nuevatribuna.es
17 de febrero de 2009, 19:06
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. - 18.02.2009
Tras los trabajos realizados en los últimos meses que han incluido distintas comparecencias, la subcomisión parlamentaria para la reforma del aborto vota este miércoles el dictamen que elevará al Ministerio de Igualdad para que elabore un proyecto de reforma de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo.
El Gobierno defiende una ley de plazos para el aborto libre que oscila entre las 12-14 semanas de embarazo. Sin embargo distintas organizaciones feministas, basándose en recomendaciones hechas por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), reivindican un plazo de 20 semanas.
El Ejecutivo socialista se encuentra así en una difícil coyuntura. Por un lado, un amplio espectro social liderado por la derecha política y mediática y reforzada por la Iglesia católica se opone de plano a reforma alguna. Por otro lado, las organizaciones feministas y de izquierda, e incluso amplios sectores del PSOE, no comulgan con la propuesta “light” del Gobierno.
Las conclusiones de la subcomisión ponen de manifiesto la necesidad de abordar una reforma de la ley del aborto que permita ampliar el plazo general actual acorde con el resto de países de nuestro entorno, es decir Europa.
Hasta el momento, las mujeres que optaban por interrumpir voluntariamente su embarazo se veían sujetas a una serie de condiciones clínicas determinadas por los servicios médicos. El Gobierno pretende aprobar una ley de aborto libre, pero limitada a unos plazos: los tres primeros meses de gestación o los tres meses y medio como máximo.
Los legisladores también recomiendan fijar la normativa para aquellos casos que, no entrando dentro del plazo estipulado por la ley, signifiquen un “grave riesgo para la salud de la madre”, o en los que se detecten “graves anomalías físicas o psíquicas”.
Las recomendaciones se amplían en cuanto a lo que se refiere a la objeción de conciencia, que “en ningún caso �dice- podrá ser invocada por los centros sanitarios”. También se defiende “el derecho a la intimidad y confidencialidad de las mujeres”; y que el Estado “facilite apoyo institucional del Estado a los profesionales que intervienen en la práctica” del aborto.
El Congreso también subraya la necesidad de que se corrijan las “desigualdades” en el acceso a esta práctica por parte de las distintas comunidades autónomas, y apela a la “obligación de los poderes públicos de asegurar la prestación, bien en centros públicos como en concertados”.
Tras los trabajos realizados en los últimos meses que han incluido distintas comparecencias, la subcomisión parlamentaria para la reforma del aborto vota este miércoles el dictamen que elevará al Ministerio de Igualdad para que elabore un proyecto de reforma de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo.
El Gobierno defiende una ley de plazos para el aborto libre que oscila entre las 12-14 semanas de embarazo. Sin embargo distintas organizaciones feministas, basándose en recomendaciones hechas por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), reivindican un plazo de 20 semanas.
El Ejecutivo socialista se encuentra así en una difícil coyuntura. Por un lado, un amplio espectro social liderado por la derecha política y mediática y reforzada por la Iglesia católica se opone de plano a reforma alguna. Por otro lado, las organizaciones feministas y de izquierda, e incluso amplios sectores del PSOE, no comulgan con la propuesta “light” del Gobierno.
Las conclusiones de la subcomisión ponen de manifiesto la necesidad de abordar una reforma de la ley del aborto que permita ampliar el plazo general actual acorde con el resto de países de nuestro entorno, es decir Europa.
Hasta el momento, las mujeres que optaban por interrumpir voluntariamente su embarazo se veían sujetas a una serie de condiciones clínicas determinadas por los servicios médicos. El Gobierno pretende aprobar una ley de aborto libre, pero limitada a unos plazos: los tres primeros meses de gestación o los tres meses y medio como máximo.
Los legisladores también recomiendan fijar la normativa para aquellos casos que, no entrando dentro del plazo estipulado por la ley, signifiquen un “grave riesgo para la salud de la madre”, o en los que se detecten “graves anomalías físicas o psíquicas”.
Las recomendaciones se amplían en cuanto a lo que se refiere a la objeción de conciencia, que “en ningún caso �dice- podrá ser invocada por los centros sanitarios”. También se defiende “el derecho a la intimidad y confidencialidad de las mujeres”; y que el Estado “facilite apoyo institucional del Estado a los profesionales que intervienen en la práctica” del aborto.
El Congreso también subraya la necesidad de que se corrijan las “desigualdades” en el acceso a esta práctica por parte de las distintas comunidades autónomas, y apela a la “obligación de los poderes públicos de asegurar la prestación, bien en centros públicos como en concertados”.
