y la alimentación procesada ha bajado. Y esto, en parte, ha sido por las políticas fiscales. Ahora tenemos el impuesto del azúcar, que se ha hecho tarde y además es un impuesto pequeño. No tenemos políticas fiscales. Por ejemplo, si queremos decir, vamos a promocionar el producto de ganadería extensiva y ecológica, pues bajemos el IVA a 0. La cuestión es muy sencilla, aquello que es malo hay que penalizarlo y aquello que es bueno hay que incentivarlo. Pero es que además hay productos como el cárnico que nosotros hemos visto durante años y décadas que vía Política Agraria Común (PAC) se han ido subvencionando. ¿Por qué es tan barata la carne en nuestro país? Sabemos que más del 55% de un kilo de cerdo está subvencionado. Fundamentalmente, las subvenciones se han ido dirigidas al pienso, al cereal, porque es el alimento básico de la industria alimentaria. También han tenido mucha financiación las grasas, el azúcar. En cambio, otros productos, como pueden ser las verduras, las legumbres, han sido abandonadas, apenas ha habido inversión. Este el sistema. Desde las políticas públicas se ha apoyado y se ha abaratado la materia prima de la industria alimentaria. Si queremos reducir la carne y hacerla asequible se puede hacer con muchas políticas, empezando con la compra pública de alimentos.

A debate

invernadero 2

NT | Desde Justicia Alimentaria también lleváis tiempo denunciando los efectos para el clima que suponen los invernaderos. ¿Cuáles son esos efectos?

En España, 2,2 millones de toneladas de CO2 al año están siendo generadas por los invernaderos

J.G. | Hemos generado un sistema agrario en nuestro país de invernadero de exportación de frutas y verduras. Nos hemos convertido en el segundo país del mundo con más superficie de invernadero, 70.000 hectáreas, sobre todo en Almería y en Granada. Es decir, uno de cada tres invernaderos de Europa está en España. Somos una auténtica factoría, más del 25% de frutas y hortalizas que se consumen en toda Europa. Esto tiene efectos enormes sobre el consumo de agua, porque es un sistema absolutamente dependiente del agua, en cuencas donde no podemos permitírnoslo. Además, utilizan una gran cantidad de fertilización química y por tanto de residuos y por tanto de contaminación de acuíferos. Tenemos el ejemplo del Mar Menor. Y luego, un impacto muy fuerte en términos de CO2 porque, aunque de esa superficie agrícola, casi un 10% es ecológica y no usa fertilizantes químicos, salen 1.500 camiones diarios para Europa, que en términos de emisiones de CO2 también es una barbaridad. En España, 2,2 millones de toneladas de CO2 al año están siendo generadas por los invernaderos. Aparte del residuo de plásticos, la contaminación de microplásticos y de cuencas hídricas. Con la estrategia del Greenwashing, otra de las grandes trampas es decir que van a hacerlo ecológico dejando de utilizar pesticidas, pero las emisiones y la producción, el modelo industrial que tiene, genera más impacto. Calculamos que una producción hortícola convencional, no ecológica, tiene un 70% menos de emisiones que una de invernadero. Una producción ecológica, al aire libre, un huerto normal, emite 7 veces menos que una de invernadero. Este es un modelo que, en términos climáticos, en términos de contaminación y de escasez de agua en nuestro país no nos lo podemos permitir.

NT | También habéis planteado las derivadas que tiene en materia de explotación laboral.

Casi el 45% de los costes son de mano de obra y se trae mano de obra inmigrante

J.G. | Es un sistema que se basa en la explotación laboral. ¿Por qué sale rentable ese tipo de producción, sobre todo aquí en España y el sur de Italia? Para hacernos una idea, casi el 45% de los costes son de mano de obra y se trae mano de obra inmigrante. Tenemos problemas de contratos, de horas extras… Traemos gente de otros países que podamos explotar mejor. Tenemos denuncias tan graves como anuncios de empresas en Marruecos buscando un perfil de mujer joven con hijos y si puede ser divorciada mejor, porque sabemos que trabaja mucho, porque va a hacer todo lo posible y además va a volver a su país. Incluso estamos trayendo gente desde Honduras para trabajar para jornadas intensivas. Esto lo hemos denunciado, lo hemos llevado al ministerio de Trabajo, al de Agricultura, para pedir que, una cosa que se ha aprobado en la PAC y que se tiene que empezar a hacer en 2025, se haga en 2023. Y es que no se puedan cobrar las ayudas de la Política Agraria Común si existen situaciones de explotación laboral. Aplicar lo que llaman la ‘condicionalidad social’. Pues aplicarla ya, porque somos uno de los países de Europa con más problemas en temas de explotación laboral vinculado a este tipo de producción. Necesitamos más inspecciones y cambiar este modelo porque no puede formar parte del futuro por mucho que se empeñen en decir que sí.

NT | ¿Y esto se ha aprobado en la PAC de este año?

J.G. | Sí, a propuesta del Parlamento Europeo. Vincular los pagos de la política agraria a que no se incumplan las legislaciones laborales, porque el incumplimiento es enorme. Desde Justicia Alimentaria nos hemos reunidos junto con Amigos de la Tierra, CCOO y UGT con los ministerios de Trabajo y Agricultura para que se aplique esta normativa este año. La excusa que nos han dado es burocrática: que esto es muy complicado de hacer.

A debate


NT | Cambiando un poco de tercio. En plena crisis por el conflicto Rusia-Ucrania y el impacto que puede suponer para el precio de la energía en Europa. ¿En qué medida podría afectar esto a la industria alimentaria?

Tener una agricultura, un sector agrario totalmente dependiente, yonqui del gas no tiene ningún sentido

J.G. | Ya está afectando. Nosotros tenemos una dependencia enorme. Toda la agricultura, menos la ecológica, se basa en fertilizantes químicos y fundamentalmente en nuestro país, en el nitrogenado y para ello se utiliza una gran cantidad de gas. Nuestro sistema alimentario es absolutamente dependiente del petróleo, pero no solo para el transporte, sino también para la producción de alimentos, y tiene un gran impacto en la estructura de costes de los agricultores, a veces incluso en algunos cultivos, más del 30%-40%. Este año ya llevamos una subida del cien por cien del precio de fertilizantes vinculada a la subida del precio del gas. Esto pasará ahora con la crisis de Ucrania, pero seguirá pasando después, porque el petróleo y el gas se están acabando y los precios serán superiores. Tener una agricultura, un sector agrario totalmente dependiente, yonqui del gas no tiene ningún sentido. A corto plazo, hay muchas producciones y muchos agricultores que lo van a pasar muy mal y algunos tendrán que cerrar, ya están cerrando algunos, porque no puede soportar la subida de costes tan enormes. De hecho, ya hay una buena parte del dinero de la PAC que se está metiendo en intentar bajar el precio de este tipo de insumos, pero la carrera es agónica, porque tiene una parte coyuntural (ahora con Ucrania) pero también estructural. Tenemos que empezar a pensar cómo hacer una agricultura no dependiente de las energías fósiles y este es uno de los retos que tenemos delante y del que apenas se habla.

NT | El fenómeno del ‘food delivery’ ha crecido exponencialmente durante la pandemia. ¿Cómo nos está afectando?

J.G. | Hay un efecto por la pandemia enorme y ha generado un desarrollo de ese tipo de industrias y en una, digamos, malformación. Los sistemas de distribución están cambiando con la crisis, pero ya venían con una dinámica anterior. Estamos perdiendo restaurantes de toda la vida del barrio que consumían del mercado local y están siendo reeemplazados (una muerte silenciosa) por grandes cadenas y franquicias; y estos ya compran a grandes mayoristas, a las grandes cadenas de distribución. La vinculación con el territorio se pierde. Por otro lado, han aparecido este tipo de nuevas experiencias online de comida preparada a través de los ‘food delivery’. Grandes empresas que concentran la oferta y demanda, desplazan al resto y generan problemas, como la instalación de las famosas cocinas fantasma, los famosos supermercados fantasma, que ya es la explotación total y generan problemas a los vecinos. Están reemplazando la manera de distribuir y consumir alimentos. La gente, en lugar de salir al restaurante a comer, se queda en la oficina, en casa, come más rápido, come solo, en una misión realmente distópica. Sabemos que la disponibilidad de tiempo está hipervinculada a la salud alimentaria. Son modelos que, si se acaben imponiendo (y vemos que en algunas ciudades de EEUU ya pasa), acabarán desapareciendo los mercados y los restaurantes, y se quedaran grandes restaurantes de gourmet. Quienes perdemos con todo esto somos nosotros. Pero podemos utilizar el ‘food delivery’ de una manera correcta. Se puede utilizar tecnología, sí, el problema es en manos de quién está y qué modelo estamos apoyando.
 

Justicia Alimentaria dará a conocer en breve un innovador proyecto ‘food delivery’ sostenible y saludable basado el conocido como ‘plato de Harvard’. Un modelo de negocio de economía social a disposición de cualquier colectivo que quiera ponerlo en práctica, con propuestas para comedores comunitarios y para colectivos vulnerables cuya prueba piloto se hará en Valencia.

“Las macrogranjas son un desastre en materia medioambiental, de bienestar animal y de...