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viernes. 01.07.2022

Fracasa en Torrejón la doctrina Aguirre sobre empadronamiento

El ayuntamiento, gobernado por el PP, no pondrá límites para el empadronamiento de los inmigrantes ‘sin papeles’ después del pronunciamiento hecho por Rajoy.
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"La Comunidad de Madrid ha mentido"
A juicio de Tomás Gómez, se demuestra que "el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no actuaba de acuerdo a la ley" y que "ha mentido la Comunidad de Madrid cuando ha insistido durante la semana pasada en que el municipio empadronaba de acuerdo a los criterios establecidos en las leyes".
NUEVATRIBUNA.ES 25.01.2010

La localidad madrileña de Torrejón de Ardoz ha decidido seguir los pasos de Vic, en Cataluña, y no poner límites para el empadronamiento de los inmigrantes irregulares lo que ha impedido que accedan a servicios básicos como la educación y la sanidad. La decisión la anunció este lunes el alcalde popular Pedro Rollán.

Hasta hoy, este consistorio había hecho caso omiso al dictamen de la Abogacía del Estado declarando ilegales estas prácticas. Además, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, abrió una investigación. Torrejón había puesto como condiciones para el empadronamiento que los inmigrantes dispusieran de al menos 20 metros cuadros de vivienda y que no tuvieran pasaporte con visado de turista.

La normativa fue respaldada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero se topó con las críticas de otros dirigentes de su partido como Alberto Ruiz-Gallardón. El líder del PP, Mariano Rajoy, también se pronunció la semana pasada defendiendo el cumplimiento de la ley en base a una normativa que el Gobierno de José María Aznar aprobó en 1997.

En rueda de prensa, Rollán aseguró que “acatan” el informe de la Abogacía del Estado aunque “no la comparten”, precisó.

En rueda de prensa, Rollán ha especificado que se elimina el requisito de que para ser empadronado en Torrejón todo extranjero debe contar con un visado que no sea de turista, al tiempo que desaparece la limitación de que todo vecino cuente con al menos 20m2 en la vivienda, cuando no haya grado de parentesco. "Desde el Ayuntamiento se acata el informe de la Abogacía del Estado pero sí queremos dejar claro que Torrejón de Ardoz no es un municipio xenófobo", ha indicado el alcalde, que ha dejado claro que "el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aunque no lo comparte, acata el dictamen del Gobierno de España de empadronar a todos los inmigrantes al margen del número de personas que puedan estar hacinadas en una vivienda".

El comunicado dado a conocer por el alcalde señala además que seguirá trabajando para evitar los hacinamientos y los 'pisos patera' en la ciudad, pero exige que se respete la normalidad y la convivencia en la ciudad sin dañar su imagen.

El Consistorio subraya que en sólo 7 años la inmigración se desbordó en Torrejón de Ardoz subiendo hasta el 20% de su población. Así, del año 2000 al 2007 creció del 3 al 20% pasando de tener 3.273 inmigrantes en el año 2000 a 23.528 en junio de 2007, alcanzando el tope de 26.037 en septiembre de 2008. Con ello, apunta que Torrejón se convirtió en la ciudad de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid con el mayor porcentaje de inmigrantes creándose situaciones de hacinamiento al vivir más de 20 personas en condiciones infrahumanas en pequeños pisos, dándose el fenómeno de "pisos pateras" y "camas calientes" , lo que generó problemas de convivencia en las comunidades. Sin embargo, continúa, "Torrejón de Ardoz nunca ha sido racista y xenófobo. Todo lo contrario. Es una ciudad que siempre ha demostrado su solidaridad acogiendo e integrando a los extranjeros", señala el Ayuntamiento, al tiempo que destaca que es pionero en políticas de integración de la inmigración.

Asimismo, destaca que desde hace 16 meses, a petición de muchas asociaciones y comunidades de vecinos, aplicaba unas normas de empadronamiento para garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad en el domicilio y evitar los hacinamientos limitando el número de personas sin parentesco por vivienda en relación con su superficie basada en el Código Técnico de la Edificación desarrollado por el Real Decreto 314/2006. "Y, sobre todo, para proteger a los menores evitando cualquier situación de indefensión al impedir los hacinamientos", plantea, y sigue defendiendo que estas normas no impiden que los inmigrantes tengan garantizados los derechos básicos de sanidad y educación como se desprende de numerosas sentencias judiciales en firme.

No obstante, el equipo de Pedro Rollán insta al Gobierno de España a que modifique las leyes para regular estas situaciones de hacinamiento y aumente las ayudas económicas a los Ayuntamientos para integrar a los inmigrantes. Asimismo, reclama al gobierno que se pronuncie si se debe empadronar a los extranjeros que están en España como turistas "como no se hace en la mayoría de los países" y a que aumente la ayuda económica a los municipios para la integración de los inmigrantes, principalmente a los que tienen un mayor porcentaje de ellos.

También solicita que se aclare la contradicción de que aprobó una Ley de Extranjería que obliga a expulsar a los inmigrantes "sin papeles, pero al mismo tiempo pide a los Ayuntamientos que los inscriba en el padrón". "Si el Estado no da legalidad a esos inmigrantes, condenándoles a la marginalidad e impidiéndoles incorporarse al mercado de trabajo ¿por qué nos obliga a los Ayuntamientos a empadronarlos?", indicó.

Por último, exige a todos aquellos que intentan "alterar la tranquilidad de la ciudad con movilizaciones, recogida de firmas, o avivando las redes sociales" que desistan de encender fuegos y generar enfrentamientos que a nadie benefician y de los que sólo ellos serán responsables.

EL PP INSISTE CON LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Por otro lado, el PP nacional acordó en una reunión este lunes con los alcaldes del partido una declaración conjunta sobre inmigración que incluye la reforma de la Ley de Extranjería recientemente modificada por el Parlamento. Con propuestas que ya llevó en el programa electoral de 2008, el principal partido de la oposición pretende que siga vivo un debate que puede aportarle réditos electorales. Si no, no se explica cómo el PP formula ahora propuestas que ya han quedado zanjadas en la Unión Europea tras la aprobación de la que se conoció como ‘directiva de la vergüenza’ y que impide entre otras cosas la regularización masiva de inmigrantes y refuerza el control en las fronteras.

El PP retoma su propuesta para un ‘contrato de integración’ de los inmigrantes y aboga por nuevos mecanismos, al margen del padrón, para garantizar los derechos de los extranjeros en situación irregular. Según dijo este lunes la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la actual normativa es “contradictoria” ya que el empadronamiento garantiza de facto el derecho a la sanidad y a la educación mientras la ley exige que se expulse a todos los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla.

Por ello, el PP cree que la gestión ordenada de la inmigración en España debe ser una responsabilidad “exclusiva” del Gobierno central y no competencia de los ayuntamientos después de las polémicas surgidas en Torrejón y Vic. "El Gobierno debe dejar claro en una ley cómo regular la situación de los extranjeros en España y cómo hay que actuar", dijo en este sentido la número dos del partido.

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