jueves 9/12/21
Yol

La experiencia de la movilización sindical para derogar la reforma laboral del PP de 2012 tuvo y sigue teniendo un impacto en su escasa legitimidad social, tal como he señalado en un reciente artículo, La oposición social a la reforma laboral del PP. Aquí se explica las características de aquel fuerte y masivo conflicto sociopolítico para destacar su impacto en el actual proceso de su derogación frente a la oposición de la patronal y las derechas, que presionan para su continuidad. Ese objetivo figura en el acuerdo del Gobierno de coalición, como cuestión fundamental de su agenda sociolaboral progresiva, y es un tema central en las negociaciones del diálogo social, dentro de la propuesta de las izquierdas y los sindicatos de iniciar un cambio profundo de las relaciones laborales y del mercado de trabajo, tan desiguales y precarias para la mayoría social. Fue la palanca que permite en la fase actual abordar un giro progresivo en el modelo laboral y de relaciones contractuales.

Se trataba de construir las condiciones sociopolíticas y democráticas para un reequilibrio en las relaciones laborales y sindicales, el avance en los resultados reivindicativos y, como fondo, la reorientación de la gestión de la crisis hacia una salida más justa y equitativa. Es la aportación y la enseñanza de aquel esfuerzo colectivo para restar credibilidad a aquella política regresiva de las derechas lo que ha permitido fortalecer el cambio progresista y, ahora, iniciar la aplicación de un nuevo modelo social y laboral, con la democratización y reequilibrio de las relaciones laborales y la mejora de las condiciones salariales, la protección social y el empleo decente.  

A pesar de estar en el momento más álgido de la activación cívica representada por el movimiento 15-M (2010/2014), existían muchas dificultades para la movilización social generalizada que representaba la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del PP y su política regresiva. En primer lugar, por el fuerte bloque de poder de la derecha y el mundo económico, su inmenso aparato institucional y mediático y su renovado apoyo electoral (aunque no para esas medidas restrictivas). En segundo lugar, hay que tener en cuenta factores estructurales (fragmentación del tejido productivo, capacidad coactiva empresarial, fragilidad de las capas trabajadoras…) y contextuales (imponente poder institucional a favor de estas políticas restrictivas, dificultades del sindicalismo, debilidad de las izquierdas…). 

Con una nueva mayoría parlamentaria progresista, se pone en marcha la implementación del giro social hacia un nuevo modelo de empleo y relaciones laborales

Así, a pesar del fuerte descontento social y la legitimidad de sus objetivos, era difícil una participación activa mayoritaria, es decir, la incorporación masiva a los paros de las capas trabajadoras precarias e inseguras en las pymes, especialmente, de los servicios y de las capas asalariadas de mayor estatus y rentas. El reto era superar el listón de participación y restar credibilidad a la estrategia de las derechas.

La cuestión es que era posible cuestionarla, restarle credibilidad ante la sociedad y eficacia en su aplicación, así como preparar condiciones para su modificación sustancial. Se avanzaría en el objetivo de su supresión, que quedará como una tarea firme a continuar. Finalmente, el Gobierno progresista introdujo su derogación dentro del pacto de coalición gubernamental, cuestión que ahora se va a aplicar.

Esta apuesta no consiguió la total paralización productiva del país ni una participación generalizada de toda la población, pero tiene los apoyos sociales necesarios en los dos planos fundamentales: participación activa suficiente (en los paros y todas las actividades y manifestaciones de apoyo), y amplia legitimidad social, al contar con el rechazo de la mayoría ciudadana a esta reforma laboral. Fue un acto de reafirmación democrática y estímulo de la participación ciudadana, de freno a la involución social y exigencia de otra política socioeconómica, laboral y de empleo.

El impacto de la huelga general del 29 de marzo de 2012

El proceso de la huelga general del 29 de marzo permitió una expresión colectiva masiva de la ciudadanía contra la ‘agresiva’ reforma laboral y la política de profundos recortes sociolaborales del Gobierno del PP. La amplia participación trabajadora y ciudadana constituyó un paso imprescindible para frenar su ofensiva antisocial, erosionó su legitimidad y reforzó a la izquierda social y el movimiento sindical en su demanda de empleo decente y plenos derechos sociales y laborales.

Era difícil realizar un análisis detallado y completo del nivel de participación, con pocos datos fiables y mucha división entre distintas fuentes. La cifra oficial facilitada por los sindicatos CC.OO. y UGT era de más de 10 millones de huelguistas, un 77% de la población asalariada (una vez descontados 1,3 millones en servicios mínimos). Fuentes empresariales y gubernamentales señalaron un seguimiento ‘escaso’ (15% en la administración pública) y los medios liberales y de derechas incluso hablaron de ‘derrota sindical’. Medios afines a la oposición parlamentaria socialista destacaron una participación significativa pero no general (‘parcial o sectorial’). Diversas encuestas de opinión reflejaban una disponibilidad participativa en la huelga de, al menos, un tercio de asalariados (unos cinco millones) junto con una mayoría que estaba en contra de la reforma laboral y consideraba legítima la movilización sindical. Otros indicadores, como el consumo de energía eléctrica, la situaban en un rango similar a las de los años 2010 y 2002, y lejos de la excepcionalidad de la generalizada paralización de la actividad productiva y ciudadana en la de diciembre del año 1988.

No obstante, se pueden señalar varios hechos significativos o diferenciales y valorar algunas enseñanzas. Primero, la participación en los paros de las capas asalariadas fue algo superior a la del 29-S del año 2010 (y similar a la del año 2002). Su distribución es desigual. Muy generalizada en la gran industria, la construcción y el transporte; importante en el sector público, particularmente en la enseñanza, y con menor impacto en las pymes del sector servicios y el sector financiero. Así mismo, tuvo una gran repercusión en los grandes núcleos industriales y urbanos y menor en las zonas con predominio del sector servicios y en poblaciones medianas y pequeñas. En particular, se notó un impacto muy superior en Euskadi y Navarra (y algo también en Galicia) al converger las convocatorias de los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, CIG…) y los sindicatos confederales (CCOO y UGT) que en el año 2010 se habían expresado en fechas distintas (junio y septiembre).

Segundo, se produjo una diferencia cualitativa en la presencia en las manifestaciones: casi duplicó a las realizadas durante la huelga general anterior hasta llegar (según fuentes sindicales) a millón y medio (en este caso se podía contar con el dato objetivo más fiable del espacio ocupado en las más de 100 manifestaciones realizadas, en un tramo entre uno y dos millones), destacando un cuarto de millón en Madrid y Barcelona y siendo en diversas capitales la más amplia de la década anterior, desde las movilizaciones contra la participación en la guerra de Irak en el año 2003.

Tercero, hay que añadir varios elementos que pueden configurar una nueva dimensión participativa. Uno, mayor participación de capas medias o profesionales, particularmente de la enseñanza y la sanidad, que también veían peligrar sus condiciones laborales y derechos sociales. Dos, mayor presencia juvenil y estudiantil particularmente en las manifestaciones, así como la práctica paralización académica en las universidades. Es un hecho que ya comenzó en el año 2010 pero que entonces se consolida y amplía. Junto a ello, un mayor desarrollo, con una mayor composición juvenil, de múltiples piquetes, grupos informativos y concentraciones locales en muchos pueblos y barrios. También influyó positivamente la participación de activistas del movimiento 15-M, así como la disponibilidad de un amplio sector social participante de forma pacífica en sus movilizaciones o con distintos bloques críticos. 

Cuarto, se expresó una conciencia colectiva mayoritaria sobre el carácter injusto de esta reforma laboral (y los planes de recortes sociales y presupuestarios), su profundo carácter regresivo, y el desequilibrio para las relaciones laborales con refuerzo del poder empresarial. La extrema dureza y agresividad de estas medidas, sus efectos perjudiciales para la mayoría de la sociedad y la falta de credibilidad del Gobierno del PP para la creación de empleo y la protección social, profundizaron la indignación ciudadana y la legitimidad de la resistencia popular contra ellas. Las personas que apoyaron esa movilización lo hicieron más convencidas y de forma más firme. Un elemento asociado a esto es que la realidad de la coacción empresarial en los pequeños centros de trabajo y hacia la gente precaria fue más evidente, así como una mayor conciencia social sobre las dificultades para una opción ‘libre’. Dicho de otro modo, parte de las dificultades para la participación provenían más del miedo a las consecuencias para su empleo o sus trayectorias laborales, que de una valoración sobre la inconveniencia de esta movilización colectiva.

Un paso clave contra la ofensiva regresiva del Gobierno del PP

Quinto, un hecho diferencial es que, aunque esta política es una continuidad de las reformas regresivas aprobadas por el Gobierno socialista desde mayo de 2010, a instancias de la UE, el plan de la derecha tenía un desarrollo y unos efectos acumulativos más graves para las clases trabajadoras y las relaciones laborales. El poder institucional y mediático estaba más dividido. La cúpula del PSOE (y los medios afines) no avalaban esta reforma laboral y ‘comprende’ esta movilización sindical, y aunque su apoyo a la huelga no fue explícito, no apostó abiertamente por su desactivación y su fracaso como el 29-S-2010. Así, una parte de su base social, entonces descontenta contra su gestión impopular, pero sin querer implicarse activamente en su rechazo, entonces se siente más cómoda en su actitud de oposición contra esta reforma laboral y en la conveniencia del éxito de la movilización para frenar al Ejecutivo, entonces del PP. 

Por tanto, al aumento de la participación hay que sumar dos factores nuevos que explican su mayor impacto social. Uno, que, junto con la consolidación de la izquierda social o crítica, con una participación activa en el conflicto social, se configura otro amplio sector social que simpatiza más con este rechazo popular. Antes, en 2010, estaba constreñido por los intereses políticos del aparato socialista que pretendía desactivar la indignación y el rechazo ciudadanos contra aquella reforma laboral regresiva, construir un cortafuegos en torno a esa contestación social y evitar la desafección de izquierdas, objetivos que no alcanzó. Aunque la deslegitimación de fondo se dirigió contra similar política antisocial, la diferencia en ese momento es que la responsabilidad de su gestión es del PP, y el PSOE considera funcional su descrédito para sus intereses electorales. 

Dos, esta movilización popular superó el fuerte aislamiento institucional y mediático, el intento de desprestigio de los sindicatos y la neutralización de la firmeza de esa ciudadanía crítica, objetivos que seguían pretendiendo las derechas (PP-CIU) sin mucho éxito; o dicho de otra manera, ese proceso de movilización social consiguió un mayor reconocimiento y visibilidad en la opinión publicada de distintos medios de comunicación más neutros y, al mismo tiempo, tuvo un mayor reflejo en la sociedad. Además, las derechas no consiguieron tergiversar esta masiva movilización ciudadana y pacífica, ni convertirla en un conflicto de orden público o una imposición de minorías violentas, tal como algunos medios pretendieron.

En resumen, este proceso de huelga general constituyó una prueba de la acción colectiva progresista y la reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía crítica. Al tercio de esa ciudadanía indignada, más implicada activamente en la movilización contra los recortes sociales, se sumó la simpatía y la solidaridad del tercio intermedio, entonces más pasivo y ambivalente. La persistencia y el refuerzo de la resistencia cívica de ese primer bloque social fue determinante para ensanchar la oposición social a esta política regresiva y restarle credibilidad ciudadana. Fue una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un paso sustancial para fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y deslegitimar a sus gestores. Se extendió una mayor comprensión ciudadana hacia los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir esta política socioeconómica y laboral regresiva. 

Pese a las dificultades evidentes para forzar la retirada inmediata de la reforma laboral, se le redujo su legitimidad y credibilidad social, y reforzó las condiciones sociopolíticas para obtener su derogación. Fue un paso clave para frenar la ofensiva liberal y regresiva del nuevo Gobierno del PP, y supuso ya una importante erosión de su plan antisocial. Fue un fuerte impulso social para exigir un giro social de la política socioeconómica y laboral. Necesitaba continuidad y una estrategia progresista de firmeza para consolidar y ampliar los apoyos sociales y generar una dinámica de cambio social profundo hacia una salida de la crisis económica más democrática y equitativa. 

Todo este proceso de indignación popular progresista y activación cívica de esos años (2010/2014) conformó las bases sociopolíticas para el desarrollo del cambio de progreso en el siguiente lustro, tal como explico en el libro “Perspectivas del cambio progresista”. Ahora, con una nueva mayoría parlamentaria progresista, se pone en marcha la implementación del giro social hacia un nuevo modelo de empleo y relaciones laborales.

Hacia el giro sociolaboral