nuevatribuna.es
22 de junio de 2010, 15:44
NUEVATRIBUNA.ES - 22.6.2010
"Las dificultades económicas de esta universidad se vienen dando desde finales de 2008, que es cuando se producen los recortes en inversiones que afectaron a su vez a los gastos corrientes. La congelación de los gastos corrientes en 2009 y 2010, cuando ha habido que subir los sueldos al personal como consecuencia de disposiciones legales, así como la deuda que tiene contraída la CM debido al incremento de las pagas extraordinarias, que ha habido que aplicar también por disposiciones legales, es lo que está causando problemas reales desde entonces. Como se sabe, la Comunidad ha aplicado recortes en los dos contratos programas, el de gastos corrientes y el de inversiones, que los seis rectores de las universidades públicas madrileñas tienen firmados con la presidenta de la CM, y que tienen vigencia durante cuatro y cinco años, respectivamente. Por lo tanto, al margen de otras consideraciones, es evidente que se ha producido un incumplimiento de la CM en relación con los compromisos firmados".
Esta es una de las respuestas que se dan a través de un comunicado a las acusaciones contra la administración de los recursos económicos por parte del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid que lanzó la consejera de Educación de la Comunidad, Lucía Figar, el pasado 17 de junio en la Asamblea.
Unos días antes, el rector, Carlos Berzosa, había presentado en la reunión de su Consejo de Gobierno un Plan de Reequilibrio Presupuestario con medidas encaminadas a ahorrar al centro educativo unos 40 millones de euros y entre las que se contaba el aplazamiento del pago del IRPF del mes de abril, que había negociado con Hacienda, para "dotar de liquidez al sistema".
Una semana después, Figar achacaba en sede parlamentaria la "mala situación económica actual" de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a que en el periodo 2003-2008, la institución desvió un total de 192 millones de euros en gastos de personal no autorizados.
Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, Figar explicó que cada año, la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid fija el gasto de personal para cada una de las universidades públicas, no sólo "para garantizar el equilibrio presupuestario de las cuentas regionales" sino para que los centros puedan "garantizar la calidad de la docencia". Así, desglosó las cantidades por ejercicios y explicó que en el año 2003 (primero de la legislatura de la presidenta, Esperanza Aguirre y del rector, Carlos Berzosa), para la Complutense se fijó un coste de personal autorizado de 283 millones de euros y el gasto de personal liquidado fue de 301 millones de euros, es decir, 18 millones de euros de liquidación.
En el año 2004, la Comunidad autorizó 301 millones de euros, y el liquidado fue de 314 millones de euros (13 millones de euros de desviación); en el 2005, 323 millones autorizados frente a 333 millones, casi 10 millones más; en el 2006, 333 millones de euros autorizados frente a los 367, es decir, una desviación de 34 millones; en el 2007, 340 y se incurrieron 390, con una desviación de 50 millones; y en el 2008, 346 millones autorizados y se entró en un gasto de 413 millones, es decir, una desviación de casi 66 millones de euros.
"Globalmente, los organismos rectores de la Universidad Complutense se han desviado en 192 millones de euros de gastos de personal no autorizados en este periodo y, sin duda, es la causa de la mala situación económica actual", consideró la consejera madrileña, aunque reconoció que el Plan de reequilibrio aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad es positivo y un paso "en la dirección correcta, necesario y urgente".
Figar destacó que la situación de la Universidad Complutense "no es buena", y que así lo ha dicho el propio rector, "que ha reconocido que tiene varios agujeros hasta el importe de 150 millones de euros", pero "sin duda se debe exclusivamente a la deficiencia del actual rector que ha perdido desde 2003 a 2008 cerca de 17.000 estudiantes y, sin embargo, ha incrementado el profesorado en un seis por ciento y el PAS en un nueve por ciento".
Según la UCM, no se explica de dónde ha sacado sus datos el Gobierno regional. Añade que la Universidad Complutense ha presentado hasta el año 2008 un "equilibrio presupuestario", tanto en sus ingresos como en gastos, y que los problemas llegaron cuando la Comunidad de Madrid empezó a recortar las partidas de inversiones y de financiación que, aun pactadas, no entregó completas. En concreto, la Universidad tiene reclamados judicialmente a la Comunidad de Madrid un total de 118,5 millones de euros (derivados de inversiones, financiación y un convenio de Selectividad). Una cantidad que se debe desde el año 2008 y que están a la espera de que los tribunales se pronuncien.
Desde la Universidad recuerdan que la situación financiera que atraviesa actualmente la universidad "desgraciadamente" no es "única, ni exclusiva ni particular" de esta institución porque afecta "al conjunto de las administraciones", incluida la autonómica y la local madrileña. Y se señala que "es intención de este Rectorado no alimentar conflictos con la Comunidad de Madrid, institución de la que solicita diálogo, negociación y apoyo, máxime en unos momentos complicados para la realización de los fines que tiene encomendados la universidad".
"Las dificultades económicas de esta universidad se vienen dando desde finales de 2008, que es cuando se producen los recortes en inversiones que afectaron a su vez a los gastos corrientes. La congelación de los gastos corrientes en 2009 y 2010, cuando ha habido que subir los sueldos al personal como consecuencia de disposiciones legales, así como la deuda que tiene contraída la CM debido al incremento de las pagas extraordinarias, que ha habido que aplicar también por disposiciones legales, es lo que está causando problemas reales desde entonces. Como se sabe, la Comunidad ha aplicado recortes en los dos contratos programas, el de gastos corrientes y el de inversiones, que los seis rectores de las universidades públicas madrileñas tienen firmados con la presidenta de la CM, y que tienen vigencia durante cuatro y cinco años, respectivamente. Por lo tanto, al margen de otras consideraciones, es evidente que se ha producido un incumplimiento de la CM en relación con los compromisos firmados".
Esta es una de las respuestas que se dan a través de un comunicado a las acusaciones contra la administración de los recursos económicos por parte del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid que lanzó la consejera de Educación de la Comunidad, Lucía Figar, el pasado 17 de junio en la Asamblea.
Unos días antes, el rector, Carlos Berzosa, había presentado en la reunión de su Consejo de Gobierno un Plan de Reequilibrio Presupuestario con medidas encaminadas a ahorrar al centro educativo unos 40 millones de euros y entre las que se contaba el aplazamiento del pago del IRPF del mes de abril, que había negociado con Hacienda, para "dotar de liquidez al sistema".
Una semana después, Figar achacaba en sede parlamentaria la "mala situación económica actual" de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a que en el periodo 2003-2008, la institución desvió un total de 192 millones de euros en gastos de personal no autorizados.
Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, Figar explicó que cada año, la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid fija el gasto de personal para cada una de las universidades públicas, no sólo "para garantizar el equilibrio presupuestario de las cuentas regionales" sino para que los centros puedan "garantizar la calidad de la docencia". Así, desglosó las cantidades por ejercicios y explicó que en el año 2003 (primero de la legislatura de la presidenta, Esperanza Aguirre y del rector, Carlos Berzosa), para la Complutense se fijó un coste de personal autorizado de 283 millones de euros y el gasto de personal liquidado fue de 301 millones de euros, es decir, 18 millones de euros de liquidación.
En el año 2004, la Comunidad autorizó 301 millones de euros, y el liquidado fue de 314 millones de euros (13 millones de euros de desviación); en el 2005, 323 millones autorizados frente a 333 millones, casi 10 millones más; en el 2006, 333 millones de euros autorizados frente a los 367, es decir, una desviación de 34 millones; en el 2007, 340 y se incurrieron 390, con una desviación de 50 millones; y en el 2008, 346 millones autorizados y se entró en un gasto de 413 millones, es decir, una desviación de casi 66 millones de euros.
"Globalmente, los organismos rectores de la Universidad Complutense se han desviado en 192 millones de euros de gastos de personal no autorizados en este periodo y, sin duda, es la causa de la mala situación económica actual", consideró la consejera madrileña, aunque reconoció que el Plan de reequilibrio aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad es positivo y un paso "en la dirección correcta, necesario y urgente".
Figar destacó que la situación de la Universidad Complutense "no es buena", y que así lo ha dicho el propio rector, "que ha reconocido que tiene varios agujeros hasta el importe de 150 millones de euros", pero "sin duda se debe exclusivamente a la deficiencia del actual rector que ha perdido desde 2003 a 2008 cerca de 17.000 estudiantes y, sin embargo, ha incrementado el profesorado en un seis por ciento y el PAS en un nueve por ciento".
Según la UCM, no se explica de dónde ha sacado sus datos el Gobierno regional. Añade que la Universidad Complutense ha presentado hasta el año 2008 un "equilibrio presupuestario", tanto en sus ingresos como en gastos, y que los problemas llegaron cuando la Comunidad de Madrid empezó a recortar las partidas de inversiones y de financiación que, aun pactadas, no entregó completas. En concreto, la Universidad tiene reclamados judicialmente a la Comunidad de Madrid un total de 118,5 millones de euros (derivados de inversiones, financiación y un convenio de Selectividad). Una cantidad que se debe desde el año 2008 y que están a la espera de que los tribunales se pronuncien.
Desde la Universidad recuerdan que la situación financiera que atraviesa actualmente la universidad "desgraciadamente" no es "única, ni exclusiva ni particular" de esta institución porque afecta "al conjunto de las administraciones", incluida la autonómica y la local madrileña. Y se señala que "es intención de este Rectorado no alimentar conflictos con la Comunidad de Madrid, institución de la que solicita diálogo, negociación y apoyo, máxime en unos momentos complicados para la realización de los fines que tiene encomendados la universidad".
