viernes. 26.04.2024
DESDE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MADRID

Piden 12 años de cárcel a dos funcionarios que cobraron por falsificar expedientes para regularizar inmigrantes

Los procesados se habían concertado para conceder solicitudes en el proceso de normalización de ciudadanos extranjeros que habían sido denegadas.

El Ministerio Fiscal ha pedido entre 7 y 12 años de cárcel para un grupo que falsificó expedientes para regularizar a inmigrantes en España en el proceso de regularización extraordinario de ciudadanos extranjeros, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid celebra desde el lunes 4 de junio al jueves 7, a partir de las 10 horas, una vista oral contra Sonia A. V.; Rafael Vicente I.L.; Avelino Héctor F.R.; Cristina G.L.; Haidee Gregoria P.C.; Claudia Patricia S.P. y Álvaro Stalin C.G., por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de cohecho continuado, por los que la Fiscalía solicita para los dos primeros acusados una pena de doce años de prisión e inhabilitación de empleo y cargo público por el mismo tiempo, y para el resto de acusados siete años de cárcel.

Siempre según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, los procesados se habían concertado para conceder solicitudes en el proceso de normalización de ciudadanos extranjeros que habían sido previamente denegadas, sin tener en cuenta la causa de la denegación, o, en su caso, los antecedentes policiales o penales, a cambio de dinero.

En la investigación llevada a cabo se detectaron 156 expedientes fraudulentos en la base de datos de Extranjería, expedientes que habían pasado de inadmitidos o denegados a concedidos, sin los informes preventivos o con los informes policiales, de antecedentes penales, de Hacienda, de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Inspección de Trabajo desfavorables.

Al parecer, los procesados actuaban amparándose en el hecho de que los dos primeros acusados, Sonia y Rafael, eran funcionarios del Servicio de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Madrid, desde donde llevaron a cabo la manipulación informática de la base de datos de extranjeros valiéndose de claves de acceso de funcionarios que ya no estaban en el servicio o de trabajadores contratados temporalmente.

El resto de los acusados ponían en contacto a los ciudadanos extranjeros con los funcionarios, a cambio de importantes cantidades de dinero.

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