nuevatribuna.es
23 de septiembre de 2009, 9:16
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 23.9.2009
El consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha explicado que el Ejecutivo madrileño considera que las competencias en materia de permisos de trabajo deben continuar en el ámbito estatal, según lo recoge el artículo 149.1 de la Constitución española, que señala que "al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de transferencia o delegación".
Puesto que el Estatut de Cataluña se encuentra recurrido por el PP y pendiente de la sentencia que emita el Tribunal Constitucional, el consejero ha opinado que el Gobierno central ha querido "adelantarse" a esta resolución judicial por motivos políticos y de "situación parlamentaria" tanto en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña.
Para el gobierno regional, se ha producido una quiebra de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios con graves consecuencias como el "caos burocrático" y el "desequilibrio" entre las regiones que tendrán competencias en permisos de trabajo y las que no.
A todo ello habría que sumar, según Lasquetty, el "desequilibrio regional", ya que la concesión de los permisos iniciales de trabajo "estarían sujetos a la arbitrariedad de cada comunidad autónoma y, si el extranjero solicitara mudarse a otra región, ésta tendría que asumir los gastos de integración, en asistencia sanitaria, educativa y de prestaciones sociales".
"Si a una persona se le concede permiso de trabajo sólo en Cataluña, al cabo de un año ya no existirían limitaciones geográficas y quedarían habilitados automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional. Si el Gobierno no es capaz de controlar las fronteras de España, mucho menos lo será para controlar dónde acaban trabajando los ciudadanos extranjeros", ha apostillado el consejero. Y ha añadido que, sin querer hacer juicios de intenciones, "es evidente" que si estas comunidades reclaman y asumen estas competencias "es inevitable que existan criterios distintos", entre lo que, según dijo, podría encontrarse el de la lengua, "una cuestión que la Generalitat de Cataluña siempre considera importante en su política inmigratoria".
Lasquetty ha dejado claro que su gobierno no está interesado en asumir esta competencia: "Nosotros, desde la Comunidad de Madrid no queremos ni reclamamos esa competencia, ni ahora ni más adelante, y queremos que siga siendo del Estado". Y ha añadido que "Zapatero ha fracasado completamente en cuanto a que los inmigrantes que lleguen a España lo hagan de manera regular y ordenada. Y lo que denunciamos ahora es que para terminar de estropear las cosas se le dé a algunas comunidades autónomas la potestad para dar por su cuenta los permisos iniciales de trabajo. Creemos que es un paso más en la desmembración del Estado".
El consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha explicado que el Ejecutivo madrileño considera que las competencias en materia de permisos de trabajo deben continuar en el ámbito estatal, según lo recoge el artículo 149.1 de la Constitución española, que señala que "al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de transferencia o delegación".
Puesto que el Estatut de Cataluña se encuentra recurrido por el PP y pendiente de la sentencia que emita el Tribunal Constitucional, el consejero ha opinado que el Gobierno central ha querido "adelantarse" a esta resolución judicial por motivos políticos y de "situación parlamentaria" tanto en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña.
Para el gobierno regional, se ha producido una quiebra de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios con graves consecuencias como el "caos burocrático" y el "desequilibrio" entre las regiones que tendrán competencias en permisos de trabajo y las que no.
A todo ello habría que sumar, según Lasquetty, el "desequilibrio regional", ya que la concesión de los permisos iniciales de trabajo "estarían sujetos a la arbitrariedad de cada comunidad autónoma y, si el extranjero solicitara mudarse a otra región, ésta tendría que asumir los gastos de integración, en asistencia sanitaria, educativa y de prestaciones sociales".
"Si a una persona se le concede permiso de trabajo sólo en Cataluña, al cabo de un año ya no existirían limitaciones geográficas y quedarían habilitados automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional. Si el Gobierno no es capaz de controlar las fronteras de España, mucho menos lo será para controlar dónde acaban trabajando los ciudadanos extranjeros", ha apostillado el consejero. Y ha añadido que, sin querer hacer juicios de intenciones, "es evidente" que si estas comunidades reclaman y asumen estas competencias "es inevitable que existan criterios distintos", entre lo que, según dijo, podría encontrarse el de la lengua, "una cuestión que la Generalitat de Cataluña siempre considera importante en su política inmigratoria".
Lasquetty ha dejado claro que su gobierno no está interesado en asumir esta competencia: "Nosotros, desde la Comunidad de Madrid no queremos ni reclamamos esa competencia, ni ahora ni más adelante, y queremos que siga siendo del Estado". Y ha añadido que "Zapatero ha fracasado completamente en cuanto a que los inmigrantes que lleguen a España lo hagan de manera regular y ordenada. Y lo que denunciamos ahora es que para terminar de estropear las cosas se le dé a algunas comunidades autónomas la potestad para dar por su cuenta los permisos iniciales de trabajo. Creemos que es un paso más en la desmembración del Estado".
