Dice la Constitución: Título preliminar: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (Artículo 2). | “Articulo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
- Soberanía popular y Constitución
- Democracia, sistema imperfecto
- Comportamientos antidemocráticos
- Contra la ley del sufragio universal 1890
- Ni Democracia, ni Constitución
- Las derechas impertérritas
- Felipe VI, nobel jurídico
Soberanía popular y Constitución
Nos han acostumbrado a ver la Constitución como si fuese la santa Biblia del Estado de Derecho. Las denominaciones que recibe cuando llega su celebración la presentan como Carta Magna, Piedra angular del Estado de Derecho y Ley de leyes.
Está bien recordar que existe una Constitución, sobre todo para recordárselo a quienes se consideran constitucionalistas de primera y se pasan legislatura tras legislatura incumpliéndola. O solo se acuerdan de ella para aplicarla cuando les interesa.
Lo que no se recuerda es que hay una realidad que una y otra vez se solapa en esta historia, tal vez porque se trata de una entidad que, sin ninguna connotación peyorativa es preconstitucional, es decir, algo existente antes de que la Constitución existiera. Me refiero a la soberanía popular que es anterior a la Constitución.
Muchísimo antes de los Estados ya existía esa voluntad. Otra cosa muy distinta es que no se la reconociera. De ahí que una y otra vez convenga resaltar el hecho indiscutible de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Los poderes del Estado. Aunque en la práctica, esa soberanía solo interviene eligiendo a quienes ostentarán el poder legislativo, pero nada de esa soberanía incidirá directamente en el poder ejecutivo y en el judicial. Y, menos aún, en la elección directa y soberana del Jefe de Estado, que se le impone de un modo antidemocrático, es decir, sin que esa voluntad haya manifestado mediante referéndum si quiere monarquía o república. Lo que es una forma clara y manifiesta de ningunear de forma flagrante dicha soberanía.
Está bien recordar que existe una Constitución, sobre todo para recordárselo a quienes se consideran constitucionalistas de primera y se pasan legislatura tras legislatura incumpliéndola
A todo ello se le puede añadir un implícito que apenas sale a relucir y que es capital: la soberanía popular es la fuente de la legitimación de esa Constitución. De tal modo que sin el reconocimiento de la soberanía popular el edificio constitucional no tiene base.
Marsilio de Padua y otros intelectuales en el siglo XIV ya sostuvieron que el pueblo era la fuente del poder político y que no procedía de Dios como se decía de las monarquías. Es más. Negaba rotundamente que existiera un poder religioso o eclesial y, caso de pretenderlo, sería siempre una usurpación porque no procedía de la voluntad del pueblo. Lo mismo pensaba T. Hobbes.
La lucha por el reconocimiento de este principio fundamental será origen de luchas intestinas, no solo intelectuales, sino sangrientas. La defensa de ese principio corrió a cargo del liberalismo, con un sustrato ideológico fundamental recabado en Rousseau y su Contrato social.
Quien abrió la veda fue el filósofo John Locke (1632-1704) quien sostuvo que “ninguna norma, sea de quien sea, esté redactado en la forma en que lo esté y cualquiera que sea el poder que lo respalde, tienen la fuerza de una ley, si no ha sido aprobada por el poder legislativo elegido y nombrado por el pueblo. Porque sin esta aprobación, la ley no podría tener la condición absolutamente indispensable para que lo sea”.
A ello se podía añadir lo que afirmaba Thomas Jefferson, tercer presidente de EE. UU. (1801-1809). Después de considerar la corrupción existente entre ciertas jerarquías, incluidas las judiciales, no se anduvo con rodeos y señaló que “es doctrina muy peligrosa considerar a los jueces magistrados de la Corte Suprema [los magistrados del Constitucional] como últimos árbitros de todas las cuestiones constitucionales. Es doctrina que nos sometería al despotismo de una oligarquía. La Constitución no ha creado tal tribunal único, sabiendo que, fuesen quienes fuesen los hombres que lo formasen, estos llegarían a ser déspotas, a causa de la corrupción de tiempos y partidos”.
Palabras que podían o deberían figurar en las paredes de los tribunales judiciales que funcionan en este país, sea cual sea su naturaleza e importancia.
La lucha por el reconocimiento de este principio fundamental [el pueblo es la fuente del poder político] será origen de luchas intestinas, no solo intelectuales, sino sangrientas
Democracia, sistema imperfecto
Nos regimos por un sistema político llamado democracia. Es público y notorio que adolece de muchos defectos, los cuales, en su mayoría afectan de modo más negativo a los pobres de este mundo que a los ricos. Hasta la fecha puede que sea el mejor sistema, si se tiene en cuenta que ni el comunismo ni el anarquismo -tampoco, el socialismo-, jamás se pusieron en práctica, a pesar de la verborrea que se da al respecto.
Partamos del hecho, aceptado por todos, que, si tenemos un sistema democrático -siempre imperfecto- por el que nos regimos y por el que cada cuatro años elegimos a nuestros representantes y delegamos en ellos nuestra voluntad, lo lógico sería, a priori, que nos fiásemos más de aquellos que en su manera de actuar se muestran respetuosos con ese sistema y, por el contrario, rechazar a aquellos que abierta y de modo manifiesto se muestran refractarios con él y no hacen más que desprestigiarlo cuando no gobiernan ellos.
Es pertinente preguntarse cómo se puede votar a unos políticos que se dicen constitucionalistas y no cumplen lo más esencial de la Constitución cual es el reconocimiento sin paliativos de la soberanía popular como origen de los poderes del Estado de Derecho. Porque, no solo se trata del incumplimiento o no de la Constitución, que esto está a la orden del día, sino si respetan la voluntad de la ciudadanía expresada en unas elecciones generales.
Es público y notorio que la democracia adolece de muchos defectos, los cuales, en su mayoría afectan de modo más negativo a los pobres de este mundo que a los ricos
A fin de cuentas, bien sabemos que la voluntad de la ciudadanía no se recoge de modo directo en la Constitución, sino a través del embudo de los partidos políticos que en su día pactaron dicho texto a espaldas de la voluntad popular, una lacra que sigue ahí incrustada en el sistema actual. Lo que en su día fue un insulto y un desprecio absoluto de esa voluntad general. La monarquía parlamentaria fue impuesta sin consultar a la ciudadanía. Lo que dice muy poco del respeto de la clase política a la soberanía popular, consagrada por la Constitución como fuente indiscutible de todos los poderes.
El núcleo fundamental del sistema democrático en el que vivimos, el corazón que bombea y distribuye la sangre por las arterias de ese sistema, es la soberanía popular, la voluntad del pueblo. Paradójicamente, nada tuvo que ver en la adopción del modelo político del Estado, denominado monarquía parlamentaria. Se le impuso de un modo fraudulento y pactado únicamente por dirigentes políticos del momento.
En la medida en que las decisiones políticas se acercan al cumplimiento de esa voluntad general, nacen de ella, pueden calificarse de democráticas. Lo contrario no lo son. Optar por una monarquía parlamentaria fue una puñalada trapera contra la soberanía popular, máxime cuando al Borbón emérito lo impuso el Dictador “manu militari”. Lo del hijo vino después, pero como consecuencia. Por lo que bien puede afirmarse que la monarquía parlamentaria nos la metió de matute “la clase política de la transición” traicionando la soberanía popular. Y, en este aspecto, la sigue traicionando.
El núcleo fundamental del sistema democrático en el que vivimos, el corazón que bombea y distribuye la sangre por las arterias de ese sistema, es la soberanía popular
Comportamientos antidemocráticos
El reconocimiento explícito y manifiesto de que el poder político ni está en los políticos, ni en el Parlamento, ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Tribunal Supremo, en definitiva, en ninguno de los de los poderes establecidos por Montesquieu, legislativo, judicial y ejecutivo, sino en el pueblo, en la ciudadanía, es la clave para calificar la naturaleza democrática o antidemocrática de las decisiones políticas al uso.
Porque, solo el reconocimiento y el respeto a la soberanía popular otorga el label democrático a los partidos políticos y que se han autoproclamado representantes de esa voluntad, aunque en ocasiones dicha representación delegada -una especie de servidumbre voluntaria-, sea una parodia.
Por tanto, solo aquellos partidos políticos que someten de verdad su representación política a las necesidades e intereses de la soberanía popular merecen ser calificados de democráticos. Por el contrario, aquellos partidos que una y otra vez reniegan o cuestionan o se mofan de esa soberanía, no son de fiar. Y existen muchas maneras de hacer dejación de esa defensa de los intereses de la ciudadanía.
La pretensión de llegar al poder mediante tocomochos con apariencia de legalidad, que ignora el consentimiento de esa soberanía popular, es propia de fascistas. Políticos que defienden golpes de Estado, los incitan o los encubren como medio para acceder al poder político, nunca serán democráticos, porque son intrínsecamente enemigos de la soberanía popular, que es de donde dimana el poder político y el resto de los poderes del Estado. Ni siquiera los gobiernos procedentes como resultado de un voto de censura son, puros, democráticamente hablando. La soberanía popular nada tiene que ver en ese voto de censura. Es una componenda política que solo interesa a los partidos políticos para hacerse con el poder, importándole bien poco lo que piense o sienta la voluntad popular al respecto. En este sentido, resulta sintomático la nula existencia de mecanismos políticos mediante los cuales esa voluntad popular, al margen de los partidos, pueda controlar la pureza democrática de las actuaciones de los partidos, excepto la de votarlos cada cuatro años. En este sentido, tanto los partidos de izquierdas como de derechas han dejado muchas veces con el culo al aire dicha soberanía, pero, sin duda, son los partidos de derechas de este país quienes de verdad siguen teniendo una asignatura pendiente, cual es el reconocimiento de esa soberanía popular y, por tanto, el reconocimiento sin chantajes de la denominada democracia.
Ni siquiera los gobiernos procedentes como resultado de un voto de censura son, puros, democráticamente hablando
A fin de cuentas quien no esté a favor de la soberanía popular no lo estará jamás de la democracia, aunque a muchos de ellos se les haga coca-cola light en su boca la palabra Constitución, la cual, atribuye a dicha soberanía el origen de cualquier poder.
Contra la ley del sufragio universal 1890
Un estudio evolutivo y comparativo del comportamiento de las derechas políticas de España, desde las Constituyente de 1869, pasando por la importante ley del sufragio universal de 1890 para hombres mayores de 25 años con el gobierno del liberal Sagasta, revela un comportamiento antidemocrático absoluto y un desprecio olímpico hacia esa soberanía popular.
El lenguaje de las derechas abunda en desprecio hacia ella, negándole en todo momento ser sujeto de derechos individuales. Lo que contrasta con afirmaciones de ciertos dirigentes de la derecha actual, a quienes, cuando se los escucha, parece como si la Democracia la hubiesen traído ellos al país. Cuando lo cierto es que las derechas solo han traído e implantado sistemas de gobierno autoritarios, totalitarios y dictatoriales. Lo que no extraña. Está en consonancia con su pensamiento político.
Jamás las derechas fueron partidarias de la democracia, nunca defendieron la soberanía popular y, menos aún, vieron en ella la depositaria del poder político.
El dictamen de Cánovas del Castillo pronunciado ya en 1876 se hizo dogma en los partidos de derecha y conservadores, por decirlo suavemente, a lo largo del tiempo:
Solo las izquierdas vieron en el sufragio universal la verdadera representación del país. Las derechas no creyeron jamás en el potencial democrático de la ciudadanía. No creyeron ni en la soberanía, ni en la voluntad populares. Al contrario, si algo revela su comportamiento es un desprecio absoluto hacia las clases populares, puesto de manifiesto nada más empezarse el debate sobre la aprobación del sufragio universal.
Existe tal antología de textos políticos con relación a la condena expresa de la soberanía popular, de la democracia, del sufragio universal, debida a los grandes dirigentes de los partidos de derechas, que podrían escribirse tantos tomos como los escritos por Menéndez Pelayo.
Solo las izquierdas vieron en el sufragio universal la verdadera representación del país. Las derechas no creyeron jamás en el potencial democrático de la ciudadanía
El punto de partida, del medio y del final será el siguiente: “El principio del liberalismo es la soberanía popular, el sufragio universal. De ahí dimana el derecho de insurrección del pueblo y en declarar el sufragio universal como principio de autoridad”. Todo ello calamidades sin cuento, fieles al dogma “el liberalismo es pecado”
De ahí que sus dirigentes no duden en sostener que “quienes han transformado a los humildes y sencillos en bestias feroces que no respiran sino odio y destrucción, han sido el liberalismo y el naturalismo”.
El carlista Tomás Domínguez Arévalo, como conde que era, lo dirá de un modo mucho más atildado, aunque el fondo sea el mismo. En un artículo, titulado, El sufragio inorgánico, observará: “Somos sustantivamente antiparlamentarios y no podemos sentir más que despectiva desafección al sistema electoral. […] Ni el sistema deja de ser absurdo, ni el Parlamento nuevo será representación de nada; de nada vivo en la sociedad. Frente al desafinado impero de la mayoría como fuente de legitimidad, frente a la ficción de un poder legislativo sin independencia, gregariamente sometido al gobierno, nosotros mantenemos siempre nuestra protesta y nuestra clara adhesión a los claros principios del derecho público tradicionalista”.
Domínguez Arévalo: “Somos sustantivamente antiparlamentarios y no podemos sentir más que despectiva desafección al sistema electoral”
La idea que tenía Diario de Navarra no era mejor desde luego, cuando afirmaba que “el parlamentarismo ha hecho de la administración pública una laguna fétida y corrompida”. De ahí a arremeter día tras otro contra la II República fue todo uno. Hasta que vino el golpe y “la democracia entró en hibernación”. Tampoco es de extrañar.
El periódico navarro fue un gran defensor de la Dictadura de Primo de Rivera y en 1936, su director, Raimundo García, alias Ameztia, el gran aliado de Mola.
Ni Democracia, ni Constitución
Ya en plena guerra civil, Diario de Navarra sostuvo: “Se acabó el ambiente vergonzoso de la democracia chabacana que abandonaba la honra y la misma vida de España a los discutidores de las tabernas de los cafés o de los casinos” (Diario de Navarra, 25.4.1937).
Un artículo del carlista Eladio Esparza, uno de los ideólogos del golpismo navarro, subdirector del periódico golpista Diario de Navarra en 1936, resume muy bien cuáles han sido las falacias utilizadas a lo largo del tiempo por las derechas navarras y, por extensión, las españolas contra la democracia, el sufragio universal y la soberanía popular.
Hay que agradecer a Esparza su esfuerzo por resumir de forma tan brillante el pensamiento de derechas con relación a estos conceptos. Y sin comentarios añadidos:
“La democracia liberaloide tenía su clave dogmática: un hombre, un voto. Esto equivalía a pasar el rasero por el alma de todos los hombres quedaban nivelados en cuanto a la capacidad jurídica de intervención en los destinos de la Patria.
”Lo cual en la práctica representaba el absurdo de que la intervención del hombre honrado quedaba anulada por la intervención contraria del sinvergüenza; de que la intervención del estadista resulta igualmente estéril con la intervención contraria del palurdo y de que la actuación decorosa, pudorosa y concienzuda del ciudadano que deseaba aportar lealmente su concurso se inutilizaba con la actuación opuesta del que votaba mediante dos duros.
”Pero, además, esto de que un hombre tuviese un voto en concepto de participante en el poder de forjador del Derecho ya que la democracia socaba del pueblo todo el Derecho, no equivalía, en la práctica, a que cada hombre participara efectivamente del Poder, sino a que asumiera la responsabilidad de los actos de aquellos que asumían el poder”.
”Así el diputado democrático no representaba a sus electores, sino al “pueblo” un ente irreal de embuste y fantasmagoría. Y es que de los electores unos eran labriegos, otros letrados, otros médicos, otros industriales, otros agricultores, pero al diputado lo elegían los ciudadanos, los del pueblo y el diputado por lo tanto representaba al pueblo que era como representar a un tabique.
”Por ser universal se ha inutilizado a cada hombre: el hombre se pierde en lo universal, como se pierde en el desierto. Donde se vigoriza y se personaliza es en lo particular, que es su casa, su predio, su oficio, su pueblo, su escuela, que además son los intereses vitales de la opinión auténtica y las raíces propios de la Patria. Y que, sobre todo, es el pueblo, el pueblo verdad, concreto, definido, con su patrimonio, su rebaño, su fábrica, sus eras, su plaza, su Iglesia” (Diario de Navarra, 14.3.1937).
Las derechas impertérritas
Terminada la guerra civil, nada cambió. No podía ser de otro modo con la Dictadura franquista y la inexistencia de un Estado de Derecho por mucho que lo pretendió la Dictadura. Estado fue, pero nunca de Derecho. Le faltó lo esencial: reconocer la soberanía popular como fuente legitimadora del poder. La legitimidad de la Dictadura fue un Golpe de Estado.
El exministro de industria y de comercio Demetrio Carceller, entrevistado en uno de sus viajes a Nueva York, dirá: “Nos consideramos mayores de edad y desde hace siglos hemos enseñado al mundo lo que es democracia” (Diario de Navarra, 28.12.1945). Lo que no es de extrañar. Lo dicho. Al final, la democracia la inventó la derecha y la extendió por el mundo entero.
Menos mal que en el referéndum de 1947, sobre la Ley de Sucesión celebrado en España el 6 de julio, el obispo de Valladolid, lo mismo que hizo el resto de sus homólogos casullas, saldría al paso sentando cátedra sobre el concepto de democracia.
“Hoy solo daremos otra voz de alarma contra los que propugnando la democracia lo que pretenden es la vuelta de aquel desorden horrendo en el que España vivió desde 1931 y que dio lugar al Alzamiento Nacional de 1936.
Aquella democracia era la negación de Dios, la persecución de la Iglesia, la destrucción de España. Parece imposible que todavía haya quien califique aquel Alzamiento Nacional de simple rebeldía contra Poder legalmente constituido. Aquel poder era un poder tiránico, con las dos clases de tiranía, la de origen y la de ejercicio, y por eso el Alzamiento Nacional, en su esencia y en sus doctrinas fundamentales y en su conjunto, fue un Alzamiento Nacional legítimo por la defensa de la religión y de la Patria” (Diario de Navarra, 15.1.1947).
Felipe VI, nobel jurídico
En febrero de 2019, el jefe del Estado, es decir, el rey Felipe VI recibió el “nobel jurídico” por su defensa del Estado de Derecho. La Asociación Mundial de Juristas lo premió en “reconocimiento a su defensa de las instituciones democráticas y por su inquebrantable compromiso con el Estado de derecho, las libertades y el orden constitucional”.
Esa voluntad popular en ningún momento lo ha respaldado como jefe de Estado, ni como rey, puesto que nunca se le consultó en referéndum sobre dicha designación
Pero ya es sintomático que, según lo reproducido por la prensa, en el discurso del rey no aparezca para nada el concepto de soberanía popular, ni de la voluntad de la ciudadanía como fuente legitimadora del poder político.
Lógico. Esa voluntad popular en ningún momento lo ha respaldado como jefe de Estado, ni como rey, puesto que nunca se le consultó en referéndum sobre dicha designación, a pesar de que, como dice la Constitución “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado”.
Ignoro a qué orden constitucional y a qué Estado de Derecho se refiere esa Asociación Mundial de Juristas cuando premia a un Rey que nunca fue elegido como tal por la única instancia que puede hacerlo: la voluntad popular.
Así que, a partir de esta constatación, no sé exactamente de quién es rey este Felipe VI cuando nadie lo ha elegido en referéndum y, por tanto, su denominación como tal atenta contra los más elementales principios democráticos. Y, si esto es así, no es fácil aceptar que, como rey no elegido democráticamente, sea el más indicado para recibir tal galardón por “su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho”.
Mientras la monarquía no sea aceptada por vía referéndum, donde la soberanía popular manifieste su voluntad política al respecto, la figura del Borbón será siempre una usurpadora, que es lo que decía Marsilio de Padua con relación al poder de la Iglesia.
