nuevatribuna.es
9 de diciembre de 2010, 5:04
nuevatribuna.es | 07.12.2010
No es la primera vez que el Gobierno descarta la posibilidad de introducir el copago en la sanidad pública española a pesar de que el asunto se ha barajado en varias ocasiones a medida de que se han ido aprobando los diferentes planes de austeridad. Hace unos meses la anterior ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, rechazó esta posibilidad y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, volvió a referirse a ello este martes tras conocerse las últimas recomendaciones hechas por la UE a sus Estados miembros.
En un informe sobre los sistemas sanitarios europeos que será aprobado hoy, la Unión Europea recomienda a los Gobiernos de los Veintisiete que estudien la posibilidad de introducir el copago y la participación del sector privado para limitar el crecimiento excesivo del gasto sanitario y garantizar la sostenibilidad financiera de sus sistemas de salud, que se encuentran amenazados por el envejecimiento de la población y las restricciones en los presupuestos públicos en la mayoría de Estados miembros debido a la crisis económica.
Los Gobiernos deben "fomentar un uso rentable de la atención sanitaria, a través de incentivos adecuados incluidos sistemas de copago y de pago al proveedor, y en su caso a través de la participación de proveedores no públicos garantizando al mismo tiempo la protección de las personas más vulnerables", según se recoge en las conclusiones del citado informe.
Desde Bruselas, Salgado ha dejado claro que no está en los planes del Gobierno introducir esta figura: "La posición nuestra con referencia al copago es clara, la posición del Gobierno socialista", explicó la vicepresidenta segunda antes de participar en la reunión mensual de titulares de Finanzas europeos. Según dijo, las recomendaciones del informe están dirigidas a todos los países europeos y no sólo a España, tras lo cual descartó que el Gobierno planee introducir ninguna medida de este tipo.
LIMITAR EL “CRECIMIENTO EXCESIVO” DEL GASTO
El Ecofin aconseja a los países dar prioridad a "la prestación y el acceso a servicios sanitarios primarios para mejorar la salud general y reducir el uso innecesario de prestaciones de especialistas y hospitalarias". También apuesta por mejorar la prevención y por "asegurar el uso rentable de los medicamentos mediante mejores prácticas de información, valoración y reembolso y de evaluación de la eficacia".
Los ministros de Economía creen que se debería "utilizar más sistemáticamente en los procesos de toma de decisiones una evaluación de las tecnologías sanitarias en cuanto a la eficacia, los costes y el impacto general de los tratamientos sanitarios".
"Las medidas introducidas en las últimas dos décadas dirigidas a mejorar la rentabilidad del dinero invertido y a limitar el crecimiento excesivo del gasto en atención sanitaria deberán reforzarse para lograr la consolidación de las finanzas públicas", señala el proyecto de conclusiones.
La UE alerta de que "en las próximas décadas, los Estados miembros tendrán que equilibrar la necesidad de proporcionar una atención sanitaria universal y una demanda cada vez mayor relacionada con una población en envejecimiento, el desarrollo tecnológico y las crecientes expectativas de los pacientes". "Al mismo tiempo, la crisis financiera y económica ha conducido a un fuerte deterioro de las posiciones fiscales en la mayor parte de los países de la UE, haciendo necesarias importantes restricciones presupuestarias para reducir el elevado déficit y la tasa de endeudamiento a fin de situar las finanzas públicas en una senda sostenible", señala el Ecofin.
"Con ello aumenta la necesidad de evaluar el rendimiento de los sistemas sanitarios y de ejecutar reformas consistentes y necesarias para lograr tanto un uso más eficaz de los recursos públicos como una prestación de atención sanitaria de alta calidad", resalta el texto de conclusiones.
"En muchos países, parece haber margen para mejorar el estado de salud de la población sin incrementar el gasto sanitario. Obtener más rendimiento por el dinero invertido es por lo tanto crucial si los países quieren asegurar el acceso universal y la equidad en materia de salud, en condiciones de graves restricciones en los presupuestos públicos", afirma.
