Comienza un año eminentemente electoral donde se van a confrontar la gestión político-institucional, las alternativas programáticas y, sobre todo, la credibilidad transformadora de los grupos y bloques políticos para garantizar a la mayoría social el correspondiente contrato social y electoral que permita superar esas problemáticas y consolidar una dinámica de seguridad y avance social y democrático. Dejo aparte los tres importantes temas políticos de la articulación territorial y el modelo de Estado, con el conflicto en Catalunya, la democratización institucional, empezando por el poder judicial, y las relaciones europeas e internacionales en el actual contexto geopolítico.
Me centro en el tema socioeconómico y su gestión institucional, con su correspondencia para la legitimación pública de los actores políticos y sociales. Lejos del catastrofismo de la oposición de las derechas, el Gobierno de coalición progresista ha implementado unas políticas socioeconómicas protectoras y reguladoras positivas. Ha habido un crecimiento del empleo, especialmente el indefinido, con reducción de la temporalidad. A pesar de las grandes dificultades (pandemia, guerra en Ucrania, desglobalización…) no se han cumplido los malos augurios recesivos o regresivos y la política económica dominante hasta ahora, también en Europa, ha sido relativamente expansiva y paliativa.
Sin ese anunciado empeoramiento económico derivado de la supuesta desastrosa gestión gubernamental, el Partido Popular se ha quedado sin credibilidad crítica y alternativa. Le queda echar mano del nacionalismo españolista más centralista, la manipulación mediática y los resortes judiciales, con su giro derechista y su dependencia de la ultraderecha. Pero sigue el incierto empate electoral de bloques.
Lejos del catastrofismo de la oposición de las derechas, el Gobierno de coalición progresista ha implementado unas políticas socioeconómicas protectoras y reguladoras positivas
El Gobierno progresista se apresta a poner en primer plano sus logros en esta materia. La pugna por el relato de la gestión económica -con las cosas del comer- se convertiría en el centro de la legitimidad del Gobierno para revalidar una nueva legislatura de progreso. La confrontación de modelos sociales y económicos con la derecha neoliberal es imprescindible. No obstante, esa estrategia, principalmente de la parte socialista, si no gana contundencia aplicativa y credibilidad ciudadana, es insuficiente, tal como muestran las encuestas demoscópicas. Corre el riesgo de no conseguir incrementar la confianza popular necesaria para incrementar los apoyos sociales y garantizar la victoria electoral progresista, y dejando al margen el factor decisivo de la unidad del espacio del cambio tratado recientemente en un artículo: La unión y la división del frente amplio.
Doble problemática: socioeconómica y político-institucional
Interesa partir del máximo realismo en el diagnóstico de las percepciones de la población para evaluar las prioridades político-institucionales. Entre diferentes estudios demoscópicos cuento con las recientes encuestas de la consultora 40dB o el propio CIS. En la primera, de diciembre, aparecen en primer plano los seis grandes problemas que le ‘preocupan mucho o bastante’ a la población: la inflación y el coste de la vida (95,5%); la dependencia energética (88,3%); la desigualdad social y la pobreza (87,3%); el paro (82,3%); el cambio climático (81,7%), y la guerra en Ucrania (80,7%); y, a más distancia, la inmigración (58,4%).
Respecto de los datos del último Barómetro del CIS, de diciembre, he acumulado las ocho respuestas más relevantes sobre los tres principales problemas existentes en España -expresados en porcentaje- en dos campos principales: en primer lugar, los problemas socioeconómicos y laborales (32,8%): problemas económicos, paro, precariedad del empleo, sanidad y desigualdades sociales (incluida la de clase y la de género); en segundo lugar, prácticamente la mitad, los problemas político-institucionales (16,8%): Los problemas políticos en general, El mal comportamiento de los/as políticos/as, El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as. En este caso, evidentemente, los objetos del descontento y la exigencia de responsabilidades se confrontan entre ambos bloques político-ideológicos: izquierda y derecha.
La estrategia de la parte socialista, si no gana contundencia aplicativa y credibilidad ciudadana, es insuficiente, tal como muestran las encuestas demoscópicas
Después de esos problemas más significativos figuran más de otras cincuenta cuestiones específicas priorizadas por menos del 3% de la población cada una de ellas como la educación, la crisis de valores, el racismo, la inmigración, la guerra de Ucrania y Rusia, los nacionalismos, la Monarquía, la violencia de género, el cambio climático o la España vaciada. Ello, por supuesto, no significa que en determinadas coyunturas y situaciones no pasen a un superior plano de la preocupación social. Salvando algunos temas culturales y otros como los nacionalismos (españolista y periféricos) que afecta a varios ámbitos a la vez, casi todas ellos se pueden englobar en los dos campos antedichos, convertidos en mayoritarios, y que son claves para las relaciones sociales igualitarias y el bienestar social, así como para la calidad democrática y una gobernabilidad progresista.
Apoyo masivo a la sanidad pública
Trato aparte el tema fundamental de la devaluación salarial. Aquí, como complemento sobre los claroscuros sociales hay que destacar la preocupación social por la sanidad pública, auténtica joya de la corona del Estado de bienestar, gestionada por las Comunidades Autónomas (el mayor gasto social es el de las pensiones públicas y la Seguridad Social, gestionado por el Estado). El último barómetro de 40dB, de enero de 2023, indica que el 65,4% piensa que su Comunidad destina ‘demasiados pocos recursos’ para la sanidad pública, y el 39,1% ve ‘regular’ su funcionamiento, con un 32,7% ‘bueno o muy bueno’ y un 26,8% de ‘malo o muy malo’. Además, el 61% es favorable a pagar más impuestos para mejorar la sanidad pública, y solo el 10,5% desearía pagar menos (aunque sólo el 2,6% si ello significa reducir su calidad).
Aunque la crítica sobre la falta de recursos es mayoritaria en todas las Comunidades Autónomas, en las gobernadas por las izquierdas hay menos insatisfacción y en las gobernadas por las derechas más descontento, sobre todo en la de Madrid, con su prolongado proceso privatizador y de recortes sanitarios que la hace acreedora de la más amplia movilización ciudadana (varios centenares de miles de personas el pasado 13 de noviembre, la mayor manifestación cívica de los últimos tiempos), continuada ahora y extendida a otros territorios.
Dos comentarios se pueden añadir. Por un lado, aunque la sanidad es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, de distinto color político, la responsabilidad de sus deficiencias es compartida por la clase gobernante cuya gestión institucional, siendo el gasto más relevante, está condicionada por la infrautilización de la financiación autonómica y la ausencia de una profunda reforma fiscal que garantice la calidad de los servicios públicos. Tema importante que la parte socialista del Gobierno no ha querido abordar en esta legislatura y que subyace en el malestar social por el creciente deterioro de este servicio público esencial.
En las Comunidades gobernadas por las izquierdas hay menos insatisfacción y en las gobernadas por las derechas más descontento, sobre todo en la de Madrid
Por otro lado, conviene recordar y comparar la posición ciudadana sobre el gasto público social, según el estudio 2930 publicado por el CIS en enero de 2012, por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que lo ignoró por su apuesta de profundos recortes sociales. Fue elaborado en el último momento del Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero bajo la dirección de Belén Barreiro, precisamente la actual directora de 40dB que ha elaborado el reciente estudio. Pues bien, en lo referido a la sanidad y a la pregunta de ¿Cuánto le gustaría que se gastara, aunque hubiera que subir impuestos?, las respuestas fueron las siguientes: ‘Mucho más y más’, 71,8%; ‘lo mismo’, 22,2%; ‘menos y mucho menos’, 3%.
Como se puede comprobar, con más de una década de diferencia y con lo que ha llovido en materia de política económica regresiva y defensa cívica de los derechos sociales, persisten esos dos tercios de personas partidarias de garantizar una sanidad pública de calidad confrontando con el mantra más duro de las derechas sobre la bajada de impuestos. Los servicios públicos y el Estado de bienestar gozan de una legitimidad social ampliamente mayoritaria.
Por último, en el gráfico adjunto expongo los datos sobre desigualdad social, desde el comienzo de la crisis socioeconómica en 2008 y hasta el tercer trimestre de 2022 en España, comparado con la media de los 18 países europeos del euro que son los más similares en nivel de desarrollo, advirtiendo que Europa es la región con el menor nivel de desigualdad del mundo. Como se ve, la distancia con la media europea es significativa, en torno a un 10% superior, particularmente entre los años 2014 y 2017, siendo España uno de los más desiguales, con los efectos de todo tipo que tiene la permanencia en ese alto nivel. La tendencia se modifica en el año 2022 en que se produce un diferencial favorable en España, que se acerca a la media europea, por el crecimiento comparativo del empleo y el mayor peso del escudo social promovido por el Gobierno progresista de coalición.
Los servicios públicos y el Estado de bienestar gozan de una legitimidad social ampliamente mayoritaria
Frente a la devaluación salarial
A pesar de mejoras sociales relativas, incluida la actual subida de las pensiones públicas respecto del IPC de este año, todavía persisten amplios y graves problemas en el mercado de trabajo. Hay todavía, 2,8 millones de personas desempleadas y la tasa de desempleo juvenil es la más alta de la Unión Europea (32,3%), cuya precariedad se agudiza por las dificultades de acceso a una vivienda digna. Antes he tratado el deterioro de los servicios públicos, particularmente, la sanidad y los niveles de desigualdad social. Cojamos ahora el aspecto más relevante, la pérdida de capacidad adquisitiva de la mayoría social, derivada del incremento de precios del mercado y la devaluación salarial. La situación de retroceso generalizado, aunque desigual, es evidente y su percepción segmentada por la sociedad refleja un crudo realismo.
No vale el conformismo y la autocomplacencia de las fuerzas progresistas que llevan a la resignación o las inclinaciones centristas y contemporizadoras respecto de las amplias trayectorias sociolaborales precarias y las dinámicas autoritarias. Es preciso una senda de firmeza. Veamos algunos condicionamientos socioeconómicos de la gente, una parte todavía distanciada del compromiso con el Gobierno de coalición progresista, y aparte de las dudas suscitadas por decisiones políticas controvertidas, amplificadas en los medios.
El Gabinete Económico de CCOO acaba de publicar un amplio estudio titulado “Los beneficios empresariales impulsan y enquistan la inflación”. La conclusión es clara. Se está produciendo una nueva devaluación salarial en España derivada de la prepotencia empresarial, con una fortísima pérdida en el poder de compra de los salarios en el año en curso, parcialmente contrarrestada en el caso del incremento gubernamental del SMI que afecta a un millón y medio de personas. Caben citar dos párrafos literales:
“El salario real de 2022 por realizar el mismo trabajo que en 2008 caerá un 12,6%. Mientras los márgenes y beneficios empresariales, como se ha visto, están creciendo hasta niveles no vistos desde 2014 impulsando la espiral de precios. La pérdida de poder de compra de los salarios en 2022 será del 5,2% resultado de una subida media de los salarios pactados del 2,78% hasta diciembre y del 8,4% de los precios de consumo en media anual.
Se está produciendo una nueva devaluación salarial en España derivada de la prepotencia empresarial, con una fortísima pérdida en el poder de compra de los salarios
A esto hay que sumar la pérdida de poder de compra adicional por el alza de los tipos de interés para los más de cuatro millones de hipotecados a tipo variable y que en media sufrirán una pérdida del 10% de su renta anual. De persistir esta dinámica desequilibrada, la gestión diferente y mucho más equitativa de la crisis de la pandemia con los ERTE podría terminar convirtiéndose en un espejismo y se volvería al esquema tradicional de ajuste vía salarios y empleo.”
Frente a las explicaciones que solo naturalizan o externalizan sus causas (el mercado, la globalización, la pandemia, la guerra…) se produce un paso valorativo dirigido al Estado y los agentes sociales y políticos: la insuficiencia de la protección y la acción reguladora públicas, todo ello achacable a la incapacidad y/o insuficiente determinación institucional, partidaria y sindical para afrontarlo de forma más contundente y generalizada. Y el CIS y los estudios demoscópicos así reflejan esa preocupación y malestar social que ante su impotencia o inacción exige respuestas, siempre condicionados por la pugna partidista y mediática.
Dicho de otro modo, la patronal está imponiendo sus propios intereses de acumulación de beneficios empresariales a costa de la disminución de costes salariales. Por tanto, no solo se ralentiza el consumo, la actividad económica y el empleo sino que se precariza la vida de la mayoría trabajadora y sus familias. La negociación colectiva, supuestamente reforzada por la reforma laboral, se muestra incapaz de remontar esa prepotencia empresarial. La estrategia de diálogo social está inoperativa, sin perspectivas de un pacto de rentas equilibrado, a pesar de la reclamación sindical y las llamadas diversas del Ejecutivo, incluso de medios significativos como el diario ‘El País’ en su propia editorial.
La patronal está imponiendo sus propios intereses de acumulación de beneficios empresariales a costa de la disminución de costes salariales.
La patronal está fuerte y cómoda en su oposición a un pacto de rentas que le pudiera condicionar ligeramente hacia un incremento remunerativo de los salarios. Ahora, a diferencia del periodo anterior (negociación de la financiación pública de los ERTES y de fondos europeos, emplazamiento del nuevo Ejecutivo progresista, con aceptación de límites a la temporalidad y estabilización del marco de relaciones laborales…) no tiene suficientes presiones e incentivos para unos acuerdos razonables y sí un fuerte apoyo de las derechas. La dinámica generada, con esta inercia, es la consolidación del recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios y el aumento de la desigualdad salarial. Y en el plano subjetivo el resquemor pasivo en gente trabajadora.
Mientras tanto, el Gobierno de coalición progresista, como referencia, ha negociado y aprobado un incremento plurianual moderado de las retribuciones del empleo público, para este año 2023, de 2,5% (más un punto complementario), cuando la tasa de variación anual del IPC en España en diciembre de 2022 ha sido del 5,7% (y el 8,4% en media anual), es decir, con una consolidación de la pérdida de más de dos puntos de capacidad adquisitiva, acumulada al retroceso de 12 puntos desde 2010. Significa que, aunque el Ejecutivo progresista junto con los dirigentes sindicales confederales hayan calificado el acuerdo de razonable, tampoco está garantizando el poder adquisitivo de los tres millones y medios de empleos públicos ni ha supuesto suficiente estímulo de mejora para el resto de la negociación colectiva aunque sea fundamentalmente una cuestión autónoma de los agentes sociales y económicos y los sindicatos se quejen de cierta inacción gubernamental.
La estrategia sindical de ‘salario o conflicto’ de este otoño y comienzos de invierno está resultando incapaz de modificar sustancialmente la tendencia de devaluación salarial
La estrategia sindical de ‘salario o conflicto’ de este otoño y comienzos de invierno está resultando incapaz de modificar sustancialmente la tendencia de devaluación salarial impuesta por los empresarios. Igualmente, el escaso impulso del centenar de los convenios colectivos más favorables no es capaz de arrastrar la negociación colectiva de los sectores más débiles y la acción movilizadora es muy limitada, con solo un ligero crecimiento de la actividad huelguística: en el año 2022, un 4,5% más de huelguistas que el año anterior, con un total del 17% más de jornadas no trabajadas por huelga. Entre las causas, aparte de la precariedad laboral y las dificultades económicas de las familias, está la limitada determinación del activo sindical y su débil capacidad contractual.
La batalla del relato sobre un reparto más justo de los esfuerzos distributivos está ganada entre la mayoría trabajadora, partidaria de mejorar su capacidad adquisitiva frente a la devaluación salarial, el incremento de los precios y los extraordinarios beneficios empresariales. El desafío es implementar la influencia necesaria, sindical e institucional, para conseguirlo. El reto de las fuerzas progresistas es la oposición social, política y sindical a la devaluación salarial, el refuerzo de los servicios públicos y la regulación pública del mercado, así como la defensa persistente y el avance de los derechos sociolaborales y democráticos.
