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viernes. 03.02.2023
Solosiessi

A estas alturas doy por sabido que una cosa es la Justicia y otra la Legalidad. Y otra bien distinta los Jueces. Y que el resultado de la combinación de leyes y jueces, a veces dista de la aspiración ética a la Justicia de la sociedad. Hasta podría discutirse si la Justicia no es otra cosa que una entelequia. Las leyes deberían ser la plasmación concreta de la concepción social de la Justicia, que debe ser interpretada y aplicada por los jueces. Pero el sistema tiene fugas masivas. Del tamaño del trasvase Tajo-Segura.

Con frecuencia, las leyes responden al interés de grupos de presión poco representativos en términos sociales. Y los jueces aplican las leyes con el sesgo que les imprime su extracción social y una organización de la Administración judicial plagada de seguros y contraseguros que hacen que, aunque, en virtud de la independencia judicial limitada, esos grupos de presión puedan sufrir resoluciones poco apetecibles, eso sea revisable una y otra vez por Tribunales cada vez más proclives a ser comprensivos con sus intereses. En ello influye, el sistema de grados e instancias, el sistema de recursos, el sistema de acceso y promoción de los jueces, la formación de los mismos, el control del Tribunal Supremo y sus Salas, por la puerta de delante o por la puerta de detrás, y de los órganos de gobierno del CGPJ, el gran muñidor, etc.

De este modo, y por excepción son posibles leyes como las del sí es sí o la de memoria histórica, en medio de batallas parlamentarias cruentas. Pero eso no quiere decir nada. Aprobada una Ley debería ser cumplida y aplicada en sus propios términos y de acuerdo con su espíritu y finalidad. Pero no se hagan ilusiones, esas iniciativas legislativas de hecho son susceptibles de ser saboteadas por los otros poderes.

Con frecuencia, las leyes responden al interés de grupos de presión poco representativos en términos sociales. Y los jueces aplican las leyes con el sesgo que les imprime su extracción social

Ahí tienen como el poder ejecutivo, con Mariano Rajoy al frente, se permitió “suspender” mientras fue Presidente del Gobierno la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, cosa que democráticamente corresponde al legislativo, como su aprobación o derogación, dejándola durante todo su mandato sin dotación presupuestaria. Como reconoció pública y desvergonzadamente, presupuesto cero, “cero euros”. Realmente delictivo o cuando menos antidemocrático. Hasta ahí llegaba la inteligencia de este sujeto. O cómo desde instancias administrativas integradas en el poder ejecutivo, determinadas Comisarías de Policía o Gobiernos autonómicos, por ejemplo, se boicotea la represión de la violencia de género o la protección de las víctimas, sobre lo que ya he escrito.

Y lo mismo puede decirse del poder judicial, que actúa como última instancia. Ante los Juzgados y Tribunales se reclaman derechos que pueden resultar estériles o se impugnan decisiones administrativas o privadas vulneradoras de derechos, que pueden resultar confirmadas.

Hace mucho tiempo que la mayoría conservadora judicial está controlada por sujetos permanentemente excitados, radicalizados… y ni siquiera se subordina a PP y VOX.

Pero en nuestro país los jueces, globalmente considerados, han roto cualquier molde. No sé si en otros países se puede hablar de jueces conservadores más allá del compromiso ético individual de algunos sujetos. En nuestro país no lo creo porque, desgraciadamente, el fascismo está inmanente, “presente”… No sé si allí, pero aquí los conservadores son los fascistas en estado de reposo y los fascistas, conservadores en estado de excitación. Y en eso consiste el juego de Vox que estamos presenciando últimamente. Radicalizar mediante la violencia el discurso y atraer a la masa conservadora, hacer pasar a ésta del reposo a la excitación. Salvar su culo electoral, incitando a la violencia. Es la misma provocación que practicó en la República hasta su asesinato el fascista de Calvo Sotelo. Es de esperar que nadie caiga en la provocación de responder con violencia porque, hasta ese momento el valor de este sujeto y su irrelevante partido, Renovación Española, era inferior al de las balas que lo mataron.

Hace mucho tiempo que la mayoría conservadora judicial está controlada por sujetos permanentemente excitados, radicalizados…y ni siquiera se subordina a PP y VOX. La Asociación Profesional de la Magistratura se considera por encima incluso de los partidos políticos y condiciona las políticas de estos. Y lo demuestra, la renovación del CGPJ y cómo el calzonazos de Núñez Feijóo tuvo que envainársela y plegar velas ante unos desconocidos vocales del CGPJ designados por ese Sindicato judicial fascista aferrados a una estrategia golpista cuestionadora del propio sistema democrático. Son los chicos de Don Ramón, “el Butanero”, un individuo que debió ser expulsado de la Judicatura por realizar funciones incompatibles con la función judicial, al que Belloch “indultó” y que acabó convirtiéndose en “alguien”, merced a su control de ese tinglado.

Los jueces de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid se reúnen en asamblea, discuten, votan, y acuerdan reducir penas. Es difícil imaginar una maniobra más torpe y más trasparente del sesgo político de tales jueces

Ahora estalla el conflicto de la Ley del sí es sí. Y ya PP y Vox se han lanzado al cuello del Gobierno de coalición, del sanchismo y de Irene Montero y todo lo que no se subordina a sus intereses. No sé si es normal o no. Pero cabía esperarlo. Lo que no se sabe es qué pintan en todo esto los jueces coaligados con PP y Vox. Su función no es otra que cumplir las leyes. Pues eso. Si hay que reducir penas se reducen y si no hay que reducirlas, no se reducen. Lo que no cabe en caso alguno, constitucionalmente, es incrementarlas. Pues a ello. El trabajo es complejo. Hay que estudiar la Sentencia condenatoria en virtud de la anterior legislación y hay que encuadrar el supuesto en la nueva normativa. Y caso por caso. Y si sale con barba, San José y si no, la Purísima Concepción…Lo que no cabe es que los jueces, como tales, se sumen al debate político y asuman posiciones políticas en contra de la Ley y el Gobierno. En Europa sería impensable.

Y en este contexto, los jueces de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid se reúnen en asamblea, discuten, votan, y acuerdan reducir penas. Así mismo, a capón. Es difícil imaginar una maniobra más torpe y más trasparente del sesgo político de tales jueces. Sin perjuicio de que haya quien haya sido arrastrado a esta jugada por ignorancia o ingenuidad política. Y todos sabemos quiénes son los manejantes. La cúpula de ese Sindicato/Partido/reducto de falangistas, opusdeístas, nacional-católicos, corporativos y trepas, que se esconde tras la apariencia de una Asociación judicial.

Es una suerte de pronunciamiento. Una manera de juramentarse contra el Gobierno y de hacerle saber que están enfrente dispuestos a incumplir su función y a asumir funciones que no les corresponden

Indudablemente y ante una problemática que puede generar diferentes interpretaciones, es razonable y conveniente que los jueces afectados debatan y discutan las interpretaciones posibles y sus pros y sus contras. Pero ese es un debate en el que no es posible votar o acordar. Es hasta imposible hacerlo, porque las decisiones judiciales en cualquier caso son siempre casuísticas, tienen que tener en cuenta las circunstancias concretas concurrentes. El caso. El asunto. Solo es posible pronunciarse, votar y acordar sobre lo concreto. Y por eso el cauce judicial de decisión es la deliberación del Tribunal concreto (la Sección de la Audiencia que conoce del caso).

Y si se quiere la unificación de criterios de las distintas Secciones del mismo Tribunal colegiado cabe la convocatoria de todas ellas en Sala General y ese es el lugar para debatir y votar. E incluso poder formular voto particular discrepante con el de la mayoría. Pero este funcionamiento asambleario, e informal en que se debate en abstracto y se vota y acuerda en general, sin referencias a un asunto en particular, es ajeno al funcionamiento judicial. Es una suerte de pronunciamiento. Una manera de juramentarse contra el Gobierno y de hacerle saber que están enfrente dispuestos a incumplir su función y a asumir funciones que no les corresponden. En las más sencillas palabras: una forma de golpismo.

El no al “sí es sí” de los jueces